Según lo informado por el subcomisario Eduardo Juárez, en la madrugada de este martes personal del destacamento fronterizo Río Tala dio aviso que una camioneta Volkswagen Amarok negra se había dado a la fuga cuando trataron de realizar el control de rutina.

En conjunto, personal del destacamento Río Tala, Comisaría San Pedro y Comisaría Trancas desarrollaron un operativo cerrojo que inició en ruta ex Ruta 9 y culminó en ruta N°352 camino al Cerro Lara, ya que en ese lugar se dio con la camioneta que se encontraba sin ocupantes y transportaba bultos de hoja de coca en su estado natural.

Finalmente, el hallazgo fue comunicado al Juzgado Federal N°2, y desde esa oficina ordenaron incautar las hojas de coca y el secuestro del rodado.

Un grave episodio conmocionó a la localidad santiagueña de Sumampa. Un sacerdote quedó bajo intensa investigación judicial luego de protagonizar un violento siniestro vial en el que dos jóvenes resultaron heridos y abandonar la escena sin prestarles ningún tipo de asistencia. El conductor fue localizado horas más tarde por efectivos policiales en la ciudad de Pinto, ubicada a casi 100 kilómetros del lugar del impacto, tras un operativo cerrojo ordenado por la Justicia.

El hecho ocurrió el lunes por la noche, alrededor de las 21:00, en la intersección de la Ruta Provincial 1 y la avenida Nuestra Señora de la Consolación. En ese momento, dos jóvenes que regresaban a bordo de una motocicleta tras participar de un torneo de pádel se dirigían a visitar a un amigo antes de retornar a sus hogares, cuando fueron violentamente embestidos por una camioneta.

Como consecuencia directa del violento choque, ambos motociclistas terminaron tendidos sobre el pavimento. Si bien permanecían conscientes, sufrieron múltiples golpes, heridas cortantes y lesiones de distinta consideración. Sin embargo, en lugar de detener la marcha para socorrerlos, el conductor aceleró y huyó raudamente.

El detalle clave y la persecución

Un elemento tan particular como inesperado permitió destrabar la investigación en pocas horas: un rosario colocado en la parte trasera de la camioneta facilitó que los testigos pudieran describir el vehículo y alertar a las autoridades.

«Como pudieron, los chicos se levantaron y pidieron ayuda. Cuando vi a mi hijo con la cara ensangrentada me asusté mucho y avisé para que hicieran un cierre de rutas», expresó con indignación el padre de una de las víctimas ante medios locales.

Con los datos recabados, la Policía implementó un operativo de control en los principales corredores viales y logró interceptar la pick-up en la vecina localidad de Pinto. Al identificar al ocupante, la sorpresa fue mayúscula: se trataba del sacerdote Miguel E., una figura sumamente conocida en la región.

A pesar del mal momento, los familiares confirmaron que los jóvenes evolucionan favorablemente: «Por suerte mi hijo y los otros chicos están bien, aunque doloridos y fuera de peligro», señalaron aliviados.

La insólita excusa y la situación judicial

Incorporado al expediente penal, el testimonio del religioso llamó la atención de los investigadores. Ante las autoridades, el sacerdote declaró insólitamente que circulaba con la música de su vehículo a un volumen muy elevado y que jamás advirtió haber protagonizado el choque.

Por disposición de la fiscal interviniente, Fernanda Vittar, el cura fue demorado preventivamente y se le practicó un test de alcoholemia mediante un riguroso registro audiovisual con testigos para garantizar su validez legal.

Mientras la Fiscalía continúa recolectando pericias científicas y testimonios para terminar de reconstruir la mecánica exacta del siniestro y definir las responsabilidades penales, trascendió que el sacerdote recuperó la libertad en las últimas horas, aunque el expediente por lesiones y abandono de persona sigue abierto

La investigación correspondiente es desarrollada por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo de Diego Alejo López Ávila, quien fue representado por el auxiliar de fiscal Rogelio Rodríguez del Busto en la audiencia correspondiente.
Como primer objeto, el representante del Ministerio Fiscal describió las circunstancias en las que se llevó a cabo la aprehensión, solicitando que se declare legal y legítima la misma.

