El ex Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó este lunes la justificación patrimonial ante el juez federal, Ariel Lijo. En 78 páginas expuso los puntos centrales cuestionados por la Justicia, desde un incremento patrimonial del 119% y números inconsistentes hasta cifras sin sustento documental y tenencia de dólares sin respaldo. “La evolución patrimonial encuentra sustento razonable”, sostiene el escrito donde da cuenta de ahorros por casi 600.000 dólares por la venta de criptomonedas en 2017 y 2018.

Después de casi cinco meses de investigación, el patrimonio de Manuel Adorni tiene, para la Justicia federal, más interrogantes que certezas. Por ese motivo, la fiscalía firmó el requerimiento de justificación, una instancia previa al llamado a indagatoria, y que cuestiona en 20 puntos la fortuna del ex Jefe de Gabinete.

“Adelanto desde ya que, según se demostrará, la evolución patrimonial de Manuel Adorni durante el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026 encuentra sustento razonable y verificable en la prueba documental, contable y técnica que se acompaña, y en la que oportunamente se incorporará, sin que exista enriquecimiento apreciable alguno que no admita explicación”, indica el escrito al que accedió Clarín.

Durante la investigación, el fiscal Gerardo Pollicita sostuvo que «pudo determinarse que, en el período apuntado, Manuel Adorni percibió treinta y cinco haberes derivados del ejercicio de su cargo a los que se añaden los correspondientes a ingresos comprobados de su cónyuge».

Frente a esos recursos, que ascienden en conjunto a 229.752.283,20 pesos, el grupo familiar afrontó gastos -por ejemplo seguros automotores, expensas, pagos de electrodomésticos, servicios, impuestos, viajes y tarjetas de crédito- por 272.820.832,20 pesos, por lo que la diferencia sin explicar es de 43.068.549 pesos.

Respecto a esa diferencia,Adorni formula el siguiente descargo: “De $43.068.549 que arroja el cotejo de flujos en pesos representa el 15,8% de los egresos totales reconstruidos ($272.820.832,20) y el 18,7% de los ingresos lícitos computados ($229.752.283,20)». Para la defensa, a cargo de Matías Ledesma, “se trata de una brecha residual, no de una desproporción manifiesta», a diferencia de lo que el dictamen postula respecto de la magnitud del “salto patrimonial”.

Y agrega que “resulta perfectamente compatible con los márgenes de imprecisión propios de toda reconstrucción de flujos económicos de un grupo familiar a lo largo de dos años y medio, edificada sobre estimaciones de tipo de cambio, criterios de depuración de movimientos internos y partidas cuyo pagador ’no pudo identificarse’ -extremo que el propio dictamen reconoce respecto de los comprobantes de ARCA”.

El informe contable -indica el documento- “reducirá esa brecha residual mediante la incorporación de las partidas aún no conciliadas”.

La fiscalía posó la lupa sobre la tenencia de criptomonedas con las Adorni buscó justificar la posesión de dólares aplicados a viajes al exterior, a la compra de propiedades como a las refacciones realizadas en la casa de Indio Cuá, todos en dólares cash, por cifras muy altas.

En el requerimiento de justificación se pidió que se explique la “operatoria con criptoactivos, que comprende el capital informado por el ex funcionario, ante una billetera virtual al validar su identidad y no exteriorizado en sus Declaraciones Juradas ante la Oficina Anticorrupción; el origen y destino de los criptoactivos incorporados en la Declaración Rectificativa del ejercicio 2023; y su vinculación con el circuito de billeteras que la SIFRAI–DAFI relacionó con las cuentas del requerido».

¿Qué dijo Adorni? Las sumas vinculadas a la operatoria con criptoactivos, que son US$ 269.550,36 durante el período investigado. “Quien pretende ocultar un enriquecimiento no publica sus direcciones de criptoactivos ante decenas de miles de seguidores”, dijo la defensa.

Ese dato, “sumado a la explicación técnica e integral priva de sustento a la hipótesis de disimulo sobre la que se construye buena parte de las observaciones del dictamen”.

