El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este viernes un encuentro con la secretaria de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), Gabriela Torres y el ministro de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin para continuar profundizando el abordaje a la problemática de las adicciones desde una mirada integral.
La reunión se realiza en el marco de una nutrida agenda de Torres en la provincia donde participó de la inauguración de un Centro de Prevención y Atención Primaria de las Adicciones (CEPLA) en Alberdi.
“Siempre es un placer venir a Tucumán. Desde el Sedronar venimos acompañando desde el inicio de la gestión el enorme trabajo de la cartera Social de la provincia en relación a poner lugares accesibles de acompañamiento y atención en los territorios”, dijo Torres luego del encuentro realizado en Casa de Gobierno del que también participaron el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; el referente peronista, Marcelo Caponio; el secretario de Prevención y Atención de las Adicciones, Matías Tolosa; los legisladores Daniel Deiana, Javier Morof, Antonio Ruíz Olivares y Raúl Ferrazano.
Tras dejar habilitado el nuevo espacio para el abordaje de las adicciones, la funcionaria nacional se informó sobre la tarea que viene haciendo el Observatorio Provincial de Drogas a dos años de su creación para conocer cuáles son las motivaciones de consumo y que les pasa a las personas.
“Nos parece importante el trabajo articulado entre las áreas de Desarrollo Social, Salud y Seguridad entendiendo que los problemas de consumo son problemas de personas y que no es lo mismo una persona que consume que un narcotraficante”, sostuvo Torres y agregó: “Hay que diferenciar esas estrategias de cuidados que tienen relación pero son diferentes. Por eso creemos que para cuidar más hay que estar en los territorios para conocer que les pasa a las personas”.
“Entendemos que necesitamos un país federal donde todos tengan igualdad de oportunidades en poder acompañar a las personas para que todos puedan vivir mejor. La Nación apoyando a las provincias y las provincias acompañando a los municipios. Toda la comunidad, juntos para cuidar a las personas”, cerró Torres.
El ministro de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin agradeció la visita de Gabriela Torres y remarcó: «Desde el principio de la gestión siempre nos sentimos acompañados desde Nación y desde la Sedronar”.
«Esto tiene que ver con la lucha contra las adicciones que tiene una vertiente contra el narcotráfico, relacionándose con las fiscalías, la policía, la gendarmería para el perseguir, encarcelar y condenar a quien trafica droga», sentenció Yedlin. Y agregó: “Por otro lado, están las personas que son víctimas de todo esto y que se encuentran en situación de consumo. La ley de salud mental, entiende que las personas con adicciones se engloban con las depresiones y las psicosis, y como tales requieren que un Estado este presente para ellos para prevenir y cuidar”.
El ministro resaltó que estas enfermedades atraviesan todas las clases sociales y siempre los grupos más vulnerables requieren que se les brinde un servicio con más cercanía. “La idea de estos CEPLAS tiene por objetivo generar dispositivos específicos para esta primera atención a personas de consumo o a algún familiar”.
Por su parte, Agüero Gamboa dijo que “esto es una demostración de un trabajo en equipo, y esto demuestra que vamos a seguir trazando políticas contra el narcomenudeo evitando el ingreso a la provincia de estas sustancias”.
Operativos
El ministro informó que “en este último mes se secuestró 28 kilos de droga, una cifra record desde la Policía de Tucumán. Y además, la Policía Federal en conjunto con la Justicia Federal secuestró nueve 9 kilos de drogas con detenciones”.
Recorrido por el interior
Tolosa expresó: “ayer tuvimos un encuentro con un equipo del Observatorio Provincial de Drogas donde nos mostraron el resultado de un estudio realizado en conjunto con la Dirección de la Juventud que determinó que la sustancia que más se consume es el alcohol, lo que está en consonancia con todos los estudios realizados por Nación”.
Además dijo: “me parece importante que sigamos concientizando que el alcohol también es una droga, si bien es una sustancia de venta legal al igual que el tabaco, son sustancias psicoactivas capaces de generar un estado de consumo problemático y adicción con daño en el cuerpo”.
En este sentido, dijo que estos relevamientos permiten a las autoridades conocer el contexto y adoptar estrategias adecuadas a los dispositivos de acuerdo a las necesidades de la comunidad.
A su vez, comentó: “tenemos que comprender que el consumo de sustancias no distingue rango etario y clases sociales. Lo que hacemos en el trabajo diario es generar estrategias de abordajes, de tratamiento y prevención para toda la comunidad pero poniendo énfasis en los grupos más vulnerables porque buscamos generar dispositivos que faciliten la llegada de las personas al tratamiento. Esto tiene que ver con uno de los desafíos de la postpandemia, abrir consultas para que una persona pueda ser atendida para sí misma, un familiar o un amigo”.
