Un trágico siniestro vial conmocionó este viernes a San Miguel de Tucumán, luego de que una mujer perdiera la vida tras ser atropellada por un camión sobre Avenida Jujuy al 2400. El hecho ocurrió alrededor de las 13 y provocó un importante despliegue de personal policial y de emergencias.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor del vehículo de gran porte habría sufrido un desperfecto mecánico que le hizo perder el control de la unidad. En esas circunstancias, el camión habría ingresado en contramano y embestido inicialmente a una motocicleta para luego atropellar a una mujer que transitaba por el sector.

Como consecuencia del violento impacto, la peatona falleció en el lugar, mientras que los ocupantes de la motocicleta habrían sido trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica. Hasta el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre su estado de salud.

La tragedia generó conmoción entre los vecinos y las personas que circulaban por la zona. Tras el siniestro, el tránsito sobre Avenida Jujuy al 2400 fue interrumpido para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y del personal encargado de realizar las pericias correspondientes.

Los investigadores deberán determinar las circunstancias exactas del hecho y establecer si una falla mecánica provocó la pérdida de control del camión o si existieron otros factores que desencadenaron el fatal episodio.

Por el momento, no se informó oficialmente la identidad de la mujer fallecida ni se brindaron mayores precisiones sobre la situación del conductor del camión.

La investigación continúa y se aguardan los resultados de las pericias para esclarecer la mecánica del siniestro y determinar eventuales responsabilidades.

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán dictó la absolución de los efectivos policiales Nicolás Javier González Montes de Oca y Mauro Gabriel Díaz Cáceres, quienes habían sido condenados en septiembre de 2023 por la muerte de Facundo Alexis Ferreira, el niño de 12 años fallecido durante una persecución en marzo de 2018. El pronunciamiento del máximo tribunal hizo lugar a los recursos de casación presentados por la defensa técnica, dejando sin efecto las penas de 15 y 20 años de prisión respectivamente y disponiendo la inmediata libertad de los imputados.

La resolución fue firmada por la Sala en lo Civil, Comercial, Familia y Penal, integrada por los vocales Daniel Leiva, Antonio D. Estofán y Fabián Adolfo Fradejas. En el fallo, los magistrados encuadraron la conducta de los agentes bajo la causal de cumplimiento de un deber y ejercicio legítimo de un cargo (artículo 34, inciso 4 del Código Penal). Asimismo, rechazaron la demanda civil entablada contra los policías y el Gobierno de la Provincia.

Reevaluación de la evidencia científica y la dinámica del hecho

El punto determinante del fallo radicó en la reevaluación de las pericias balísticas e investigativas del hecho ocurrido la madrugada del 8 de marzo de 2018 en inmediaciones del Parque 9 de Julio. A diferencia del tribunal de juicio de 2023, la Corte concluyó que existían evidencias objetivas de que el menor de edad portaba y accionó un arma de fuego:

• Residuos de disparo: se ponderó el resultado positivo de partículas de pólvora halladas en las manos y ropas del niño mediante microscopía electrónica de barrido (MEB/EDS) realizada por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) de Salta.
• Hallazgo de vainas: se descartó la hipótesis de un arma «plantada», confirmando el hallazgo de dos vainas servidas percutidas por la pistola calibre 22 atribuida al menor.
• Intercambio de disparos: la resolución constató que los perseguidos dispararon contra la patrulla policial, impactando proyectiles en el frente acrílico de la motocicleta oficial.
• Uso progresivo de la fuerza: la Corte detalló que Díaz Cáceres utilizó inicialmente postas de goma disuasivas y que, ante la continuidad del ataque armado, los agentes recurrieron a sus armas de dotación reglamentaria de 9 milímetros.

“La actuación policial debe ser analizada desde una perspectiva objetiva ex ante, evaluando las circunstancias existentes en el momento preciso de los hechos y no a partir del resultado luctuoso. Lo relevante es si el agente respetó los procedimientos y protocolos establecidos”, fundamentaron los vocales en el texto resolutivo.

Al revisar la condena de la Sala II de la Cámara Penal Conclusional, el alto tribunal dictaminó que la sentencia previa padecía de arbitrariedad en la valoración probatoria, fijando tres doctrinas legales sobre la actuación de las fuerzas de seguridad:

1. Valoración probatoria: resulta arbitraria la sentencia que concluye la responsabilidad penal a partir de un análisis parcial de los elementos de prueba.
2. Causales de justificación: no se ajusta a derecho la resolución que omite abordar de manera integral una causa de justificación verosímil.
3. Cumplimiento del deber: es descalificable como acto jurisdiccional válido el fallo que no realiza un análisis profundo del contexto al evaluarse la eximente de cumplimiento de un deber.

En materia de responsabilidad civil, la Corte determinó que, al probarse la causal de justificación, la conducta de los efectivos careció de antijuridicidad. Por este motivo, revocó las indemnizaciones fijadas previamente e hizo reserva de las costas procesales por su orden.

(Fuente: El Tucumano)

Dos jóvenes que serían oriundos de Tucumán fueron detenidos en Miami, Estados Unidos, acusados de integrar una presunta red de comercialización de drogas que utilizaba grupos privados de WhatsApp para contactar clientes y coordinar las ventas. Se trata de César Suppa, de 30 años, y Matías Serrano, de 29, quienes aparecen entre los cuatro arrestados durante un importante operativo antinarcóticos realizado por la Policía de Miami Beach.

Los otros detenidos fueron identificados como Santiago Luján, de 25 años, quien sería oriundo de Buenos Aires, y Jhon Ramírez, de 39, cuya procedencia no pudo establecerse con la información disponible.

El procedimiento fue denominado «Operación Pantera Rosa» (Operation Pink Panther) y permitió desarticular, según las autoridades estadounidenses, una presunta estructura dedicada a distribuir distintas sustancias ilegales en el condado de Miami-Dade.

Cómo funcionaba la presunta red de narcotráfico

De acuerdo con la información difundida por la Policía de Miami Beach (MBPD), la investigación se extendió durante varios meses y estuvo a cargo de la Unidad de Investigaciones Estratégicas.

Los investigadores detectaron una modalidad de comercialización basada en grupos privados de WhatsApp, a través de los cuales los presuntos integrantes de la organización mantenían contacto con potenciales compradores.

Entre las sustancias que se habrían ofrecido figuraban cocaína, tusi o 2C-B, MDMA y marihuana.

La investigación encubierta permitió avanzar sobre el funcionamiento de la presunta red hasta concretar los arrestos de los cuatro sospechosos.

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Secuestraron drogas, dólares y una camioneta BMW

Durante los procedimientos, las autoridades estadounidenses informaron el secuestro de más de 70 libras de sustancias ilegales, equivalentes a aproximadamente 32 kilogramos.

También fueron incautados cerca de 50.000 dólares en efectivo, que los investigadores sospechan que estarían vinculados con la comercialización de estupefacientes, además de una camioneta BMW X5.

El volumen de las sustancias y el dinero encontrado forman parte de los elementos que analiza la investigación para determinar el alcance de las actividades atribuidas a los detenidos.

En cuanto a la situación judicial de los detenidos, César Suppa sería quien enfrenta el panorama más complicado, ya que habría sido señalado como el presunto líder de la organización dedicada a la comercialización de drogas. Además, habría quedado a disposición de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). Por su parte, Matías Serrano y los otros dos involucrados también permanecen detenidos y vinculados a la investigación, aunque todavía no trascendieron precisiones oficiales sobre las responsabilidades atribuidas a cada uno. La presunta función de Suppa al frente de la red y su situación ante la DEA aún requieren confirmación oficial.