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Política

Vuelven a poner la moratoria previsional en agenda en Diputados

Los bloques buscarán forzar al oficialismo para que se debatan en comisión una serie de proyectos presentados a raíz del vencimiento de la moratoria previsional.

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La oposición se prepara para marcarle la agenda a La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados. Pidió una sesión para este martes a las 12 con los proyectos vinculados al caso $LIBRA como eje del día. Además, los bloques buscarán forzar al oficialismo para que se debatan en comisión una serie de proyectos presentados a raíz del vencimiento de la moratoria previsional, que atentarían contra el equilibrio fiscal que busca sostener el presidente Javier Milei.

Después de unas semanas de baja intensidad, la Cámara de Diputados retoma la actividad. Con la visita de Guillermo Francos para exponer su informe de gestión pautado para el 16 de este mes, la oposición puso un pie en el acelerador.

Los bloques de Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y Unión por la Patria intentarán avanzar antes de que el jefe de Gabinete exponga ante el pleno ya que el funcionario buscará sortear los pedidos de informes e interpelaciones a miembros del Ejecutivo con su presencia en el recinto.
Las sospechas de que Francos iría al Congreso crecieron a partir de una nota que recibieron la semana pasada, en las que se les anunció a los diputados que quedaba habilitado el envío de preguntas para la visita del ministro coordinador, que, tal como establece la Constitución Nacional, debe asistir todos los meses al Congreso a exponer su informe de gestión. El dato es que en la nota, al momento de aclarar el “tema” de la sesión especial, las autoridades de la Cámara no sólo indicaron que Francos expondrá sobre la “marcha de gobierno” sino que incluyeron los expedientes sobre pedidos de informes e interpelaciones vinculadas al caso $LIBRA.

La interpretación que hacen los impulsores de la sesión para este martes es que, con esa estrategia, Francos intentará “cancelar” los pedidos de informes y de interpelación que ya cuentan con dictamen de comisión. Entre los pedidos de interpelación, la oposición incluyó a al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el vocero Presidencial, Manuel Adorni; así como también a la secretaria de Presidencia, a Karina Milei. Y hasta hay un dictamen que apunta al asesor todoterreno Santiago Caputo y al presidente del Banco Central, Santiago Bausili. El de la Izquierda –que no firmó el pedido de sesión— pide que vaya el propio Milei a rendir cuentas.

Los desafíos de la oposición

Más allá de haberse puesto de acuerdo con el pedido de sesión, a la oposición le quedan varios desafíos por delante. Es por eso que se esperan reuniones entre los popes de las diferentes bancadas hasta la previa de la sesión.

Por un lado, hay quienes temen que los libertarios apelen a la estrategia de siempre: esta es, al filo de una sesión complicada, desde Casa Rosada levantan los teléfonos y, promesas mediante, logran bajar a los diputados que responden a sus jefes provinciales. Hasta acá resultó un éxito, al menos en la Cámara baja.
Algunos diputados ponen ahora la mira en el PRO. Luego de que los senadores macristas habilitaran el quórum y votaran en contra de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla esta semana, más de un opositor se ilusiona con que al menos un sector de los amarillos se sume a la jugada.

Ahora bien, sorteado el quórum, los bloques opositores deberán reunir los votos para que los textos avancen. Es que la dispersión de dictámenes en los pedidos de interpelación a funcionarios hacen que el resultado final de ese capítulo sea una moneda en el aire. “La idea es que de la sesión nos llevemos algo”, dijo uno de los diputados que trabaja para que el martes la jugada llegue a buen puerto.

El recuerdo de la comisión investigadora en el Senado sigue muy fresco: semanas atrás, la oposición quedó a un voto de aprobar la creación de una comisión que se aboque al caso $LIBRA. Los llamados de Casa Rosada torcieron la voluntad de algunos legisladores dispuestos a avanzar con la iniciativa, y el texto naufragó. Los diputados buscarán ahorrarse ese papelón.

Emplazamientos por doquier

Ante la negativa de José Luis Espert de abrir la comisión de Presupuesto y Hacienda que preside, la oposición volverá a apelar a la estrategia del emplazamiento. Esto es, reunir los votos suficientes para forzar a que una comisión se reúna para tratar y dictaminar un temario específico.

En este caso, los bloques buscarán ponerle fecha y hora al debate por una serie de iniciativas que buscan paliar los efectos del vencimiento, en marzo pasado, de la moratoria previsional sancionada durante el gobierno de Alberto Fernández. Días atrás, con UP a la cabeza, los bloques quedaron muy cerca de reunir el quórum para avanzar con esta agenda en Diputados.
Si bien esa sesión –que se convocó para horas después de la aprobación del DNU que habilitó el acuerdo con el FMI— fracasó, lo cierto es que surtió efecto. La titular de la comisión de Previsión y Seguridad Social, la radical Gabriela Brouwer de Koning, convocó a ese cuerpo de trabajo para el 9 de abril, a fin de empezar a tratar los proyectos en cuestión.

