El gobernador, Osvaldo Jaldo, recibió en su despacho al presidente del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, Fernando Juri, con quien mantuvo una reunión de carácter institucional en la que analizaron distintos temas de interés para la provincia y, particularmente, para la ciudad capital.

El encuentro estuvo centrado en una agenda de trabajo que incluyó aspectos de la situación económica, el transporte y el planeamiento urbano, además de otras cuestiones vinculadas al funcionamiento institucional y a las necesidades de San Miguel de Tucumán.

Durante la reunión, Jaldo y Juri intercambiaron opiniones sobre el escenario actual y la importancia de sostener espacios de diálogo y articulación entre el Gobierno provincial y las instituciones de la Capital.

En materia de transporte, se abordaron cuestiones relacionadas con la movilidad urbana y los desafíos que presenta el crecimiento de la ciudad, mientras que también se analizaron aspectos vinculados a la planificación y el desarrollo urbano.

La situación económica provincial formó parte asimismo de la agenda, en un contexto que requiere coordinación entre los distintos niveles institucionales para acompañar las demandas de la comunidad y avanzar en políticas que contribuyan al desarrollo de Tucumán.

La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán declaró la inconstitucionalidad del artículo 1° de la Ley 27.609, que estableció la fórmula de movilidad jubilatoria sancionada a fines de 2020, al resolver parcialmente a favor de un jubilado que demandó a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) por la pérdida de poder adquisitivo de sus haberes.

La sentencia fue firmada por los camaristas Ricardo Sanjuan, Marina Cossio, Mario Leal, Patricia Moltini y Fernando Poviña. El tribunal revocó parcialmente lo decidido en primera instancia, particularmente en lo referido al diferimiento del tratamiento de la constitucionalidad del régimen de movilidad.

El eje de la controversia estuvo centrado en la evolución de los ingresos del jubilado frente al avance de la inflación y los salarios. Al analizar el planteo, la Cámara consideró que el mecanismo contemplado por la Ley 27.609 no satisface los estándares derivados de los artículos 14 bis, 16 y 17 de la Constitución Nacional, así como tampoco las garantías reconocidas por los tratados internacionales de derechos humanos incorporados al orden constitucional.

Para fundamentar su decisión, los magistrados aplicaron el criterio que el propio tribunal había establecido recientemente en la causa “Navarro”. Sin embargo, la declaración de inconstitucionalidad no implica automáticamente que cualquier sistema alternativo de actualización deba reemplazar la fórmula cuestionada.

De acuerdo con el fallo, la inaplicabilidad del mecanismo establecido por la Ley 27.609 operará únicamente cuando el cálculo alternativo represente una mejora efectiva en los haberes correspondientes al jubilado. De esta manera, el impacto económico concreto deberá surgir de la comparación de los respectivos cálculos.

La Cámara también modificó otro aspecto de la sentencia de primera instancia relacionado con la prescripción bienal y, en consecuencia, con el período por el cual deberán calcularse las eventuales diferencias retroactivas.

El juzgado de origen había considerado mayo de 2023 como fecha inicial de la gestión administrativa. Sin embargo, los camaristas comprobaron en el expediente que la solicitud de turno había sido realizada el 21 de marzo de ese año.

A partir de esa constatación, el tribunal determinó que las diferencias que eventualmente correspondan a Moreno deberán liquidarse desde el 21 de marzo de 2021. La modificación incorporó así dos meses adicionales al período retroactivo reconocido inicialmente.

El jubilado, no obstante, no obtuvo una resolución favorable sobre todos sus reclamos. La Cámara rechazó el pedido destinado a redeterminar la Prestación Básica Universal (PBU) al considerar que sobre esa cuestión existía cosa juzgada.

Para adoptar esa decisión, los jueces tuvieron en cuenta que Moreno, representado por la abogada María de los Ángeles Argañaraz, había celebrado voluntariamente un acuerdo dentro del régimen de Reparación Histórica previsto por la Ley 27.260.

Ese convenio había sido homologado judicialmente en abril de 2019 y contemplaba el desistimiento de posteriores reclamos vinculados con el reajuste o recálculo del haber inicial. Para la Cámara, ese antecedente impedía reabrir ahora la discusión respecto de la PBU.

El pronunciamiento también resultó adverso para Anses en materia de costas. El tribunal rechazó los agravios presentados por el organismo previsional y le impuso los gastos correspondientes a la segunda instancia por su condición de parte vencida, de acuerdo con el artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

La sentencia establece así un criterio relevante dentro de la jurisdicción federal tucumana para las causas que cuestionan la movilidad previsional prevista por la Ley 27.609. Su alcance, sin embargo, queda sujeto a la evolución del expediente y a una eventual intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en caso de que Anses interponga y prospere un recurso por la vía extraordinaria.