La Corte de Apelaciones de Estados Unidos suspendió la orden de la jueza Loretta Preska que obliga a la Argentina a entregar el 51% de las acciones que el Estado tiene en YPF mientras apela la sentencia en su contra. El país tampoco estará obligado a depositar una garantía.

“Esta decisión garantiza que la República Argentina conserve la participación mayoritaria del Estado Nacional en la compañía mientras avanza la apelación, constituyendo un paso decisivo en la defensa de un activo estratégico y de los intereses de todos los argentinos”, afirmó la Procuración del Tesoro.

El Gobierno ya había anunciado que, en caso de que la Corte de Apelaciones no suspendiera la entrega de las acciones, planeaba recurrir a la Corte Suprema estadounidense para evitar cumplir con esa exigencia. Finalmente, ese paso no será necesario.

Sebastián Maril, analista de Latam Advisors que sigue el litigio, explicó en su cuenta de X que las acciones del Gobierno en la petrolera podrán permanecer en la Caja de Valores mientras la Corte resuelve la apelación a la sentencia original.

En junio, luego de la orden de Preska de entregar la participación accionaria estatal en la petrolera mientras avanzaba la apelación, la Argentina había solicitado suspender ese pedido hasta tanto se resolviera la apelación de fondo. La Cámara de Apelaciones hizo lugar a esa solicitud y suspendió temporalmente la orden de Preska. Y este viernes se conoció la decisión definitiva.

Como explicó TN, esta fase del litigio por la nacionalización de YPF tenía tres escenarios posibles. Además de los dos extremos -es decir, hacer lugar al pedido de la Argentina o rechazarlo de plano-, había una posibilidad intermedia: la Cámara podía otorgar la medida cautelar, pero reclamar que la Argentina deposite alguna garantía mientras se desarrolla la apelación de fondo.

Finalmente, el resultado fue el más favorable para el país. De todos modos, en Nación ya habían advertido sus intenciones de recurrir, incluso, la Corte Suprema de los Estados Unidos para revertir esta orden. Además, insistían en que no planeaban presentar ninguna garantía y mantenían la postura de no negociar con los demandantes siempre que queden instancias judiciales por agotar.

Cómo sigue la apelación de fondo por YPF

En paralelo, la Argentina continúa el proceso de apelación del fallo original de primera instancia, que obliga al país a indemnizar con US$16.100 millones a los accionistas minoritarios al momento de la estatización.

“La decisión de la Corte de Apelaciones se limita a la suspensión de la orden de entrega dictada el pasado 30 de junio, mientras se tramita la apelación correspondiente. No afecta el curso de la apelación de fondo contra la sentencia emitida en septiembre de 2023 —tres meses antes del inicio de la actual gestión— que condena al país a pagar US$16.000 millones más intereses”, destacó la Procuración este viernes.

La presentación de los argumentos orales está prevista para la semana del 27 de octubre, justo después de las elecciones legislativas.

La fecha fue ratificada la semana pasada, después de que la Cámara de Apelaciones no hiciera lugar a un pedido de la ONG Republican Action for Argentina (RA4ARG) para anular la sentencia original e iniciar una investigación penal contra la familia Eskenazi, accionistas minoritarios de YPF al momento de la nacionalización.