El vicegobernador Miguel Acevedo encabezó la firma de un convenio de cooperación entre el Poder Legislativo de Tucumán y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), representada por Eva Jané Llopis. El acuerdo dará inicio a un proceso participativo para la elaboración de una Ley Provincial de Salud Mental basada en un enfoque comunitario, integral y de derechos humanos.

Del encuentro participaron también la Dra. Liliana Urbina, consultora en salud mental de la OPS en Argentina; la Lic. Edith Benedetti, ex subsecretaria de Gestión de Servicios e Institutos del Ministerio de Salud de la Nación; el ministro de Salud de la provincia, Dr. Luis Medina Ruiz; el presidente de la Comisión de Salud de la Legislatura, Gabriel Yedlin; los legisladores Alejandro Figueroa y Raquel Nievas; autoridades del SIPROSA; representantes de colegios profesionales, universidades, organizaciones sociales y dispositivos territoriales vinculados a la salud mental.

Durante la jornada se realizó un taller con mesas de trabajo interdisciplinarias, donde se debatieron estrategias de abordaje en salud mental y se elaboraron insumos técnicos que servirán como base para la redacción del futuro proyecto de ley.

El vicegobernador Miguel Acevedo destacó que “es un importantísimo convenio”. Agregó que “esto no solo nos preocupa, sino que nos ocupa: trabajar en la salud mental”. También sostuvo que “la salud mental atraviesa todos los estratos sociales y todas las edades. Por eso, todos los organismos del Estado, incluida esta Legislatura, debemos generar herramientas, escuchar a las organizaciones y organizar jornadas como esta, que aporten al bienestar de la población. Quizás no logremos erradicar el problema por completo, pero vamos a dar cada paso posible para preservar la salud mental de todos los tucumanos y tucumanas”.

Por su parte, la representante de la OPS, Eva Jané Llopis, valoró el carácter pionero del convenio. “El acuerdo que hemos firmado con el vicegobernador es el primero que se realiza entre la OPS y una Legislatura provincial en Argentina. Esto es importante porque marca un camino que puede ser de interés para otros países federales, donde las leyes deben adaptarse a las distintas jurisdicciones”, señaló.

Además, explicó que “en este caso, en Tucumán, estamos empezando hoy con este evento a pensar en una adaptación de la Ley Nacional de Salud Mental al nivel provincial. Esto permite identificar diferencias entre jurisdicciones, que tienen distintas situaciones, necesidades, niveles de servicios y grados de desarrollo. Esa adaptación es lo que puede generar avances más rápidos en algunos lugares”.

Llopis destacó también que “para nosotros, desde la OPS, esto es muy relevante porque nos ayuda a entender la granularidad de los países federales. Muchas veces es más fácil pensar a nivel nacional, pero luego las soluciones no se adaptan a todas las realidades locales. Las leyes provinciales, como la que proyecta Tucumán, no solo generan transformaciones locales, sino que también nos aportan conocimiento y buenas prácticas que podemos documentar y compartir con otros países”.

El ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, celebró la iniciativa y afirmó: “Festejamos y acompañamos esta iniciativa de la Legislatura. Desde el Gobierno de la Provincia, el gobernador nos pide siempre estar cerca de la comunidad y, como se dijo, sin salud no hay vida, y tampoco hay salud si no hay salud mental. Estamos trabajando en eso y nos honra que nos visite nuevamente la doctora de la OPS, acompañándonos y aconsejándonos en este avance”.

A su turno, el legislador Gabriel Yedlin expresó que “es un tema que la sociedad nos reclama permanentemente. Percibimos que hay enormes dificultades en materia de salud mental: depresión en adultos mayores, suicidios en jóvenes, adicciones en todas las edades. Existe una Ley Nacional de Salud Mental, pero estamos evaluando si hay margen para generar una normativa provincial que la complemente, que acompañe y brinde herramientas a todo el sector responsable del abordaje”.

“El Ministerio de Salud debe coordinar, pero esto involucra también al sector público, al privado y a toda la sociedad: desde las familias hasta las organizaciones de la sociedad civil, pasando por las áreas de educación, trabajo, cultura, deporte y los municipios. Necesitamos una norma más amplia, que ordene demandas que surgen de forma aislada”, concluyó Yedlin.