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Política

Un legislador y una ex funcionaria investigados por un millonario daño patrimonial a la Provincia

Se trata de Hugo Ledesma y Lorena Málaga, quienes encabezan una lista de investigados por el envío de mercadería del Ministerio de Desarrollo Social a la Caja Popular de Ahorros.

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El Tribunal de Cuentas de Tucumán habría iniciado un Juicio de Responsabilidad por un presunto daño patrimonial al Estado de $ 26.791.604,22, derivado de entregas irregulares de mercadería del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) a la Caja Popular de Ahorros – ART (CPA) durante el año 2023.

 

 

La medida, dispuesta en el Acuerdo N.º 5140 del 10 de noviembre de 2025, fue firmada por los vocales Miguel Chaiben Terraf, Sergio Miguel Díaz Ricci y Marcelo Vidal.

El origen de la causa

El caso se originó a partir de una auditoría del Departamento de Contadores Fiscales, que detectó 12 órdenes de entrega emitidas por el MDS bajo la gestión de la entonces ministra Lorena Málaga Barros Sosa, todas destinadas a la Caja Popular.

 

 

Los bienes entregados —mercadería, chapas, mesas, sillas y cuchetas— se otorgaron sin respaldo normativo ni convenio vigente, situación que vulnera el Decreto 2348/4-MDS-2010, que limita los subsidios sociales a personas vulnerables, entidades privadas o entes públicos no estatales. La Caja Popular, por su condición de ente autárquico provincial, no encuadra en ninguna de esas categorías.

 

 

El informe del Tribunal reveló un circuito administrativo irregular, sin trazabilidad ni documentación que justificara el destino social de los bienes. En los expedientes no figuran notas de pedido de beneficiarios finales ni comprobantesque acrediten la entrega a familias o instituciones necesitadas.

 

 

En cambio, los registros muestran que la mercadería fue retirada por funcionarios y empleados de la CPA, o por personas particulares autorizadas por ellos, sin constancia de que los productos llegaran a su supuesto destino.

La resolución ordena iniciar un Juicio de Responsabilidad contra ocho personas:

  • Lorena Málaga Barros Sosa, ex ministra de Desarrollo Social, por autorizar las entregas sin respaldo legal;
  • José César Díaz, interventor de la Caja Popular, por recibir y derivar las mercaderías;
  • Hugo Guillermo Ledesma, subinterventor en 2023 y actual legislador provincial, por designar terceros para los retiros;
  • Jorge Alberto Garay, agente de la CPA, involucrado en varias órdenes;
  • Flavio Gerardo Corres, empleado de la entidad, quien también retiró mercadería;
  • y los particulares Luis Enrique Carranza, Carlos Emilio Nallib Budeguer y Julio Bernardo Naser, que participaron en las entregas.

Sin declaraciones ni respuesta

El Tribunal destacó que la mayoría de los implicados no declaró durante la instrucción y que la Caja Popular no respondió a los requerimientos formales del organismo de control.

 

La Co-Instructora Contable del proceso estimó el perjuicio económico en $26,8 millones, actualizado al 31 de enero de 2025, tomando como base las facturas de proveedores y aplicando la tasa activa del Banco Nación. Los hechos fueron encuadrados en los artículos 121, 129, 151, 154 y 155 de la Ley N.º 6970, que establecen la responsabilidad de funcionarios y terceros que intervengan indebidamente en la administración de fondos públicos.

 

 

El Acuerdo N.º 5140 dispuso además:

  • Concluir la Comprobación Sumaria iniciada en 2024;
  • Nombrar al Dr. Alejandro Salas Oroño como Instructor Legal y al C.P.N. Roger Valor como Co-Instructor Contable;
  • Notificar al Ministerio Público Fiscal por posible malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes de funcionario;
  • Comunicar el caso a la Corte Suprema de Justicia, a la Legislatura Provincial —por la implicación del legislador Ledesma— y al Poder Ejecutivo.

El proceso administrativo no implica una sanción inmediata, pero abre la vía para determinar si los bienes fueron mal adjudicados y si existió un perjuicio económico concreto para el Estado. En paralelo, la intervención del Ministerio Público podría derivar en una causa penal si se confirma la comisión de delitos contra la administración pública.