Al avanzar en el escrito, el abogado se ocupó de detallar la tenencia de criptomonedas y la liquidación de las mismas. En la página 30 del informe es donde se asegura que Adorni consiguió 591.544,61 dólares por la venta de estos activos, entre 2017 y 2018, antes de llegar al poder.

Según argumentó, la acusación “no contaba con estas direcciones al momento de formular el requerimiento -razón por la que deviene lógico que el mismo no pudiera contradecir dicha información- pero corresponde señalar que las inversiones en Bitcoin -claramente anteriores al ingreso de mi asistido a la función pública- permiten descartar la existencia de enriquecimiento ilícito y explicar, acabadamente, cómo hizo frente a cada una de las operaciones cuya justificación fuera requerida”.

El fiscal había sostenido en el requerimiento de justificación que no había documentación que sustente la titularidad de las criptomonedas ni la operación posterior, para explicar así la tenencia de dólares.

Al respecto, dice el escrito que busca esclarecer las 20 dudas sobre el patrimonio del ex funcionario, que “la trazabilidad de dichas operaciones y la cuantía de las mismas traen a la luz un patrimonio digital constituido y liquidado en su totalidad entre cinco y nueve años antes de que mi asistido asumiera sus funciones como agente público el 10 de diciembre de 2023”.

Este dato temporal, “objetivo e inmutable por la propia naturaleza del registro público de la red Bitcoin, desvirtúa de raíz cualquier hipótesis de que el efectivo declarado bajo ’venta de activos’, constituya un enriquecimiento generado durante el ejercicio de la función pública: se trata, por el contrario, de la conversión paulatina a moneda de curso legal de un activo preexistente, cuya progresiva liquidación es la que explica los saldos declarados año a año”.

Las formas de acreditar su titularidad y los demás aspectos sobre el funcionamiento de las criptomonedas, “considero pertinente señalar que las mencionadas direcciones son billeteras de criptomonedas que pertenecen al señor Adorni, tal como demuestran las operaciones constatadas por el escribano público”, dijo el abogado Ledesma.

Continuando con la explicación, se añadió que cada billetera de criptomonedas cuenta con una clave pública y una privada. “Las ocho direcciones registran actividad exclusivamente entre el 21 de octubre de 2014 y el 10 de septiembre de 2018 -esto es, entre cinco y nueve años antes de que mi asistido asumiera sus funciones como agente público el 10 de diciembre de 2023- y no conservan saldo alguno a la fecha, por haber sido íntegramente liquidadas con anterioridad”.

En consecuencia, justificó Adorni, “se trata de un activo preexistente al ejercicio de la función pública, cuya progresiva conversión a efectivo en dólares estadounidenses es la que explica los saldos de USD 513.000 al cierre de 2023 (al inicio de ese período, es decir, al cierre de 2022, el importe era de USD 565.000), USD 388.961,52 al cierre de 2024 y USD 209.961,52 al cierre de 2025”.

La justificación sobre la liquidación de las criptomonedas, indica que para el momento de ese proceso las mismas contaban con “ganancias considerables producto de la marcada revalorización que experimentó el activo durante 2017, y con miras a garantizar, a mediano plazo, la educación y el futuro de sus hijos, mi asistido optó por comenzar a desarmar esas posiciones, dada la enorme volatilidad y el consecuente riesgo propios de este tipo de inversiones”.

Los dólares ahorrados por fuera del sistema

La planilla adjuntada en la justificación patrimonial, da cuenta de una tenencia de 591.544,61 dólares como resultado de la venta de las criptomonedas entre 2017 y 2018.

Los dólares percibidos por esa operación de la que sospecha el Ministerio Público Fiscal, dice la justificación patrimonial, fueron parte “reinvertidos bajo la misma modalidad y luego conservados por mi asistido y su cónyuge por fuera del sistema bancario, en su domicilio”.