Fernando Cerimedo, el consultor de Milei preso en Bolivia y acusado de haber ordenado el asesinato de su pareja embarazada, ingresó al millonario negocio de los servicios portuarios de la Hidrovía a través de Sanabria SRL, una empresa radicada en Puerto General San Martín, a 35 kilómetros de Rosario.
La firma funcionaba originalmente como guardería náutica, pero se reconvirtió para prestar servicios navales en el corazón del complejo agroexportador. Uno de sus principales negocios es la provisión de diésel para los remolcadores de barcazas, una actividad estratégica que se cobra en dólares y está concentrada en un puñado de operadores.
El expediente para que Sanabria pueda operar en el río tuvo que tener luz verde de la Agencia de Puertos y Vías Navegables. En el sector agroexportador saben que cualquier decisión que tome su titular, el ex macrista Iñaki Arreseygor, debe contar con el aval de Luis «Toto» Caputo, que maneja directamente la dependencia.
El tramite express para la reconversión de Sanabria, acorde a lo que pretendía Cerimedo, es casi imposible de conseguir, según confirmaron a LPO fuentes del sector.
El expediente para que la empresa Sanabria que compró Cerimedo pueda operar en el río tuvo que tener luz verde de la Agencia de Puertos y Vías Navegables. En el sector saben que cualquier decisión que tome su titular, el ex macrista Iñaki Arreseygor, debe contar con el aval de Luis «Toto» Caputo, que maneja directamente la dependencia.
Según los registros del Boletín Oficial de Santa Fe, el 31 de julio de 2024 Surlibre Inversiones ingresó como socia de Sanabria SRL y se quedó con el 30% de la compañía luego de que Sergio Ezequiel Amarilla cediera 100 cuotas sociales e Iván Alberto Sanabria otras 50, sobre un capital compuesto por 500 cuotas.
La financiera Surlibre está vinculada a Cerimedo y pasó a controlar 150 cuotas, mientras Sanabria conservó 200 y Amarilla, las 150 restantes, detallaron a LPO las fuentes consultadas.
Tras esa operación, Amarilla y Sanabria fueron designados gerentes conjuntos de la sociedad. Fuentes del negocio portuario señalaron a LPO que, desde el ingreso de Surlibre Inversiones, Sanabria SRL consiguió las autorizaciones necesarias en tiempo récord.
Según empresarios que prestan servicios en la Hidrovía, dijeron a LPO que es un mercado al que resulta prácticamente imposible acceder sin contactos con las máximas autoridades.
El movimiento societario se produjo dos meses después de la llegada de Iñaki Arreseygor a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. Arreseygor reemplazó en mayo de 2024 a Pablo Piccirilli y quedó al frente del área encargada de conducir el proceso de privatización de la principal vía navegable del país.
Fuentes de los agronegocios dijeron a LPO que ingresar a ese mercado resulta prácticamente imposible: «Para comenzar a hablar necesitás 100 mil dólares para que Prefectura dé luz verde en seguridad de puertos. Tenés que tener llegada a lo más alto del poder para que te habiliten un kiosco en una plaza súper monopolizada», contó un empresario con décadas de experiencia en el sector.
Fuentes de los agronegocios dijeron a LPO que ingresar a ese mercado resulta prácticamente imposible: «Para comenzar a hablar necesitás 100 mil dólares para que Prefectura dé luz verde en seguridad de puertos. Tenés que tener llegada a lo más alto del poder para que te habiliten un kiosco en una plaza súper monopolizada»
En el ambiente portuario llamó la atención la velocidad con la que la empresa consiguió los permisos nacionales cuando desde la Municipalidad de Puerto General San Martín dijeron a LPO que la sociedad todavía tiene pendiente parte de la documentación para completar su habilitación local. También afirmaron desconocer la presencia de Cerimedo y el vínculo del libertario con Surlibre Inversiones.
El desembarco en la Hidrovía se suma a la expansión empresarial que Cerimedo inició después del triunfo de Javier Milei. Además de sus firmas de comunicación y publicidad, el consultor incorporó sociedades de inversión, tecnología y energía.
El origen de los fondos de Cerimedo también forma parte de la investigación abierta en Bolivia. Durante distintos allanamientos, la fiscalía secuestró dinero en efectivo y reconstruyó movimientos por unos 400 mil dólares a través de una casa de cambios. Uno de sus abogados sostuvo que la CAF financiaba la consultoría que prestaba al gobierno de Rodrigo Paz, pero el banco regional negó que existiera una relación contractual, según publicó el DiarioAr.
