El Tribunal Oral Federal de Tucumán dictó sentencia condenatoria contra una pareja por el delito de transporte de estupefacientes, luego de que se comprobara su responsabilidad en el traslado de un cargamento de 57 kilos de cocaína detectado en la zona de los Valles Calchaquíes.

La resolución judicial estableció penas que alcanzan hasta los siete años y medio de prisión para los involucrados. El fallo determinó la culpabilidad de ambos acusados en las maniobras destinadas a la circulación del estupefaciente a través del territorio provincial.

El operativo de control en la ruta 40

El procedimiento que dio origen a la causa penal tuvo lugar sobre la ruta nacional 40, una vía estratégica que atraviesa la región de los Valles Calchaquíes. En ese punto, efectivos de la Gendarmería Nacional llevaban adelante tareas habituales de inspección y seguridad sobre los vehículos que transitaban por el sector.

Durante la fiscalización de una camioneta en la que se desplazaba la pareja, el personal de la fuerza de seguridad detectó anomalías en la estructura del rodado. Una revisión más exhaustiva permitió constatar que la sustancia prohibida se encontraba acondicionada en los paneles del vehículo, un método de ocultamiento empleado para evitar su detección en los puestos de control terrestre.

Tras el hallazgo y el pesaje correspondiente, se confirmó la presencia de 57 kilos de cocaína distribuidos dentro del rodado. A raíz de este descubrimiento, las autoridades procedieron al decomiso inmediato del cargamento y a la detención de los ocupantes, quienes quedaron a disposición de la Justicia Federal.

La resolución del Tribunal Oral Federal

Con las pruebas reunidas a lo largo de la investigación, el caso fue elevado a juicio ante el Tribunal Oral Federal de Tucumán. Durante el debate, los magistrados analizaron los elementos secuestrados y las actuaciones labradas por los integrantes de la fuerza de seguridad que intervinieron en el procedimiento sobre la ruta 40.

El tribunal concluyó que los hechos investigados encuadraban en la figura de transporte de estupefacientes y declaró a ambos imputados penalmente responsables. Las sanciones impuestas, que contemplan hasta siete años y medio de prisión, cerraron el proceso penal respecto del cargamento interceptado en los Valles Calchaquíes.

La novena audiencia del juicio oral por el femicidio de Érika Antonella Álvarez arrancó con un episodio de alta tensión. Antes de que comenzara formalmente el debate, el imputado Felipe «El Militar» Sosa y sus abogados defensores, Marcelo Cosiansi y Rubén Flores, protagonizaron una fuerte discusión dentro de una de las oficinas de la sala de juicio.

Según pudo observarse, la situación generó sorpresa entre las partes que aguardaban el inicio de la jornada, quienes quedaron sorprendidos por el elevado tono de voz que utilizaron durante el altercado.

Si bien los motivos del cruce no trascendieron oficialmente, se presume que la discusión estuvo vinculada a la tarea y la estrategia que están llevando adelante los propios defensores del acusado.

A pesar del tenso momento, el juicio continuó con normalidad y se reinició sin mayores contratiempos, según publica La Gaceta. Sin embargo, el clima entre el acusado y sus representantes legales quedó marcado por el incidente: durante el resto de la audiencia, Sosa y sus abogados no se dirigieron la palabra en ningún momento.

Además, se pudo notar un mayor celo por parte de los custodios, que se mantuvieron a escasos centímetros del imputado durante todo el desarrollo de la jornada.

«El Militar» es un exintegrante del Ejército Argentino y de la Legión Extranjera francesa, un cuerpo militar reconocido por su exigente formación. Es considerado un hombre de temer en ciertos círculos.

Desde que fue detenido en Buenos Aires, se encuentra alojado en el penal de Benjamín Paz. Su defensa viene denunciando desde hace meses que permanece prácticamente aislado y que solo puede salir de su celda tres veces al día.