En las últimas semanas, diversas empresas de distintos rubros quedaron en el centro de la escena nacional debido a cierres, quiebras o severas dificultades financieras. Entre los casos más emblemáticos aparecen el cierre de la histórica fábrica de neumáticos Fate, la quiebra de la cadena de electrodomésticos Garbarino y la crisis de la láctea Verónica. Estas situaciones son apenas la punta del iceberg de un problema estructural que atraviesan distintos sectores productivos y regiones del país.

En paralelo a la desaparición de empresas, la información de la Secretaría de Trabajo refleja un crecimiento alarmante de los procedimientos preventivos de crisis, la instancia legal previa a los despidos masivos donde las firmas negocian con los sindicatos para evitar cierres definitivos. Mientras que en 2023 hubo 42 casos en trámite, la cifra saltó a 131 en 2024 y trepó a 158 en 2025. En lo que va de 2026, ya se registran 21 expedientes abiertos, entre los que se destacan grandes firmas como la fábrica de termos Lumilagro y la avícola Tres Arroyos.

Desde el sector comercial, el CEO de una reconocida cadena nacional de electrodomésticos advirtió que la rentabilidad de su rubro cayó cerca de un 50%. Explicó que la llegada de mercadería importada obligó a los actores locales a rematar productos a precios extremadamente bajos para poder seguir vendiendo, todo esto en un contexto donde el encarecimiento del crédito obligó a muchas firmas a endeudarse o vender cheques, disparando los niveles de morosidad.

El panorama no es mejor en el sector agroindustrial. Un productor lechero cordobés detalló que el precio de equilibrio para el litro de leche ronda los $550, pero el tambero recibe en promedio apenas $478 a nivel nacional. A este desfase se le suman tasas de interés que oscilan entre el 45% y el 65% anual y una asfixiante carga impositiva que representa cerca del 30% del precio final en las góndolas.

Desde el ámbito legal, Valentín Martínez, socio de un estudio jurídico especializado en concursos de acreedores, explicó que el cambio en las condiciones macroeconómicas generó tensiones financieras insostenibles. «Hay estructuras empresarias muy grandes a las que los costos fijos les aumentaron significativamente mientras que la rentabilidad se redujo. A esto se sumó una suba de tasas que encareció el financiamiento, llevando a muchas empresas a utilizar capital de trabajo para afrontar salarios o indemnizaciones», detalló el letrado, confirmando un fuerte aumento en las consultas de pymes con deudas que van de los $2.000 millones a los $10.000 millones.

La industria manufacturera es, sin dudas, una de las más golpeadas por la coyuntura. Según el último Monitor de Desempeño Industrial elaborado por la Unión Industrial Argentina (UIA), el 45,6% de las empresas tiene dificultades para afrontar pagos básicos como salarios, proveedores, compromisos financieros, servicios públicos o impuestos. El informe revela que casi la mitad de las firmas (46,1%) identifica la caída de la demanda interna como su principal problema, mientras que la preocupación por la dificultad para competir con bienes importados pasó de ser nula a fines de 2024 a representar casi el 20% de las quejas en enero de 2026.

Desde la entidad fabril advirtieron que el debate debe ir más allá de la apertura de importaciones y contemplar las condiciones desiguales en las que produce la industria local. «En muchos países se subsidian servicios e insumos, mientras que acá las empresas enfrentan altos costos de financiamiento, logística, tasas municipales e Ingresos Brutos a nivel provincial. Las empresas trabajan puertas adentro para ser eficientes, pero cuando cruzás la fábrica aparecen estas cargas impositivas nacionales y provinciales que destruyen cualquier tipo de competitividad», concluyeron desde la UIA.

(Fuente: La Nacion)