Acusan a la banda de «La Gata» Lizárraga de conformar una asociación ilícita dedicada a cometer escruches
Esa fue la imputación que el fiscal Diego López Ávila le endilgó a “La Gata” Lizárraga, a su hermano “Tuta” Lizárraga y a su hijo, Juan de Dios López, detenido en la provincia de Córdoba y para quién el fiscal solicitó seis meses de prisión preventiva concedida por el juez actuante.
Juan de Dios López fue detenido la semana pasada en la provincia de Córdoba. Es hijo de Miguel Antonio «La Gata» Lizárraga, quien meses atrás fue capturado en esa provincia. Su hermano, Néstor «Tuta» Lizárraga, también está privado de la libertad, tras ser atrapado en Tucumán. Se los acusa de conformar una banda de escruchantes que fue desarticulada en el marco de una investigación llevada adelante por el Ministerio Fiscal de Tucumán. En una audiencia, celebrada en la tarde de ayer, martes 1 de setiembre, se formularon cargos contra López y ampliaron los cargos contra los Lizárraga.
“El ECIF se encontraba en Córdoba realizando medidas y en virtud de la orden de captura nacional contra López, advirtieron la presencia del mismo mientras salía de un predio deportivo. Al ver a los investigadores subió a un auto, marca Audi, de color rojo, por lo que fue perseguido y detenido», señaló el fiscal respecto a la detención de del hijo de “La Gata”.
Sobre el mismo, pesaba un pedido de captura provincial y nacional. López llegó a la provincia este miércoles 1 de septiembre en horas de la mañana. De inmediato fue trasladado directamente hasta las oficinas del MPF, donde fue revisado por el Cuerpo Médico Forense (CMF).
La imputación
En la audiencia correspondiente al control de la detención, formulación de cargos y pedido de medidas de coerción, el fiscal López Ávila, lo acusó por los delitos de asociación ilícita y robo calificado por efracción.
La Unidad Fiscal solicitó como medidas de coerción de mayor intensidad la prisión preventiva en contra de López por seis meses, plazo que fue avalado por el juez actuante.
El MPF fundamentó el pedido en la vigencia de los peligros procesales de riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación, además de las medidas restantes. «Hay una conexión entre los Lizárraga y los Caro en esta provincia para cometer diferentes ilícitos. Este tipo de delitos genera grandes ganancias económicas para los imputados, que cuentan con una logística de recursos económicos y humanos», resaltó López Ávila.
Asociación ilícita
En la audiencia el fiscal acusa a los hermanos Lizárraga y a López, de que entre febrero y mayo de 2021, dentro de Tucumán, junto a Cristian «Bichi» Caro, Marcos «Batore» Caro, Franco «Vikunga» Caro, Walter «Kuki» Caro y otros sujetos, desempeñándose «La Gata» y «Kuki» como jefes y el resto, como miembros, se asociaron para cometer ilícitos contra la propiedad, para lograr el desapoderamiento de dinero, joyas y otros bienes pertenecientes a las víctimas.
Advierte que para cometer los ilícitos usaban autos registrados en otras provincias (Córdoba y Buenos Aires), respecto de los cuales no figuraban como titulares. Otro de los acuerdos era el traslado de los imputados desde Córdoba, a partir de la información que los Caro les daban sobre cuáles eran los inmuebles que desapoderarían posteriormente.
Por todos estos hechos fueron acusados por el delito de asociación ilícita.
Captura del hijo de “La Gata”
La detención de López se produjo en la ciudad de Córdoba, el pasado martes 23 de agosto, como resultado del prolijo trabajo de inteligencia llevado adelante por el Ministerio Fiscal, a través de las Direcciones de Análisis Criminal e Informática Forense del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales.
Luego de un trabajo de inteligencia y con recursos telemáticos de avanzada los expertos del ECIF pudieron determinar los lugares por donde se movía el sujeto y con la colaboración de la policía de Córdoba lograron interceptarlo cuando abandonaba una cancha de fútbol.
“Es una investigación importante, que todavía sigue su curso a medida que surgen más pistas y que ha requerido un gran esfuerzo mancomunado entre el MPF, la policía de Córdoba y la de Tucumán”, manifestó el coordinador del ECIF, Eugenio Agüero Gamboa.
