Cuatro efectivos policiales que fueron apartados de la fuerza serán llevados a juicio oral acusados de haber secuestrado y extorsionado a un joven vinculado presuntamente a la venta de marihuana en Tucumán. La investigación sostiene que los imputados privaron ilegalmente de la libertad a la víctima, la golpearon y exigieron dinero a su familia para liberarla.
El hecho, según la acusación fiscal, ocurrió el 23 de febrero de 2024, cuando los agentes Ángel Sebastián Gómez, Sergio Daniel Díaz y Franco Javier Jiménez, junto al civil Facundo Nahuel Amaya —quien tendrá un proceso separado tras haber permanecido prófugo durante varios meses— actuaron presuntamente bajo las órdenes del comisario Gustavo Ezequiel Morales.
De acuerdo con la reconstrucción judicial, el grupo se presentó en un barrio privado ubicado sobre avenida Silvano Bores al 300 y se llevó por la fuerza a L.G., un joven señalado como presunto vendedor de marihuana.
La víctima fue obligada a subir a un Renault Megane perteneciente al policía Díaz y trasladada hasta la oficina de la Jefatura de Zona III, ubicada en el sur de la capital tucumana.
Durante el trayecto, según consta en el expediente, el joven recibió golpes en distintas partes del cuerpo. Las agresiones habrían continuado una vez dentro de la dependencia policial.
La investigación sostiene además que Amaya se dirigió posteriormente al barrio donde residía el secuestrado y consiguió que un familiar le facilitara un número telefónico para iniciar negociaciones por la liberación.
Según la acusación, los imputados se comunicaron con la madre de la víctima, identificada como S.F.O., y le exigieron dinero para dejar en libertad a su hijo.
Los acusados habrían advertido que contaban con supuestas pruebas para vincular al joven con delitos relacionados con el narcotráfico y le insinuaron a la mujer que, si pagaba, el muchacho sería liberado y no volvería a tener problemas judiciales.
La madre finalmente entregó $ 240.000 a los imputados.
Tras la denuncia de las víctimas, el fiscal federal Agustín Chit inició una investigación que reunió una serie de pruebas consideradas clave para reconstruir el caso.
Entre los elementos incorporados al expediente, el fiscal sostuvo que los policías habrían pactado previamente a través de Telegram una supuesta compra de marihuana y que, cuando acudieron al encuentro, concretaron el secuestro del joven.
La pesquisa también determinó que los efectivos se presentaron en el domicilio de la víctima sin orden judicial y que no existía ninguna causa abierta en su contra.
Uno de los testimonios considerados centrales fue el del guardia de la dependencia policial, quien confirmó que los acusados estuvieron esa noche con el joven dentro de la base.
El empleado policial aclaró además que la Jefatura de Zona III no estaba habilitada para alojar detenidos, por lo que resultaba imposible justificar legalmente la presencia del muchacho en el lugar.
Según su declaración, los imputados Díaz y Gómez ya habían llevado anteriormente a otras personas a esa dependencia bajo el argumento de realizar tareas de “identificación”.
La investigación también reveló que nunca se registró oficialmente el ingreso del secuestrado en los libros de la dependencia.
Al analizar los teléfonos celulares de los acusados, el fiscal descubrió además la existencia de un grupo de WhatsApp creado el mismo día del hecho.
De acuerdo con la acusación, en esos mensajes Díaz y Gómez hablaban de realizar “un trabajo de merca” y mencionaban la incorporación de Jiménez al operativo.
En otros intercambios, los implicados presuntamente reclamaban “apurar a la vieja” para que pagara el rescate exigido.
Para el fiscal, uno de los datos más comprometedores surgió de mensajes en los que los acusados habrían pedido autorización al comisario Morales para trasladar al joven hasta la dependencia policial que él dirigía.
Durante el proceso, Díaz, Gómez y Jiménez rechazaron las acusaciones y aseguraron que participaron de un operativo legítimo vinculado a una investigación por estupefacientes.
Sin embargo, Chit consideró que esa versión resultaba incompatible con las pruebas reunidas en el expediente.
“No obstante, dicha reconstrucción resulta incompatible con los elementos probatorios incorporados a la causa, los cuales permiten descartar que se haya tratado de un procedimiento legítimo”, sostuvo el fiscal en el requerimiento de elevación a juicio.
En cuanto al comisario Morales, el funcionario negó haber impartido órdenes y afirmó desconocer las acciones desplegadas por los otros acusados.
El fiscal, sin embargo, consideró “inverosímil” esa explicación al remarcar que los hechos ocurrieron íntegramente dentro de una dependencia bajo su jefatura y que existían comunicaciones telefónicas y mensajes previos y posteriores al episodio.
Las defensas de los imputados intentaron impedir que el caso llegara a juicio oral mediante distintos planteos procesales, aunque todos fueron rechazados por el juez federal Guillermo Díaz Martínez.
Finalmente, el magistrado resolvió enviar a juicio a Díaz, Gómez y Jiménez por el delito de secuestro extorsivo agravado por la participación de tres o más personas, por el cobro del rescate y por tratarse de funcionarios policiales.
En el caso de Morales, quedó imputado por el mismo delito en carácter de partícipe.
Además, el juez habilitó a la víctima y a su madre a iniciar una demanda civil contra el Estado por daños y perjuicios derivados del episodio.