Esa práctica -mantener ahorros personales en efectivo y en moneda extranjera, por fuera del circuito bancario formal- “no constituye una conducta excepcional, sino una modalidad extendida en amplios sectores de la sociedad argentina, como resguardo frente a la inestabilidad macroeconómica, la volatilidad cambiaria y las sucesivas restricciones al acceso a moneda extranjera vigentes en distintos períodos de las últimas décadas -entre ellas, el cepo cambiario vigente entre 2011 y 2015, y nuevamente desde 2019-“.

Frente a esas ganancias, Manuel Adorni y Bettina Angeletti -dice el escrito-, “optaron deliberadamente por “vivir como si no lo tuvieran”, privilegiando el ahorro y la prudencia patrimonial por sobre cualquier cambio en su nivel de consumo, con la mira puesta en garantizar, a mediano y largo plazo, la educación de sus hijos y su propia jubilación”.

Se trata, en definitiva, de una “decisión personal y patrimonial que no ofende el orden ni la moral pública, ni perjudica derecho de tercero alguno, y que, por ello, se encuentra reservada a la esfera de autonomía individual que el art. 19 de la Constitución Nacional exime de la autoridad de los magistrados”.
¿En qué usó los dólares?

Esa postura de “vivir como si no tuvieran los dólares”, cambió -dice el escrito-, cuando Manuel Adorni ingresó a la función pública”. Al momento de explicar este punto, se expresó que “por razones de seguridad: el departamento de la calle Asamblea en el que residía el matrimonio no contaba con cochera y, al encontrarse en primer piso, sus vecinos le arrojaban objetos a su patio, circunstancia que motivó la mudanza al inmueble de Miró 550”.

Pese a ello, lo explica la fiscalía, desde que ingresó a la función pública no declaró esa tenencia de dólares y tampoco, la adquisición de la casa -tiempo después-, de Indio Cuá. La justificación patrimonial sostiene que todo fue rectificado a través de las últimas declaraciones patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción.

La otra explicación para adquirir la vivienda en fue que a raíz de un “altercado que mi asistido protagonizó en la vía pública, el matrimonio entendió que, como familia, y a fin de preservar a sus hijos menores de edad, lo más conveniente era contar con una casa de fin de semana en el barrio Indio Cuá -que ya conocían- que les permitiese disfrutar, junto a los niños del aire libre. Fue por ello que adquirieron el inmueble del lote 380 y lo refaccionaron, adaptándolo a las necesidades del grupo familiar”.

Al seguir con esa línea de justificación, Adorni dijo que junto a Angeletti “fueron conscientes de que, con esas decisiones, el dinero que venían ahorrando con miras al futuro de sus hijos pasó a destinarse, en cambio, a la adquisición y refacción de la casa de Indio Cuá y a la adquisición del departamento de Miró”.

Refacción de Indio Cuá por menos dinero

Matías Tabar, el contratista del matrimonio Adorni-Angeletti, declaró ante la justicia que las refacciones en la vivienda del barrio privado de Indio Cuá tuvieron un valor de 245.000 dólares.

El ex jefe de Gabinete desmiente esa cifra. Sostiene que pagó 175.000 dólares.

En la justificación patrimonial, señaló que hay un «error aritmético en la propia planilla del contratista» ya que la suma de los rubros que Tabar mismo consignó en su primera planilla, «arroja USD 285.929,00, y no los USD 245.929,00 que el testigo declaró como costo total de la obra. La diferencia de USD 40.000 no tiene explicación ni respaldo documental alguno».

Pero después se refirió a la auditoría contable, la cual «identificó en las cuentas bancarias y en las disponibilidades de efectivo de Adorni desembolsos dirigidos al contratista por USD 175.000».

Esa cifra fue respaldada por otra: un estudio pericial contable que sostuvo que el valor real de mercado de la obra ejecutada ascendió a USD 174.954,58.

«Ambas fuentes (la contable y la pericial) coinciden prácticamente en el mismo importe (una diferencia de solo USD 45,42), afirmando que los pagos reales fueron por USD 175.000» y que la cifra declarada por el contratista contiene errores aritméticos, «cobros sin comprobante y gastos no pertenecientes a esa obra».