El expediente reviste especial relevancia institucional al involucrar a altos funcionarios de la gestión 2023 y a un legislador en funciones, lo que amplía el alcance político y judicial de la investigación. El Tribunal advirtió que el monto bajo análisis refleja el valor actualizado de mercadería sin justificación de entrega, y que la trazabilidad de los bienes será el eje central para definir las responsabilidades patrimoniales y penales de los implicados. /Los Primeros/

Política

Jaldo se refirió a la demanda de la oposición: “El primer testigo que vamos a llamar es Juan Manzur»

«Manzur va a volver a declarar en la provincia de Tucumán. Y capaz que no solo volver sino también devolver. Así que él va a venir a la provincia de Tucumán”, remarcó Jaldo.

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Durante una conferencia de prensa en la que rechazó la demanda de la oposición contra el artículo 90 de la Constitución de Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo también dirigió críticas al senador Juan Manzur y a otros dirigentes opositores. El mandatario sostuvo que la presentación judicial busca apartarlo de la competencia electoral de 2027 y afirmó que Manzur será convocado como testigo en el proceso.

Jaldo calificó la acción judicial como una maniobra política “para sacar de la cancha” a quien, según dijo, ganará las próximas elecciones. Al cerrar la conferencia, planteó: “En este juicio al primer testigo que vamos a llamar es a Juan Manzur”.

Las críticas a la Convención Constituyente

Durante su exposición sobre la acción declarativa de inconstitucionalidad, el gobernador cuestionó al senador, aunque en un primer momento no lo mencionó por su nombre. Lo acusó de objetar “a través de bambalinas” una disposición que, según Jaldo, Manzur había redactado en 2006, cuando presidió la Convención Constituyente que elaboró la actual Constitución provincial.

 

También se refirió al intento de Manzur de postularse como vicegobernador en 2023, después de haber cumplido dos períodos como gobernador y dos como vicegobernador. Jaldo sostuvo que esa candidatura habría buscado abrir paso a un nuevo mandato y afirmó: “Ha querido buscar un quinto mandato y la Constitución de Tucumán es muy clara: no se puede tener un quinto mandato en la provincia de Tucumán. Al Cañito se lo hicieron a él”.

El gobernador respondió a los cuestionamientos opositores

Al ser consultado sobre las objeciones planteadas por el presidente de La Libertad Avanza, Lisandro Catalán; el diputado Mariano Campero, de Cambia Tucumán; otros sectores de la oposición y el propio Manzur, Jaldo distinguió entre las declaraciones públicas y la presentación judicial.

Sobre Catalán, expresó: “Lo escuché al candidato de LLA y lo he visto un poquito más ubicado que los que hicieron este tipo de presentación, ya que hacía referencia a que para impugnar a alguien hacía falta que concrete la candidatura. Eso se va a concretar el 9 de abril. Antes es imposible, es abstracto”.

Luego se refirió a Manzur, quien, según Jaldo, manifestó en afiches su intención de competir por la gobernación en 2027, aunque no lo hizo verbalmente. “En el caso del candidato Manzur, que no escuché que haya lanzado una candidatura, creo que apenas pega afiches, nada más. La verdad que en este juicio al primer testigo que vamos a llamar es a Juan Manzur”, dijo.

El gobernador argumentó que Manzur ejerció dos mandatos al frente de la provincia: el primero, tras ser elegido por primera vez, y el segundo, luego de la reelección prevista en el artículo 90. “Manzur tuvo dos mandatos de gobernador, que es lo que hoy se le quiere prohibir al gobernador Osvaldo Jaldo. Aspiro a una reelección, como la aspiró Manzur y llegó a ser gobernador por cuatro años más”, sostuvo.

Jaldo agregó que el senador será convocado cuando la Provincia sea notificada en el expediente. También recordó que Manzur presidió la Convención Constituyente y cuestionó su posición actual: “Es decir que él la hizo y ahora va en contra de lo que hizo. Bueno, estamos acostumbrados: nunca hizo las cosas bien. Pero también hay que aclarar: Manzur va a volver a declarar en la provincia de Tucumán. Y capaz que no solo volver sino también devolver. Así que él va a venir a la provincia de Tucumán”.

El cruce entre Jaldo y Manzur

La semana anterior, durante un acto por el Día de la Lealtad en Villa Luján, Manzur le había dicho al gobernador: “Jaldo, no te tengo miedo”. En esa ocasión, también respondió a una declaración previa de Jaldo, quien había afirmado que lo esperaba a él y a sus seguidores “el 9 de mayo de 2027 en las urnas”.