«El trabajo del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales del Ministerio Fiscal fue clave. Analizaron detalladamente el material fílmico a través de la División de Análisis Criminal e Informática Forense, individualizando a cada uno de los sospechosos. En función a ese informe, posteriormente se realizaron diferentes medidas de allanamiento y detenciones», destacó el fiscal.
Los casos
19 de marzo
Respecto a López, también fue acusado de que el 19 de marzo de 2021, a las 22:00, junto a otro sujeto, ingresaron a una vivienda del country La Arboleda, en San Pablo, mientras no se hallaban sus moradores, y de una caja fuerte tomaron 65 mil dólares y 3 millones de pesos, entre otros bienes, para luego darse a la fuga. Se le imputó el delito de robo calificado por efracción, por ese hecho.
27 de marzo
Por su parte, «La Gata», está acusado de que el 27 de marzo pasado, en horas de la noche, con otros sujetos, ingresaron a una casa de Mate de Luna al 4.400, donde se alzaron con una importante cantidad de joyas de oro y plata, relojes antiguos y 200 mil pesos y 6 mil dólares. En relación con ese delito, Lizárraga fue imputado por robo calificado por efracción.
3 de abril
En inmediaciones de las calles Libertad y Fortunata García, policías observaron en un auto a «Bichi» Caro, que le gritaba a «La Gata» (estaba armado), que subiera. Se inició entonces una persecución en la que intentaron embestir a los uniformados, logrando escapar. Por ese hecho se le endilgó el delito de atentado y resistencia a la autoridad.
24 de abril
En horas de la tarde, «La Gata» y otros individuos se presentaron en una vivienda de Leloir al 500 de Yerba Buena. Luego de violentar la puerta de acceso, sustrajeron 200 dólares, 70 mil pesos y artefactos electrónicos y otros elementos.
8 de mayo
Cerca de las 21:00 horas, policías que realizaban recorridos por la capital, en Crisóstomo Álvarez y Ayacucho, divisaron a «La Gata», a «Vikunga» y a «Batore» Caro a bordo de un auto. En ese momento, se inició una persecución, durante la cual los sospechosos efectuaron disparos. Esos ilícitos fueron definidos como robo calificado con efracción y atentado y resistencia a la autoridad.
7 de mayo
Alrededor de las 20:30 horas, los hermanos Lizárraga y López, con otros sujetos, se presentaron en una vivienda de avenida Pellegrini al 100, y luego de forzar el portón, tomaron de su interior 230 dólares y más de 600 mil pesos, además de joyas y relojes, dándose a la fuga. La calificación legal respecto a ese delito es la de robo calificado por efracción.
Cuatro adultos mayores fueron rescatados luego de que el Renault 12 gris en el que viajaban cayera al Canal Sur, a la altura del Camino de Sirga y Huemul.
El vehículo, ocupado por tres mujeres y un hombre, terminó en el fondo del canal por causas que todavía se investigan. Pese al impacto, los cuatro ocupantes se encontraban lúcidos y no presentaban lesiones visibles.
El jefe del cuerpo oficial de Bomberos Voluntarios de Yerba Buena, Andrés Cuenya, explicó que recibieron el alerta cerca de las 9.15. Al llegar al lugar, los rescatistas comprobaron que las víctimas ya habían logrado salir del automóvil por sus propios medios.
Bomberos asisten a una de las víctimas. Foto: Bomberos Voluntarios de Yerba Buena.
“Nos sorprendimos gratamente al ver que pudieron salir del auto. Estaban muy asustados, pero no fue necesario inmovilizarlos: subieron por las escaleras que colocamos”, relató Cuenya.
Según explicó el jefe de bomberos, el hecho de que el Renault 12 quedara apoyado sobre sus cuatro ruedas, sin volcar, habría sido clave para evitar consecuencias más graves.
En el operativo también participaron efectivos de la Policía, bomberos de la fuerza y personal del servicio de emergencias 107, que revisó a los sobrevivientes en el lugar.
Por la ubicación del accidente, en el límite entre Yerba Buena y San Miguel de Tucumán, se realizaron consultas para definir la jurisdicción. Finalmente, se determinó que la intervención correspondía a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.
