A nueve meses del hecho, el próximo lunes dará inicio el juicio oral por el femicidio de Érika Antonella Álvarez. El debate sentará en el banquillo de los acusados a Felipe «El Militar» Sosa, imputado como autor del homicidio, y a tres personas señaladas por realizar maniobras para ocultar el hecho. La meta central de las audiencias será colocar la pieza faltante de la causa: determinar con certeza cuál fue el móvil del crimen.

La teoría del fiscal Pedro Gallo sostiene que durante la madrugada del 7 de enero, la joven se trasladó en un auto de la plataforma Uber hacia la vivienda de Sosa en Yerba Buena. En ese inmueble, el acusado la habría atacado a golpes hasta quitarle la vida. Posteriormente, con la complicidad de Justina Gordillo —su ex pareja y empleada judicial—, Nicolás Navarro Flores —amigo personal— y Jorge «Chicho» Díaz —empleado de su firma que permanece detenido en el penal de Benjamín Paz—, habría trasladado el cuerpo hasta un descampado en Manantial Sur para destruir evidencias e intentar fugarse.

Para abordar lo sucedido en la vivienda, la querella y la defensa apelan a distintos enfoques sobre la palabra «exceso». El abogado representante de la familia de la víctima, Carlos Garmendia, sostiene que Sosa golpeó salvajemente a la joven en un entorno atravesado por el consumo de estupefacientes, remarcando que el imputado cuenta con antecedentes por violencia de género y transformaciones de conducta asociadas al consumo de sustancias.

En contraposición, el defensor de Sosa, Marcelo Cosiansi, afirma que la muerte habría sido accidental durante un encuentro íntimo consentido con consumo de drogas. La defensa cuestiona los peritajes del expediente, señalando limitaciones en la autopsia por la ausencia de estudios histopatológicos y toxicológicos, argumentando que no existe una explicación médica uniforme sobre el deceso.

La pista del narcotráfico y el testigo clave

Dentro de la causa también se evaluaron posibles nexos con el narcotráfico. La víctima mantenía una relación sentimental con Carlos «El Mayor» Ferreyra, un ciudadano paraguayo con pedido de captura internacional por drogas, quien habría presentado a Érika con Sosa. Según la investigación, Sosa comercializaba pastillas de éxtasis en fiestas electrónicas, mientras que la víctima actuaba como consejera de Ferreyra en sus operaciones comerciales.

El testimonio determinante del juicio estará a cargo de Nicolás Navarro Flores, quien ya recibió una condena de tres años de prisión efectiva mediante un juicio abreviado por encubrimiento. Representado por los abogados Patricio Char y Candelaria Hernández, la declaración del testigo estrella podría aportar detalles de vital importancia para comprometer la situación procesal de Gordillo y agravar el panorama judicial del propio Sosa.

(Fuente: Gustavo Rodríguez – LG)

La Municipalidad de Tafí Viejo prepara una presentación ante la Justicia Federal para intentar frenar la incorporación de los históricos Talleres Ferroviarios al proceso de privatización de Belgrano Cargas y Logística. La iniciativa recibió el respaldo unánime del Concejo Deliberante, que aprobó una ordenanza para impulsar las medidas administrativas y judiciales destinadas a proteger el predio de 23 hectáreas, cuya titularidad todavía no fue esclarecida.

La controversia se originó a partir de la Resolución 1761/2026 del Ministerio de Economía de la Nación, que incorporó instalaciones ferroviarias al esquema de reorganización y privatización de la empresa estatal. La decisión generó preocupación en las autoridades municipales por el futuro de los talleres, su patrimonio histórico y los aproximadamente 50 trabajadores que actualmente realizan tareas de mantenimiento y reparación de vagones.

El fiscal municipal, Víctor Schedan, explicó que existen antecedentes legales que podrían cuestionar la inclusión del inmueble en el proceso impulsado por el Gobierno nacional.

Según detalló, durante la gestión del ex gobernador Ramón Ortega, en la década de 1990, se acordó la donación de los terrenos a la Provincia de Tucumán. Aunque la operación fue aceptada por las autoridades del Ferrocarril General Belgrano, nunca se completó la transferencia formal de la propiedad.

“Al día de hoy nunca se concretó la transferencia de un inmueble a nombre de la provincia, eso es algo que está pendiente de hacer”, señaló el funcionario.

Ante esta situación, el municipio pretende esclarecer los derechos existentes sobre el predio y, si la Nación mantiene su decisión, promover una acción de amparo para solicitar la nulidad de la medida.

El respaldo político quedó formalizado mediante la ordenanza 022/2026, aprobada por los 12 concejales durante una sesión extraordinaria celebrada el lunes.

El presidente del Concejo Deliberante, Maximiliano Córdoba, explicó que el proyecto fue modificado para otorgar respaldo institucional a las acciones que corresponda impulsar al Departamento Ejecutivo.

También aclaró que la ordenanza no implica reconocer automáticamente al municipio como propietario de los terrenos, sino establecer las herramientas necesarias para determinar su situación jurídica.

“Con esta ordenanza no estamos diciendo que el municipio haya adquirido automáticamente la propiedad de las 23 hectáreas”, sostuvo Córdoba.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Pablo Della Torre, anticipó que la presentación judicial podría concretarse en los próximos días.

El funcionario cuestionó la falta de precisiones sobre el destino de las instalaciones y manifestó preocupación por la continuidad de las actividades ferroviarias y los puestos de trabajo.

El complejo comprende aproximadamente 22 hectáreas destinadas a talleres y otra hectárea correspondiente a la estación ferroviaria. Algunas construcciones se remontan al siglo XIX y cuentan con protección patrimonial municipal.

Della Torre recordó que la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Tucumán realizó estudios sobre el valor histórico y las condiciones de conservación de los edificios, antecedentes que podrían contribuir a fundamentar su preservación.

La defensa del predio también recibió el acompañamiento de sectores opositores, aunque surgieron diferencias sobre las alternativas para recuperar su actividad productiva.

El concejal del PRO Benjamín Terraf respaldó las acciones destinadas a esclarecer la situación de los terrenos, pero sostuvo que la participación de empresas privadas podría representar una oportunidad para revitalizar el complejo.

“Estoy absolutamente de acuerdo con que el sector privado venga a invertir en Tafí Viejo”, afirmó.

No obstante, consideró que cualquier proyecto debería garantizar inversiones productivas, generación de empleo y continuidad de las tareas ferroviarias.

Terraf propuso mantener la reparación de vagones, incorporar nuevas actividades industriales y conformar una mesa de diálogo entre representantes de la Nación, la Provincia y el Municipio.

Mientras las autoridades locales avanzan con la estrategia judicial, permanece sin definición el futuro de uno de los establecimientos industriales más emblemáticos de Tafí Viejo.

La resolución del conflicto dependerá, en buena medida, del esclarecimiento de la titularidad de las 23 hectáreas y del alcance que pueda tener la privatización sobre las instalaciones.

El municipio buscará impedir que el predio sea transferido sin resolver previamente su situación dominial y sin establecer garantías sobre la preservación del patrimonio histórico y la continuidad de la actividad ferroviaria.