Por octava vez, el proyecto de la legalización del aborto se presentó este martes en el Congreso. El documento, que sostiene la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, ingresó por mesa de entrada a la Cámara de Diputados y deberá esperar su giro a comisiones para comenzar a ser tratado. A pesar de que sea un año electoral y muchos especulen que no llegue al recinto, referentes de la Campaña remarcaron la importancia de mantener el tema en agenda.
Con respecto al trámite legislativo, la iniciativa será remitida a la presidencia de Diputados, encabezada por Emilio Monzó, que decidirá la hoja de ruta a seguir de los próximos meses.
Según está previsto, el proyecto se debatirá en un plenario de las mismas cuatro comisiones del año pasado. Allí, sus impulsoras buscarán obtener el dictamen de mayoría.
Estas comisiones son las de Legislación General, que preside Daniel Lipoveztky (PRO); la de Mujer y Familia, liderada por Alejandra Martínez (UCR); Salud, dirigida por Carmen Polledo (PRO); y Legislación Penal, a cargo de Gabriela Burgos (UCR). En el caso de las dos primeras, sus referentes están a favor de la legalización, mientras que las dos últimas son afines a los grupos autodenominados provida.
En caso de no conseguir un dictamen, el proyecto podría ingresar al recinto bajo el formato sobre tablas. En este escenario, se necesitará el aval de las dos terceras partes de la Cámara para debatirse.
Uno de los puntos que se destacaron fue el contexto político de este año. A diferencia del 2018, en donde el documento obtuvo una aprobación histórica en Diputados y el rechazo en el Senado, la prioridad de los partidos está enfocada en las elecciones. A pocas semanas del cierre de listas, muchos dirigentes adelantaron que será difícil que se trate, más cuando es un tema que divide a los propios partidos en dos. Ya que en la mayoría de los bloques hay legisladores tanto a favor como en contra.
A pesar de esto, referentes de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito recalcaron la importancia de mantener el tema en agenda. Y esperan, con optimismo, que sea debatido a fines de año. En caso de tratarse en 2020, dependerá del cambio en las bancas parlamentarias.
Las diferencias del proyecto actual con el que rechazó el Senado en 2018
1) El sujeto de la ley ahora es toda mujer u otras identidades con capacidad de gestar. En el proyecto anterior, sólo se hablaba de mujeres, y había un artículo por separado que hablaba de cuerpos gestantes y Ley de Identidad de Género.
2) La práctica se despenaliza hasta la semana 14, como en el otro proyecto. Después, se mantienen las causales contempladas en el Código Penal: violación o peligro para la salud integral de la gestante, entendida ésta como la define la Organización Mundial de la Salud, no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades, sino el estado de completo bienestar físico, mental y social. Ahora, se menciona esta definición específicamente.
3) Se elimina la causal malformaciones para acceder al aborto, que estaba mencionada en el proyecto anterior.
4) Se impulsa y respalda la Ley de Educación Sexual Integral para niñas, niños y adolescentes y derechos sexuales y reproductivos. Además, presenta el tema del aborto tratado en las aulas como derecho y no como problemática. Esto no estaba incluido en la propuesta del 2018.
5) En los casos de las personas con discapacidad y capacidades restringidas, se acentúa en este proyecto que el consentimiento debe ser personal. Destaca que ninguna persona puede ser sustituida en ese consentimiento. En el proyecto anterior, se habilitaba la actuación de representantes. En el actual no se excluye, pero se privilegia la expresión de voluntad individual.
6) Mantiene la no penalización a las mujeres que abortan y a los efectores de salud que realicen un aborto.
7) Se propone la eliminación de toda pena a las mujeres que aborten o intenten abortar por fuera de las causales y a los médicos o efectores de salud que garanticen ese aborto. Estaba implícito en el proyecto del 2018.
8) Se modifica el Código Penal y se proponen penas para quien provocare un aborto sin consentimiento u obstaculizare, dilatare o se negare a hacer un aborto. Esto no estaba expresado en el proyecto de 2018.
9) Dispone que la práctica esté garantizada tanto en el sistema público, pero también que se incorpore dentro del Plan Médico Obligatorio para que las obras sociales y las prepagas lo cubran en su totalidad. La enumeración de prestadores está más pormenorizada en el nuevo proyecto.
10) Se establece que el plazo para la realización de la práctica no debe ser mayor a cinco días desde la solicitud. El proyecto anterior no hablaba de plazos.
11) El único punto destacado de este listado que queda igual. El nuevo proyecto no incorpora la objeción de Conciencia porque se considera que es una negación a un derecho en base a creencias religiosas y morales. Tampoco estaba en el anterior.
Fuente TN