Manzur, por su parte, había expresado: “No me invite Jaldo a un lugar que no sabe si va a estar usted. Yo voy hasta el final y vamos a recuperar el peronismo para Tucumán”.

La respuesta a Campero

Jaldo también contestó a Campero, quien había afirmado que el gobernador “está flojo de papeles”. El mandatario rechazó esa caracterización y respondió: “Con mucho respeto le digo que ellos no están flojos de papeles, sino que están cortos de papeles y muy blanditos de cuerpo porque saben muy bien que en Tucumán, el 9 de mayo, el gobernador que hoy gobierna va a seguir gobernando la provincia”.

Para concluir, sostuvo que la presentación judicial, a su entender, ratifica el resultado electoral que espera para 2027: “Esta presentación no hace más que reconocer y corroborar los resultados de las elecciones del 9 de mayo”.

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Política

Reelección de Jaldo: «se quiere sacar de la cancha a un candidato” denunció el mandatario tras la demanda de la oposición

El gobernador se refirió al pedido de inconstitucionalidad promovido por sectores opositores sobre la reelección de autoridades provinciales. Ratificó que respetará el fallo judicial y aseguró que la norma es clara y vigente desde 2006.

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El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, respondió con dureza a la demanda presentada por cuatro partidos opositores ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para cuestionar su eventual reelección. El mandatario defendió la vigencia de la Constitución provincial, rechazó los argumentos sobre una posible permanencia indefinida en el poder y desafió a sus adversarios de cara a las próximas elecciones.

Durante una conferencia de prensa realizada en la Casa de Gobierno, Jaldo sostuvo que el artículo 90 de la Constitución tucumana establece con claridad las condiciones para acceder a los cargos de gobernador y vicegobernador.

El mandatario recordó que la Carta Magna provincial tiene casi dos décadas de vigencia y que, durante ese período, los tres poderes del Estado desarrollaron sus funciones respetando sus disposiciones.

En ese sentido, aseguró que el artículo cuestionado está redactado “con total claridad” y “con total contundencia”, por lo que consideró que no admite interpretaciones diferentes.

Jaldo defendió el artículo 90 de la Constitución provincial

El gobernador sostuvo que las limitaciones de los mandatos se aplican a todos los cargos electivos de la provincia y negó que exista algún privilegio especial para el Poder Ejecutivo.

“Si nosotros nos ponemos en los diferentes cargos institucionales de la provincia, hoy con toda contundencia un comisionado comunal tiene derecho a un mandato y reelección. Si vamos a los intendentes, tienen el derecho a un mandato y a una reelección. Si vamos a los concejales y a los legisladores provinciales, también”, expresó.

Y agregó: “Acá no hay coronita para nadie ni privilegios absolutamente para nadie”.

La demanda opositora sostiene que el artículo 90 permitiría una continuidad prolongada en el poder mediante la alternancia entre los cargos de gobernador y vicegobernador.

Según ese planteo, una misma persona podría permanecer hasta 16 años consecutivos en los principales cargos del Poder Ejecutivo provincial.

Sin embargo, Jaldo rechazó esa interpretación y argumentó que se trata de funciones institucionales distintas.

“Hablan de 16 años y toman ocho años del vicegobernador y ocho años del gobernador. No sé con qué intención lo hacen cuando son diferentes cargos”, cuestionó.

El mandatario insistió en que las responsabilidades de ambos puestos no son equivalentes y apeló a una explicación sobre la división de poderes.

“Y esto es de instrucción cívica de un colegio secundario de segundo o tercer año: el Poder Legislativo es uno y el Poder Ejecutivo es otro. Por eso nunca pueden existir 16 años de mandato de nadie”, afirmó.

Fuertes críticas contra Mariano Campero y la oposición

Más allá de los argumentos constitucionales, Jaldo trasladó la discusión al terreno electoral y apuntó directamente contra el diputado nacional Mariano Campero, uno de los principales impulsores de la presentación judicial.

El gobernador sostuvo que la oposición busca impedir su candidatura porque considera que no tiene posibilidades de derrotarlo en las urnas.

“Con mucho respeto le digo que ellos no están flojos de papeles. Ellos están cortos de papeles y muy blanditos de cuerpo. Saben muy bien que en Tucumán, el 9 de mayo, el gobernador que hoy gobierna va a seguir gobernando”, disparó.