En marzo de 2025, la CAF aprobó un crédito por 150 millones de dólares para un programa de infraestructura y logística del Gran Rosario, que incluye un componente de fortalecimiento del sector portuario.
En el organismo negaron haber contratado al consultor detenido, pero ahora, su participación en una empresa de servicios portuarios del Gran Rosario dejó flotando en el sector la verdadera dimensión de la influencia de Cerimedo en el polo agroexportador.
El gobierno de Chile enviará una nota de protesta a la Argentina por las declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, sobre la soberanía del estrecho de Magallanes. La Cancillería chilena calificó de indiscutible su jurisdicción y recordó los tratados firmados entre ambos países.
Qué dijo el jefe de la Fuerza Aérea Argentina
La controversia comenzó después de que Valverde se refiriera a Magallanes, el sur y el Drake como zonas de soberanía durante una entrevista realizada el domingo en un programa de streaming.
“Lo otro que tenemos muy importante es Magallanes, el sur, el Drake: todo eso es soberanía. Hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica, Atlántico-Pacífico y eso te puede alertar un montón de cosas”, declaró el brigadier general.
Sus palabras generaron una rápida respuesta en Chile. El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, confirmó que la Cancillería enviará una nota formal a su par argentino y remarcó que las declaraciones deben ser consideradas por toda la región.
La Cancillería chilena reivindicó la soberanía sobre la totalidad del estrecho y recordó los tratados bilaterales de 1881 y 1984.
“La soberanía de Chile sobre el estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutible y se funda en los Tratados de 1881 y 1984 suscritos por ambos países”, sostuvo Pérez Mackenna.
El funcionario se encontraba en una gira oficial en Vietnam cuando se refirió a la polémica. Allí también lanzó un llamado a las autoridades extranjeras para que actúen con cautela al referirse a cuestiones territoriales.
“Hago un severo llamado a las autoridades de otros países a ser responsables con sus declaraciones y no confundir a sus ciudadanos. El estrecho de Magallanes es indiscutiblemente chileno”, afirmó.
Qué establecen los tratados sobre Magallanes
La posición chilena se apoya principalmente en dos acuerdos bilaterales. El Tratado de 1881, conocido como Tratado de Límites, reconoció la soberanía chilena sobre el estrecho y estableció la neutralización perpetua del paso, garantizando la libre navegación para los barcos de todas las naciones.
El Tratado de Paz y Amistad de 1984 ratificó los límites australes entre la Argentina y Chile y permitió cerrar las diferencias sobre la boca oriental del estrecho.
En tanto, el Tratado de Paz y Amistad de 1984, firmado en el Vaticano, ratificó los límites australes y reafirmó que las aguas del estrecho se encuentran bajo jurisdicción chilena. El acuerdo también permitió cerrar las diferencias existentes entre ambos países sobre su boca oriental.
El estrecho de Magallanes se encuentra entre la Patagonia, la isla Grande de Tierra del Fuego y otras islas australes. Fue navegado por primera vez en 1520 por Fernando de Magallanes, explorador portugués al servicio de España, y mantiene una importancia estratégica por ser una vía comercial que evita el paso por el Cabo de Hornos.
Gustavo Javier Valverde fue designado a fines de noviembre de 2024 como jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, en reemplazo de Fernando Luis Mengo. Este último había sido desplazado luego de detectarse el uso indebido de aeronaves militares para fines personales, además de denuncias por acoso laboral y abuso de autoridad.
La polémica por las declaraciones sobre el estrecho también fue abordada por Claudio Alvarado, ministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno de Chile.
“Obviamente que no nos parece bien, porque el estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutiblemente chileno”, afirmó el funcionario, en línea con la posición expresada por la Cancillería.
Las declaraciones de Gustavo Javier Valverde generaron críticas de funcionarios y legisladores chilenos, que defendieron la soberanía del país sobre la zona.
Las críticas que surgieron en Chile
Además de Pérez Mackenna, Alejandro Riquelme Ducci, representante de la Región de Magallanes por el Partido Republicano, cuestionó las declaraciones de Valverde a través de Facebook.
“Esto no es un hecho aislado. En los últimos años hemos visto un decreto argentino hablando de “control conjunto” del Estrecho de Magallanes, infraestructura militar trasandina instalada dentro de territorio chileno, alertas aéreas en la zona fronteriza, reclamos de senadores argentinos contra decisiones soberanas adoptadas en Punta Arenas y altos mandos navales afirmando que “la boca de Magallanes es argentina”. ¿Ahora también pretenden Magallanes, el sur y el Drake? ¿Hasta dónde quieren llegar?”, escribió.