A continuación, Rodríguez del Busto indicó que el objeto de la audiencia era la ampliación de los cargos. También solicitó la reformulación de los mismos, procediendo a describir los nuevos hechos.
Como segundo punto, el investigador fiscal requirió la modificación de las medidas que pesan sobre la imputada, solicitando la prisión preventiva por el plazo de 45 días, fundamentando dicho pedido de detención en contra de la acusada.
El juez interviniente resolvió ordenar la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario con colocación de dispositivo electrónico por el término de 45 días.

Los hechos

Primero:
A fines de 2022, la acusada manifestando tener contactos e influencias en el Instituto Provincial de la Vivienda- IPV y en la Legislatura provincial y presentándose como gestora, ofreció la adjudicación de una vivienda en la localidad de San Andrés a sabiendas de que no podía realizar esa transacción, a cambio de una suma de dinero de manera anticipada. En ese contexto, ante la llegada de la fecha de entrega pactada, ésta no se concretó, valiéndose de excusas y pretextos para poder cubrir la supuesta negativa de la entrega del inmueble prometido, ocasionando con su accionar un perjuicio económico a la persona damnificada por $3.150.000.

Segundo:
El 10 de noviembre de 2023, manifestando ser empleada de la Legislatura provincial y abogada de la UPCN con contactos en dicho gremio, se reunió con la víctima en un bar sito en avenida Sarmiento entre Junín y Maipú, de la ciudad Capital, donde le ofreció a este una vivienda en el barrio Manantial Sur a cambio de $2.200.000 para el terreno y $40.000 para gastos de escribanía, a sabiendas de que no podía realizar la misma.
En este contexto ante la llegada de la fecha de entrega pactada, la misma no se concretó, valiéndose la acusada de excusas y pretextos para poder cubrir la supuesta negativa de la entrega del inmueble prometido, ocasionando con su accionar un perjuicio económico por la $1.945.300.

Tercero:
El 23 de abril del 2026, simulando ser abogada que se dedicaba a recuperar viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda, ofreció a la víctima una casa del mencionado instituto en el barrio Manantial Sur a cambio de $4.180.000, dinero que fue entregado por el perjudicado. En este contexto, ante la llegada de la fecha de entrega pactada, y al no concretarse la misma, se valió de diferentes excusas y pretextos para poder cubrir la supuesta negativa de la entrega del inmueble prometido, ocasionando con su accionar un perjuicio económico.

Cuarto:
El 10 de agosto de 2026, en horas de la mañana, la acusada entabló conversación con un chofer de la aplicación de viajes Uber, haciéndose pasar falsamente por abogada y miembro de la C.G.T., encargada de gestionar y entregar viviendas recuperadas del Instituto Provincial de la Vivienda (I.P.V.) en el barrio Manantial Sur.
Aprovechándose de dicho engaño, logró que el hombre sirviera de intermediario para contactar a sus familiares. En ese contexto, el mismo 10 de agosto de 2026, a horas 16:30 aproximadamente, en la estación de servicio YPF ubicada en calle Bulnes y avenida Belgrano de San Miguel de Tucumán, la acusada le solicitó a la víctima la entrega de documentación personal y $150.000 con el ardid del «armado de carpeta» de la vivienda, monto que le fue entregado en el acto, como así también, le manifestó que debería pagar la cantidad de $5.000.000 como parte de pago a cuenta para obtener el terreno que tenía un valor de $12.000.000.
Posteriormente, el 11 de agosto de 2026, a horas 12:00 aproximadamente, se reunieron en el bar ubicado en calle Maipú 50 de la ciudad Capital. En dicha oportunidad, bajo la promesa de que en el plazo de un mes se le adjudicaría formalmente el inmueble, la persona damnificada le hizo entrega de $5.000.000. En ese mismo encuentro, la imputada persuadió a las víctimas para inscribirse en el sistema, solicitándoles documentación e induciéndolas a efectuar transferencias bancarias de $150.000 cada una, a nombre de su hija, ascendiendo el perjuicio económico total a la suma de $5.450.000.