Qué dice el breve fallo de la Cámara de Apelaciones

Esta es la traducción del fallo de la Cámara, firmado por Catherine O’Hagan Wolfe, secretaria del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos.

En cada una de las apelaciones mencionadas anteriormente, la parte apelante solicita una suspensión (stay) mientras se resuelve la apelación contra la Orden de Transferencia emitida por el Tribunal de Distrito con fecha 30 de junio de 2025, y solicita también una suspensión administrativa en el ínterin.

Los apelados han indicado que se oponen a la solicitud de suspensión durante el proceso de apelación, pero no se oponen a la implementación de una suspensión administrativa temporal que permita una presentación ordenada de los escritos y la consideración del pedido de suspensión.

POR LA PRESENTE SE ORDENA que el Tribunal concede una suspensión administrativa temporal de la Orden de Transferencia del Tribunal de Distrito, en espera de la resolución de la moción de suspensión por parte de un panel de tres jueces.

Los apelados deberán presentar su oposición a la moción antes del 17 de julio de 2025, y la parte apelante deberá presentar su réplica antes del 22 de julio de 2025.

La moción de suspensión será sometida a la próxima sala disponible de jueces una vez vencidos esos plazos.

Cómo sigue el caso YPF en Nueva York

El próximo paso también quedará en manos de la Cámara y será evaluar la apelación presentada por los abogados defendores de la Argentina, que se tramita en paralelo a la ejecución de la sentencia de Preska a favor de los fondos buitres.

Los camaristas deberán dar una respuesta definitiva al juicio: ratifican todo lo actuado por la magistrada, modifican parcialmente el fallo o lo revocan.

En concreto, la Cámara concedió una suspensión administrativa temporal de la orden inicial del tribunal de distrito del 30 de junio pasado. Según la resolución a la que accedió este medio, esta suspensión estará vigente hasta que un panel de tres jueces analice y resuelva la moción de suspensión solicitada por Argentina.

Pero ademoas, se fijaron distintos plazos: por un lado los apelados (los fondos) deben presentar su oposición al pedido de suspensión antes del 17 de julio. Mientras que la apelante (Argentina) debe presentar su réplica antes del 22 de julio de 2025.

En los mercados esta decisión se lee como una «gran victoria» temporal del país, que resta riesgo financiero y da certidumbre a la largo plazo para la petrolera y sus proyectos en Vaca Muerta y con el GNL.

YPF: qué argumentó Argentina en Nueva York

Entre sus argumentos centrales, los abogados del país sostienen que la orden de Preska viola el derecho federal norteamericano, así como la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios de cortesía internacional.

También mencionan la Declaración de Interés del Departamento de Justicia de EEUU, considerada como un respaldo institucional al país durante la administración de Joe Biden y Donald Trump.

Por último, la apelación advierte sobre un posible “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial” por parte del tribunal que emitió la condena.

Fuentes vinculadas al caso no descartan una inminete declaración pública de Donald Trump sobre este caso a favor del país.

Con qué argumento ganaron los fondos buitre

Los litigantes son Burford Capital, que compró los derechos de litigio del Grupo Petersen Energía e IEASA (ex Enarsa), y Eton Park Capital Management, pidieron por escrito la ejecución de la sentencia, que busca cobrar una indemnización de u$s16.099 millones en acciones Clase D de la compañía privada de mayoría de estatal. Ya intentaron cobrarse con activos del Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y hasta el Banco Central, pero no lo lograron.

En esos escritos, Eton Park incorporó una transcripción traducida de una reciente conferencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof, donde justificó las razones de la expropiación impulsada en 2012 por la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Causa YPF: por qué apelaron los abogados de la Argentina antes de tiempo

En respuesta a esa presentación de los fondos, los abogados estadounidenses del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP contratado por la Procuración del Tesoro -hoy a cargo de Santiago María Castro Videla- respondieron con los principales argumentos esgrimidos por la Argentina, que rechazan el fallo de Preska y la entrega de acciones.

Según comentaron fuentes ligadas al caso, los estrategas del estudio apelaron sin aguardar por una definición de Loretta Preska sobre el pedido de “stay” realizado anteriormente. Esta apelación se esperaba para los próximos 15 días, no ahora. Posiblemente, los abogados esperan otro rotundo revés contra el país en este juicio, y una orden de embargo dirigida a instituciones financieras de EEUU. Por ese motivo y para ganar tiempo, decidieron presentar cuanto antes la apelación y que sea un tribunal de alzada el que defina los pasos a seguir.

YPF no forma parte del juicio, ni del proceso en el Segundo Distrito judicial de Nueva York, sino que es uno de los «botines» junto a Vaca Muerta del pleito entre privados y el Estado nacional. YPF no tiene abogados trabajando en el caso, ni forma parte de las negociaciones ni presentaciones oficiales.

De hecho, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, se mantuvo al margen del caso. «Yo soy ejecutivo, empleado de YPF, y Burford hizo un juicio a YPF y al Estado nacional. La jueza Preska falló a favor de YPF, falló en contra de la República. No puedo opinar«, apuntó.

Lo que Marín buscó resaltar es que la jueza quitó a YPF del centro del proceso, y focalizó las presuntas irregularidades en el accionar del Estado nacional, en particular, del Poder Ejecutivo y Legislativo.

Los motivos del rechazo de la Argentina a la sentencia de Loretta Preska

En el caso Eton Park, los abogados del Estado hablaron de “la naturaleza excepcional y cuestiones legales sin resolver” y destacaron que se trata de un caso sin precedentes, con un fallo en apelación y fundamentos jurídicos complejos. “Incluso el gobierno de Estados Unidos ha manifestado diferencias con la interpretación del tribunal”, destacan.

El temor del gobierno de EEUU es que el cumplimiento de un embargo forzado de empresas argentinas abra una jurisprudencia internacional que viole las leyes estadounidenses, porque al mismo tiempo permitiría -en un futuro hipotético- que haya algún tipo de reciprocidad y que la Argentina pueda hacer lo mismo -quedarse forzadamente- con alguna empresa o un activo soberano de EEUU.

Otro argumento es el daño irreparable e imposibilidad de cumplimiento legal, ya que ejecutar el “turnover” forzaría a la Argentina a violar su legislación nacional y a perder el control estatal sobre YPF de manera irreversible. Como dijo Axel Kicillof, las acciones de YPF «sólo se pueden entregar por una ley votada por dos tercios del Congreso» como lo establece la ley que se aprobó en 2012 por amplia mayoría parlamentaria.

Por último, se esgrimió la ausencia de perjuicio para los demandantes e interés público. Según la defensa argentina, no existe daño concreto si se suspende la ejecución, dado que la legislación local impide la venta de acciones sin aval legislativo. Además, avanzar con la orden afectaría a terceros no involucrados -como provincias y bonistas- y podría activar cláusulas perjudiciales para YPF.

Chubut se presentará en la Corte de Nueva York para defender su patrimonio

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, anunció que la provincia tomará acción legal en la Corte de Apelaciones de Nueva York para pedir el levantamiento del embargo impuesto sobre las acciones que le corresponden en YPF. Torres aseguró que defenderán con firmeza los derechos y el patrimonio de la provincia ante esta medida judicial.

Torres, acompañado por el vicegobernador Gustavo Menna y la diputada nacional Ana Clara Romero, dejó claro en un comunicado emitido desde la administración de YPF en Comodoro Rivadavia que “vamos a defender lo nuestro tanto de la demagogia kirchnerista como del atropello de un fallo de una jueza estadounidense que, por ignorancia, no contempla que las provincias petroleras somos accionistas de YPF”.