Caso de la nena abusada: se reúnen miembros de los tres Poderes en la Legislatura

Jueces, fiscales, funcionarios del Gobierno y legisladores abordarán a partir de las 11 el tratamiento del caso de la niña víctima de una violación que había solicitado la interrupción del embarazo y que fue sometida a una cesárea durante el 27 de febrero.

La reunión tendrá lugar en la Legislatura por pedido de las comisiones de Protección de los Derechos de la Mujer y de Derechos Humanos. Previamente, esos comités habían solicitado informes al Ministerio Público Fiscal a cargo de Edmundo Jiménez; a la ministra de Salud, Rossana Chahla, y al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Posse.

Legisladores de ambas comisiones habían precisado la necesidad de saber qué aconteció realmente. El procedimiento aplicado a la niña repercutió hasta en el extranjero y dio lugar a denuncias penales. En particular, la diputada nacional Teresita Villavicencio acusó a la fiscala Adriana Giannoni de atemorizar a los médicos a cargo de la víctima mediante la apertura de actuaciones por un posible homicidio. José Gijena y Cecilia Ousset, los facultativos que intervinieron en la cesárea, divulgaron que los equipos del Hospital del Este se retiraron del quirófano esgrimiendo objeciones de conciencia.

“Hubo desesperación y amedrentamiento cuando el Estado intentaba cumplir su deber”, evaluó Adolfo Rubinstein, secretario de Salud de la Nación.

DENUNCIA PENAL

ONG PIDEN LA INVESTIGACIÓN DE MÉDICOS Y AUTORIDADES

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) Mujeres x Mujeres, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH, regional Tucumán) y Católicas por el Derecho a Decidir solicitaron la apertura de una investigación contra los médicos y autoridades del Sistema Provincial de Salud involucrados en el caso de la niña abusada que había peticionado la interrupción legal del embarazo prevista en el Código Penal y el fallo “FAL”(2012) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La denuncia apuntó contra el desempeño de Rossana Chahla, ministra de Salud; de Gustavo Vigliocco, secretario médico ejecutivo del Sistema Provincial de Salud (Siprosa); de Elizabeth Ávila, directora del Hospital Eva Perón (del Este) y de Tatiana Obeid Pedemonte, jefa del Servicio de Ginecología. La presentación ingresó en la Fiscalía de Delitos Complejos N°2 de esta ciudad.

Este pedido de investigación indica que el Estado desoyó la voluntad de la víctima y prolongó indebidamente el embarazo hasta la cesárea (esa cirugía permitió extraer a una neonata de alrededor de 600 gramos, cuyas perspectivas de vida son escasas). Las ONG denunciantes consideraron que los funcionarios provinciales del área de Salud y los médicos que trataron a la paciente habrían incumplido sus deberes al retardar y omitir los actos inherentes a la detención de la gestación.

Fuente La Gaceta