Javier “Chuky” Casanova, sospechado de tener vínculos con el narcotráfico y procesado por haber protagonizado un tiroteo en una fiesta electrónica en Tafí Viejo, estuvo varias horas con paradero desconocido, a pesar de que debía permanecer en un calabozo del penal de Benjamín Paz. Un error generó alarma entre las autoridades y derivó en una investigación sobre el desempeño del personal del Servicio Penitenciario en este caso.

Cabe señalar que merced a un cambio de estrategia de la defensa dìas antes habría obtenido la prisión domiciliar «El Petiso David» Walter Lobo, quien fue trasladado por la misma causa al Penal de Benjamín Paz en medio de un importante operativo de seguridad. La detención se produjo luego de encontrársele  en su domicilio ubicado en Yerba Buena,  cinco envoltorios con marihuana que en total sumaban más de 5 kilos, además de un revólver calibre 38 con 12 cartuchos.

El 21 de septiembre se produjo un feroz enfrentamiento entre el grupo que lidera “Chuky” y el de Facundo Ale, hijo de Ángel “El Mono” Ale. En un primer momento se pensó que la balacera podía haberse originado en una interna por el poder de la barra brava de San Martín. Sin embargo, con el correr de los días surgieron indicios de que el hecho podría estar relacionado con una disputa territorial vinculada al narcotráfico.

El fiscal Miguel Fernández, tras realizar las primeras averiguaciones, consiguió que un juez autorizara varios allanamientos. En una de las viviendas donde residía “Chuky”, los policías hallaron unas 100 dosis de droga y una pistola que podría haber sido utilizada en el enfrentamiento.

Por esa razón, Casanova afrontó dos procesos. Fernández lo acusó por el tiroteo y logró que se le dictara prisión preventiva por tres meses. Paralelamente, enfrentó otra acusación por la droga encontrada durante el procedimiento. El fiscal José Sanjuán lo imputó por tenencia simple de estupefacientes y también se le impuso una medida cautelar.

Al vencer la preventiva que se le había dictado en el expediente por narcomenudeo, el fiscal Sanjuán intentó que se prorrogara. Facundo Herrera, defensor del acusado, aprovechó la oportunidad para presentar nuevas evidencias sobre supuestas irregularidades cometidas durante el procedimiento.

El juez Guillermo Taylor, al considerar válidos los planteos del defensor, decidió morigerar la medida dispuesta contra Casanova. Por ello, resolvió que continuara cumpliendo la preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario. Sin embargo, aclaró que su decisión sólo podría hacerse efectiva si no existía otro impedimento que le impidiera abandonar el penal de Benjamín Paz.

A partir de ese momento comenzaron a registrarse una serie de irregularidades, por las cuales el fiscal Fernández decidió abrir una investigación para esclarecer lo ocurrido. Entre ellas:

– Aunque Casanova no debía abandonar la cárcel porque seguía vigente la prisión preventiva dictada por el tiroteo, cerca de la 1 de la madrugada personal del Servicio Penitenciario lo trasladó hasta su domicilio en el barrio Oeste II.

– Tal como lo había dispuesto el juez Taylor, Casanova llegó a su casa con la pulsera electrónica que se le había impuesto como condición para dejar Benjamín Paz. Sin embargo, el fiscal Fernández descubrió que, horas antes, un informe oficial había establecido que la medida no podía cumplirse porque no contaban con ese dispositivo. Aun así, seis horas después, el procesado ya tenía colocado el aparato de seguimiento, cuando -según confiaron fuentes judiciales- hay otros detenidos que deben esperar semanas para obtener uno.

– A las seis de la mañana se detectó que Casanova habría abandonado el domicilio donde debía cumplir el arresto domiciliario. Los encargados del monitoreo informaron la situación recién a las 7.30, es decir, una hora y media después.

Cuando se preparaba un operativo para localizarlo, Casanova se entregó a las autoridades y aseguró que nunca se había ausentado de su casa. Ante todos estos indicios, Fernández resolvió investigar la actuación del personal del Servicio Penitenciario. Desde el área de Seguridad informaron que ya se había iniciado una investigación administrativa.