Ahora bien, por más que algunos de los proyectos previsionales reciban dictamen en la comisión de Previsión, necesariamente requieren del visto bueno de Presupuesto. De lo contrario, se requerirá del acompañamiento de dos tercios de los votos en Diputados para tratar el tema “sobre tablas”.
A grandes rasgos, los proyectos que están sobre la mesa van desde prórrogas a la moratoria vencida hasta un incremento excepcional y de emergencia de jubilaciones y pensiones; pasando por cambios en los cálculos de los haberes previsionales, para que estos sean proporcionales a los años de aporte, entre tantas otras iniciativas.

Asimismo, la oposición buscará emplazar a la comisión que lidera Espert para que avance con la declaración de Emergencia en Discapacidad. El tema ya pasó por las otras dos comisiones que debían tratarlo, que son la de Acción Social y Salud Pública y la de Discapacidad. El rechazo a la iniciativa, por parte de los libertarios, hace que Espert tampoco habilite su tratamiento en comisión.

Por último, los diputados buscarán avanzar con un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el estado de situación de la Obra Pública en ejecución, financiada por el gobierno nacional, en cada una de las provincias.

FUENTE: ámbito

Política

Mohamed y Madkur asumieron la conducción de la UNT hasta el 2030

Las nuevas autoridades juraron en el teatro Alberdi. El rector anunció medidas contra el abandono estudiantil, cambios en la emisión de títulos y mayor transparencia en el uso de los fondos de YMAD.

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Sergio Mohamed y Horacio Madkur asumieron anoche como rector y vicerrector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y estarán al frente de la casa de estudios hasta mayo de 2030. Durante el acto, realizado en el teatro Alberdi, Mohamed anticipó que su gestión seguirá los lineamientos del Plan Estratégico Institucional 2022-2030 y anunció medidas para reducir el abandono estudiantil, agilizar la entrega de títulos, disminuir la cantidad de docentes interinos y transparentar el destino de los fondos provenientes de YMAD.

La ceremonia comenzó a las 20.30 y se extendió durante poco más de dos horas. La vicerrectora subrogante, María Cristina Grunauer de Falú, tomó juramento a las nuevas autoridades y puso así fin a los tres meses de conducción interina que comenzaron el 1 de junio.

Entre los asistentes estuvieron el vicegobernador Miguel Acevedo; la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla; el diputado nacional Pablo Yedlin; la senadora nacional Sandra Mendoza; intendentes, ministros provinciales, integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, ex rectores de la UNT y rectores de universidades privadas de la provincia.

La hoja de ruta

En su primer discurso como rector, Mohamed combinó referencias a su historia personal con definiciones sobre el escenario que atraviesa la educación superior. Recordó que es nieto de un inmigrante sirio que no sabía leer ni escribir y destacó que la UNT le permitió obtener los títulos de técnico, ingeniero civil y magíster, además de ejercer la docencia durante 37 años.

Frente al escenario presupuestario nacional, sostuvo que la discusión sobre las universidades “no es una mera cuestión contable”. “Estamos debatiendo qué lugar ocupa el conocimiento en la Argentina y qué tipo de sociedad queremos construir”, afirmó.

También advirtió sobre las dificultades salariales y presupuestarias y sobre “el riesgo de perder el talento científico y tecnológico que nos costó años construir”.

Mohamed reivindicó la gestión de Sergio Pagani y Mercedes Leal, de la que formó parte como secretario de Obras y Planeamiento, y anticipó una línea de continuidad. Señaló que la hoja de ruta de su administración será el Plan Estratégico Institucional 2022-2030.

Entre las metas enumeró la implementación de un sistema de alerta temprana contra el abandono estudiantil, la creación de una oficina de egresados, la reducción a 60 días del plazo para la emisión de títulos y la disminución del 25% al 15% de la proporción de docentes interinos.

También se refirió al destino de las utilidades de YMAD. Aseguró que las prioridades para la ejecución de obras serán establecidas por el Consejo de Decanos y refrendadas por el Consejo Superior, y prometió publicar información detallada sobre cada proyecto.

“No podemos ni debemos permitir la más mínima duda sobre el destino de cada peso invertido”, enfatizó.

Además, convocó a un “gran acuerdo institucional” y resumió el objetivo para los próximos cuatro años: “Trataremos de que la película en el 2030 sea mejor”.