También se sumó a las críticas Gonzalo Winter, diputado del Frente Amplio, quien sostuvo en X: “Magallanes es territorio soberano chileno y no corresponde que ninguna autoridad extranjera cuestione nuestra soberanía”.
El legislador agregó: “Una declaración de esta naturaleza amerita una nota de protesta de parte del gobierno. El presidente José Antonio Kast tiene que dejar de lado su simpatía con el gobierno de Milei y defender los intereses de Chile con claridad y firmeza”.
El ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pidió una prórroga a la Justicia para responder más adelante el requerimiento de justificación patrimonial que elaboró el fiscal Gerardo Pollicita, quien lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito. El plazo previsto originalmente se vence este miércoles.
La defensa de Adorni presentó un escrito ante el juez Ariel Lijo argumentando que necesitan acceder a un conjunto de pruebas que aún no pudieron revisar. Son archivos y conversaciones citadas por el fiscal en el requerimiento.
Esta etapa de la causa es la primera instancia que tiene el ex funcionario libertario para justificar el origen de su patrimonio. Si no logra despejar las 20 inconsistencias que detectaron los investigadores, entonces el fiscal estará en condiciones de dar un paso más y pedir que el juez lo cite a declaración indagatoria.
Ariel Lijo
Ahora el titular del Juzgado Federal N° 4 de Comodoro Py puede escuchar la opinión de la fiscalía antes de resolver si prorroga o no el plazo de la justificación patrimonial. La defensa, a cargo del abogado Matías Ledesma, sugirió extenderlo otros 15 días más.
Las 20 inconsistencias
El requerimiento se firmó el pasado 10 de agosto. En un dictamen de 207 páginas, el fiscal Pollicita enumeró una veintena de interrogantes sobre los bienes de Adorni y Angeletti. La investigación abarca el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023 —fecha en la que ingresó a la función pública nacional como vocero de Javier Milei— y el 27 de junio de 2026, día en que formalizó su renuncia al cargo.
De acuerdo con la investigación, el matrimonio tuvo ingresos por $229.752.283,20 en concepto de haberes del exfuncionario y de su esposa.
Sin embargo, los gastos registrados en moneda nacional —que incluyeron expensas, servicios, impuestos, viajes, seguros automotores, electrodomésticos y tarjetas de crédito— ascendieron a $272.820.832,20. Esta diferencia generó un saldo de $43.068.549 que aún no encuentra explicación.
Asimismo, el fiscal detectó gastos en moneda extranjera por un valor de USD 402.578,12, destinadas a la adquisición y refacción del lote 380 del country Indio Cuá, la compra de un departamento en la calle Miró 550, el mobiliario de estas propiedades, alquileres temporarios y viajes al exterior.
Con una cascada en la pileta y una parrilla de 14.000 dólares, Manuel Adorni gastó 245.000 dólares para refaccionar su casa de fin de semana
Entre los veinte puntos que Adorni deberá aclarar, se destaca el origen de los dólares en efectivo declarados bajo el rubro “venta de activos”, detallando qué bienes enajenó, a qué compradores y con qué respaldo documental. Ese dato coincide con la explicación pública del ex ministro coordinador que, acorralado por el escándalo, reveló que desde hace una década tenía medio millón de dólares en criptomonedas que nunca declaró ni gastó hasta que llegó al poder.
También se le solicitó acreditar la existencia real de préstamos familiares otorgados por Silvia Pais y Norma Zuccolo, la procedencia de los fondos para adquirir un vehículo Jeep y las razones por las cuales el lote del Country Indio Cuá figura exclusivamente a nombre de su cónyuge. En esta última propiedad, la fiscalía exigió justificar los USD 245.000 abonados en efectivo al contratista Matías Tabar por la remodelación de la vivienda.
Matias Tabar , el contratista que refaccionó la casa de Adorni y lo complicó con su testimonio
El requerimiento judicial también exige explicaciones sobre la operatoria con criptoactivos del ex jefe de Gabinete.
La fiscalía detectó fondos en una billetera virtual que Adorni validó con su identidad, pero omitió declarar ante la Oficina Anticorrupción, además de inconsistencias en las declaraciones rectificativas del ejercicio 2023.
Por último, Adorni tendrá que aclarar el uso de terceras personas para realizar pagos y consumos con tarjetas de crédito ajenas, la cancelación de deudas con el Banco Galicia y el origen de acreditaciones no salariales en su cuenta sueldo del Banco de la Nación Argentina. /Infobae