Jaldo interpretó que el planteo ante la Corte Suprema responde a una estrategia política destinada a excluirlo de la próxima competencia electoral.

“Con seis meses de anticipación, estos sectores de la oposición ya saben qué espacio político va a ganar el 9 de mayo. No hay otra explicación para este tipo de presentación”, aseguró.

En esa misma línea, afirmó que la demanda representa un reconocimiento anticipado de la fortaleza electoral del oficialismo.

“Esta presentación no hace más que reconocer y corroborar los resultados de las elecciones. Se quiere sacar de la cancha a un candidato, a quien tiene mayores posibilidades y va a ganar, que se llama Osvaldo Francisco Jaldo”, sostuvo.

La Provincia defenderá su posición ante la Corte Suprema

Durante la conferencia, el gobernador estuvo acompañado por la fiscal de Estado de Tucumán, Gilda Pedicone, quien confirmó que la Provincia fue notificada sobre la presentación judicial.

La demanda fue registrada bajo la carátula “Cambia Tucumán contra Superior Gobierno de la Provincia” y cuestiona la constitucionalidad del régimen de mandatos establecido en el artículo 90.

Pedicone adelantó que el Estado provincial responderá formalmente al planteo y defenderá la autonomía de Tucumán frente al máximo tribunal nacional.

“Defender esta causa no es una opción, es una obligación. Como fiscal de Estado tengo que ponerme en este rol para defender la autonomía provincial”, manifestó.

La funcionaria coincidió con Jaldo en que los cargos de gobernador y vicegobernador tienen atribuciones diferentes y deben analizarse de manera independiente.

En ese sentido, señaló que ambos puestos “son independientes uno de otro, con mandatos que corresponden cada uno a un plazo”.

La interpretación oficial sobre la candidatura de Jaldo

La fiscal de Estado también defendió la posibilidad de que Jaldo vuelva a presentarse como candidato a gobernador y aseguró que esa alternativa está contemplada expresamente en la Constitución provincial.

“El último párrafo del artículo 90 autoriza que quien haya sido vicegobernador puede postularse a ser gobernador, y de hecho el gobernador ejerce esa conducta”, explicó.

Y concluyó con una frase contundente: “Más claro, echale agua”.

De esta manera, el Gobierno tucumano dejó en claro que sostendrá la validez del artículo 90 y defenderá judicialmente la eventual candidatura de Jaldo.

La controversia quedará ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mientras el oficialismo y la oposición profundizan sus diferencias de cara a las próximas elecciones provinciales.

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Política

Campero llevó a la Corte su impugnación contra la reelección de Jaldo: “Está flojo de papeles”, dijo

El diputado consideró que existen antecedentes judiciales en otras provincias que podrían respaldar el planteo y volvió a cuestionar la situación institucional de Tucumán

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El diputado nacional por Cambia Tucumán, Mariano Campero, presentó este lunes ante la Corte Suprema de Justicia una impugnación contra el artículo 90 de la Constitución provincial, que regula las posibilidades de reelección para los cargos de gobernador y vicegobernador. El planteo apunta a cuestionar la norma en el marco de la discusión sobre una eventual continuidad de Osvaldo Jaldo al frente del Poder Ejecutivo.

“Vamos a objetar esa norma porque entendemos que es violenta y atenta y posterga a nuestra provincia”, sostuvo Campero al referirse a la presentación, que fue trabajada junto con un equipo de abogados encabezado por el legislador Manuel Courel y representantes de distintos espacios políticos.

La oposición abre una batalla judicial contra la reelección de Jaldo

Campero sostuvo que la discusión excede la situación particular del gobernador y planteó que la seguridad jurídica es una condición necesaria para el desarrollo provincial. “Tucumán es una provincia con mucha inseguridad jurídica, en donde siempre estamos acostumbrados a que se haga lo que se quiera”, expresó.

Mariano Campero cuestionó la posibilidad de reelección de Osvaldo Jaldo y llevó el planteo ante la Corte de Tucumán.

“Todo esos problemas son virtud de un gobierno que viene hace muchos años dedicado exclusivamente al armado político y a ver cómo se perpetúan en el poder saltando de vicegobernador a gobernador”, cuestionó. /La Gaceta/

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