Foco en los estudiantes

Madkur también reivindicó el proceso iniciado durante el rectorado de José García y continuado por Pagani y Leal. Al referirse a Mohamed, destacó su experiencia y su método de trabajo.

“Una estructura se mide por lo que resiste. Y Sergio sabe de eso más que nadie. Su ejemplo de trabajo es para muchos de nosotros una medida”, expresó.

El nuevo vicerrector puso especialmente el foco en los alumnos. “Los estudiantes son una promesa, una promesa que la Universidad le hace al país”, afirmó. Y anticipó: “Como Mohamed, vamos a poner el foco solo en los estudiantes. No hay otro objetivo”.

También reivindicó a los trabajadores no docentes, de quienes señaló que “sostienen lo invisible y lo invisible es lo que más pesa”.

El respaldo de la Provincia

Acevedo ratificó el acompañamiento de la Provincia a las nuevas autoridades. “Creemos y confiamos en una universidad pública, gratuita y de calidad”, sostuvo.

El vicegobernador destacó además la expansión de la oferta académica hacia el interior y el boleto estudiantil gratuito como herramientas para favorecer la inclusión y reducir la deserción. Aseguró que los poderes Ejecutivo y Legislativo continuarán trabajando “a la par” de la UNT y recordó los convenios que la Legislatura mantiene con distintas unidades académicas.

Acevedo también explicó la ausencia del gobernador Osvaldo Jaldo. Señaló que el mandatario tenía otros compromisos previstos en su agenda, entre ellos una actividad en San Pablo, y que por cuestiones de tiempo no podía participar de ambos actos.

“Me pidió a mí que lo represente”, indicó el vicegobernador, quien transmitió el respaldo de Jaldo a Mohamed y Madkur y les deseó “el mayor de los éxitos” en la nueva gestión.

El cierre de la transición

La asunción marcó también el final del período de transición que atravesó la UNT durante los últimos tres meses. Grunauer de Falú, quien quedó al frente del Rectorado como vicerrectora subrogante desde el 1 de junio, volverá ahora a concentrarse en la conducción de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.

La actividad institucional continuará hoy. A las 17 se realizará la primera sesión ordinaria del Consejo Superior con Mohamed al frente del cuerpo y con la integración definitiva de sus miembros.

Entre los cambios estará la incorporación de Aída Olmos en representación de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, luego de que Mohamed dejara el Decanato para asumir la conducción de la Universidad.

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El Gobierno denunciará penalmente a cinco empresas petroleras que operan en Malvinas

La Oficina del Presidente informó que Pablo Quirno presentó una denuncia contra cinco compañías por la exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.

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El Gobierno nacional presentó una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, según informó este lunes la Oficina del Presidente. La presentación fue realizada por el canciller Pablo Quirno, con el patrocinio letrado del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.

La denuncia alcanza a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco Atlantic Oil & Gas Ltd. Según el comunicado oficial, algunas de estas compañías contarían presuntamente con licencias otorgadas por el Reino Unido para realizar actividades hidrocarburíferas en la Cuenca Malvinas Norte.

Qué plantea la denuncia del Gobierno

La Oficina del Presidente sostuvo que la presentación constituye una acción concreta para proteger los recursos naturales y defender la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, además de los espacios marítimos e insulares correspondientes.

En ese sentido, el Gobierno afirmó que continuará «investigando y promoviendo las acciones que sean necesarias para no dejar impune ningún acto que vulnere los derechos soberanos de la República Argentina».

El comunicado también informó que el presidente Javier Milei firmó una instrucción presidencial dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, para que se priorice en la elaboración del Proyecto de Presupuesto Nacional 2027 el desarrollo de la Base Naval Integrada Ushuaia y de otros proyectos estratégicos.

La instrucción establece que esos proyectos deberán ser incluidos en el presupuesto que será remitido al Congreso Nacional el próximo 15 de septiembre, con el objetivo de fortalecer la Seguridad Nacional y la protección de los intereses soberanos argentinos.

Según la Oficina del Presidente, las medidas forman parte de una política integral destinada a fortalecer las capacidades del Estado argentino para defender su territorio, proteger sus recursos naturales y resguardar sus intereses estratégicos.

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Política

El Estado debe pagarles 10 millones de dólares a los abogados de Cristina Kirchner

La Dirección Nacional de Vialidad había iniciado la demanda en 2018, durante la administración de Mauricio Macri, y reclamaba entonces $22.300 millones a la expresidenta y a otros involucrados pero el expediente quedó paralizado.