Murió un trabajador al quedar atrapado en una miniexcavadora
El hecho ocurrió en el kilómetro 1308 de la ruta 9. Según las primeras informaciones, el operario habría quedado atrapado por la cabeza entre partes de la máquina tras una maniobra y falleció en el lugar. Trabajan bomberos de Los Nogales, Tafí Viejo, el ECIF y la comisaría de Los Nogales.
Un grave accidente laboral conmocionó este jueves a la comunidad de un country en construcción, ubicado a la altura del kilómetro 1.308 de la ruta nacional 9. La tragedia se cobró la vida de un operario, que falleció en el lugar después de quedar atrapado en la zona de la cabeza durante una maniobra con una mini excavadora.
Según consignó la periodista Cecilia Páez, el hombre se encontraba realizando tareas en el predio cuando, en el curso de la operación de la maquinaria, se produjo el hecho que terminó en el desenlace fatal. En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal especializado destinado al operativo posterior al accidente.
Las circunstancias precisas del suceso serán objeto de investigación por parte de las autoridades competentes, que deberán determinar cómo se desarrolló la maniobra y establecer eventuales responsabilidades. Mientras se avanza con las pericias, se aguarda el informe oficial que aporte mayores detalles sobre las causas y la dinámica del accidente.
Este jueves 10 de septiembre se realizó una audiencia en la que el auxiliar de fiscal Rogelio Rodríguez del Busto, de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, dirigida por Diego López Ávila, formuló cargos contra Andrea Natalia Gómez Gallo (32) y Carla Agostina Montenegro (30), en el marco de una investigación por una maniobra que habría provocado un perjuicio patrimonial de $4.656.600.
De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Fiscal, Gómez Gallo habría utilizado, sin autorización, las credenciales de acceso al home banking de su ex suegro, aprovechando que conocía su usuario y contraseña porque anteriormente lo había asistido en la creación y utilización del canal bancario. Según la teoría del caso, desde la cuenta sueldo de la víctima gestionó distintos créditos y posteriormente transfirió los fondos obtenidos hacia cuentas vinculadas a ella y a Montenegro.
Créditos y transferencias desde la cuenta de la víctima
La maniobra se habría desarrollado entre el 19 de noviembre de 2024 y el 25 de septiembre de 2025. El primer hecho atribuido ocurrió el 19 de noviembre de 2024, cuando Gómez Gallo habría gestionado un crédito por $650.000 desde la cuenta de la víctima y transferido ese importe a una cuenta vinculada a su persona.
Posteriormente, el 3 de febrero de 2025, habría realizado tres transferencias por $300.000, $50.000 y $40.000, también hacia una cuenta vinculada a ella. El 21 de abril de 2025 gestionó un nuevo crédito por $1.200.000. Una vez acreditado el dinero, realizó dos transferencias, por $500.000 y $700.000, hacia una cuenta vinculada a Montenegro.
La investigación sostiene que la maniobra continuó durante los meses siguientes. El 12 de junio de 2025, Gómez Gallo habría transferido $326.600 hacia una cuenta vinculada a su persona. Luego, el 24 de julio, gestionó otro crédito por $1.510.000 y transfirió $1.500.000 a una cuenta de su titularidad. Asimismo, el 8 de agosto habría efectuado una transferencia de $290.000 y, finalmente, el 25 de septiembre de 2025 gestionó un nuevo crédito por $300.000, transfiriendo ese mismo día la totalidad del importe hacia una cuenta de su propiedad.
Como consecuencia de estas operaciones, la Fiscalía estimó que el perjuicio patrimonial ocasionado a la víctima ascendió a $4.656.600.
La calificación legal atribuida a Gómez Gallo es la de defraudación mediante manipulación informática, en calidad de autora. En cuanto a Montenegro, la Fiscalía le atribuyó haber recibido $1.200.000 con conocimiento de su origen ilícito, dinero que habría sido obtenido previamente mediante la maniobra de defraudación investigada. Por este hecho fue acusada por el delito de encubrimiento por receptación dolosa.
Medidas de coerción
Luego de formular los cargos, Rodríguez del Busto solicitó que, a los fines de resguardar la investigación, se impongan a ambas acusadas medidas cautelares de menor intensidad por el término de cuatro meses. La jueza interviniente analizó el planteo realizado por el MPF y resolvió hacer lugar a la totalidad de las medidas solicitadas, por lo que las acusadas deberán cumplir las reglas de conducta establecidas durante el plazo fijado.