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Una grave omisión de las autoridades de Vialidad Nacional durante el gobierno de Javier Milei dejó al Estado al borde de tener que pagar casi US$10 millones en honorarios a los abogados de Cristina Kirchner y de los demás acusados en la causa Vialidad.

El desembolso todavía no está firme porque deberá ser revisado por la Corte Suprema. Sin embargo, se originó después de que el organismo estatal no impulsara dentro de los plazos correspondientes una demanda civil destinada a recuperar fondos públicos.

La inactividad del Estado había comenzado durante la presidencia de Alberto Fernández, pero la caducidad se terminó de consumar entre el 17 de marzo y el 7 de abril de 2025, cuando Javier Milei ya llevaba más de un año en el poder.

Durante ese período, las autoridades designadas para conducir Vialidad Nacional no realizaron las actuaciones necesarias para mantener vigente el reclamo. La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal consideró entonces que se había producido la “caducidad de la instancia” y dio por terminado el juicio.

El resultado de esa falla administrativa puede convertirse en un golpe millonario para las arcas públicas: los honorarios regulados a favor de doce abogados ascienden a $13.614 millones, equivalentes a casi US$10 millones con IVA incluido.

Es decir, mientras el Estado todavía intenta ejecutar el decomiso dispuesto contra Cristina Kirchner por su condena penal, una negligencia procesal de sus propios funcionarios podría obligar a todos los contribuyentes a pagar una cifra multimillonaria a las defensas.

La Dirección Nacional de Vialidad había iniciado la demanda en 2018, durante la administración de Mauricio Macri, y reclamaba entonces $22.300 millones a la expresidenta y a otros involucrados. El objetivo era obtener una reparación económica por las presuntas irregularidades investigadas en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz.

Pero el expediente quedó paralizado. Aunque la falta de actividad se arrastraba desde la gestión anterior, el plazo decisivo venció bajo la administración libertaria sin que las autoridades de Vialidad consiguieran evitarlo.

Después de perder el juicio, el organismo presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema. El máximo tribunal deberá resolver si confirma la caducidad o si permite reabrir la demanda y evita que el Estado deba afrontar los honorarios.

Por ahora, la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal suspendió el trámite de regulación y cobro hasta que se conozca la decisión de la Corte. Por esa razón, los casi US$10 millones todavía no fueron pagados ni pueden considerarse una obligación definitivamente firme.

Los abogados de Cristina Kirchner, Luis Goldín y Fernando Muriel, acudieron directamente al máximo tribunal para intentar destrabar el cobro. Denunciaron una supuesta “privación de justicia” y solicitaron que se anule la resolución que mantiene congeladas las regulaciones.

Del total cercano a US$10 millones, los representantes de la expresidenta tienen regulados aproximadamente US$575.764: unos US$359.354 para Goldín y US$216.410 para Muriel. El resto corresponde a los abogados de los otros acusados y absueltos alcanzados por el juicio.

El profesional con la regulación más elevada es Miguel Ángel Arce Aggeo, defensor de Juan Carlos Villafañe y José Raúl Santibáñez, quien podría percibir alrededor de US$2,4 millones. Mariano Fragueiro Frías y Mario Fernando Ganora tienen asignados cerca de US$1,2 millones cada uno.

Otros letrados cuentan con honorarios calculados entre aproximadamente US$433.000 y US$867.000, según las personas a las que representaron y las tareas desarrolladas dentro del expediente.

La regulación fue realizada el 9 de abril de 2026. Los abogados la consideraron insuficiente, mientras que Vialidad sostuvo que los montos eran excesivos. Posteriormente, el 14 de julio, los camaristas Florencia Nallar y Juan Perozziello Vizier resolvieron frenar el procedimiento hasta que se pronuncie la Corte.

El caso expone una contradicción difícil de explicar: el Estado buscaba recuperar una suma multimillonaria, dejó vencer el juicio por falta de impulso y ahora corre el riesgo de terminar pagando casi US$10 millones a las defensas.

La responsabilidad administrativa atraviesa dos gobiernos, pero el momento determinante ocurrió durante la presidencia de Milei. Las autoridades de Vialidad que estaban en funciones no evitaron la caducidad y dejaron abierta una factura que, si la Corte confirma el fallo, será afrontada con recursos públicos.

Ahora el máximo tribunal tiene en sus manos dos discusiones económicas vinculadas con Cristina Kirchner: por un lado, el recurso de Vialidad para intentar revivir la demanda civil; por otro, la presentación de los abogados que pretenden avanzar con el cobro de sus honorarios.

Hasta que la Corte se expida, el pago permanece suspendido. Pero la falla ya dejó al Estado expuesto a perder definitivamente el reclamo y cargar sobre los contribuyentes una obligación cercana a los US$10 millones.

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