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Policiales

Tras un prolijo trabajo de inteligencia, el prófugo Luis Piccinetti fue detenido en Bolivia

Coordinan el traslado a la provincia del prófugo un equipo del Ministerio Público Fiscal que se encuentra en La Quiaca (Jujuy)
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Publicado

7 años atrás

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Funcionarios del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Público Fiscal se encuentran en Jujuy rumbo a la Quiaca para coordinar el traslado de Luis Piccinetti a nuestra provincia. Esa unidad investigativa tuvo un rol preponderante en la localización del prófugo.
Mediante un trabajo realizado en conjunto entre el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), del Ministerio Público Fiscal de Tucumán, la Embajada de Argentina en Bolivia, Gendarmería Nacional e Interpol de Argentina y de Bolivia, se logró localizar y detener en el vecino país a Luis Rafael Piccinetti, quien poseía una orden de captura desde el 21 de febrero de 2011, por encontrarse imputado como coautor penalmente responsable, junto a Silvia Raquel Lai, del homicidio agravado por alevosía de Eduardo José Salas, marido de la citada mujer.
En el fallo, por el cual Lai fue condenada a prisión perpetua como partícipe necesaria del crimen, los camaristas confirmaron la hipótesis que sostuvo la fiscal de Instrucción, Adriana Giannoni, quien sostuvo que Piccinetti habría mantenido una relación sentimental con la acusada y entre ambos habrían organizado el asesinato de Salas, crimen que se cometió el 15 de julio de 2007 en el domicilio de la víctima, en la localidad de Trancas.
El coordinador general del ECIF, Eugenio Agüero Gamboa, comentó que el prófugo estaría indocumentado y que había sido demorado en la ciudad de Cochabamba. “En el día de hoy (por ayer miércoles) estamos coordinando la entrega del prófugo por parte de Interpol Bolivia y la recepción del mismo, primero a cargo de Gendarmería Nacional, y luego de ésta al ECIF, junto con la Policía de Tucumán, a través de la División Homicidios”, admitió.
El funcionario judicial agregó que del ECIF trabajó personal de Gestión de la Información, del Departamento de Investigaciones y del Departamento de Informática Forense, conjuntamente con la doctora Wendy Kassar, como representante de los tres vocales de la Sala IV de la Cámara Penal. “Por un período de cuatro meses, se articuló de forma reservada con el dato del paradero de Piccinetti, tanto con la Embajada de Argentina, como con Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Policía de Bolivia, Interpol Argentina y Bolivia, y el Ministerio del Interior de la Nación que accionó el mecanismo y la Sala IV que nos dio los requerimientos que le íbamos solicitando”, detalló.
La investigación
Luego de varias pistas sobre el posible paradero de Piccinetti en distintas localidades de nuestra provincia, el ECIF continuó realizando su trabajo de inteligencia y por redes sociales, hasta dar con el domicilio del acusado en el vecino país. “La Sala IV recibió una información de que el prófugo se encontraría en Bolivia, coincidente con nuestra búsqueda que también nos estaba conduciendo para esa zona. De esta manera, el Ministerio Público Fiscal, cumpliendo con este pedido de colaboración, envió personal del ECIF al país vecino para realizar ciertas tareas de inteligencia junto con personal agregado de la Embajada Argentina en Bolivia y con personal de Gendarmería Nacional. Con esas tareas se logró localizar el domicilio y la zona”, pormenorizó el Coordinador General del ECIF sobre los primeros pasos de la investigación.
“De regreso a Tucumán, personal del ECIF elevó su informe a la Sala, desde donde se nos comisionó para que pidamos la colaboración de Interpol a través de un oficio. Enviamos miembros de nuestro Equipo a Buenos Aires para trabajar con el Ministerio del Interior de la Nación. A partir de ahí, Interpol de Argentina e Interpol Bolivia, con el agregado de la Embajada Argentina y Gendarmería Nacional, en coordinación con nosotros, empezamos a chequear y a hacer los trabajos de rigor. Finalmente, se hizo la constatación del domicilio y se corroboró la identidad de este sujeto, por lo cual, Interpol Bolivia procedió a detenerlo”, concluyó.

Foto: Eugenio Agüero Gamboa, que es el jefe del ECIF

 

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Policiales

Tras un tiroteo entre dos familias, hubo allanamientos y secuestros de armas de fuego

Hay una persona demorada por averiguación de antecedentes que ya se encuentra a disposición de la Justicia.
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Publicado

13 horas atrás

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4 octubre, 2026

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Personal de la Comisaría Alderetes avanza en la investigación de un violento episodio y desde la mañana de este sábado ejecutó una serie de allanamientos e incautó evidencia material.

“La causa parte el día 30 de septiembre donde, en horas de la tarde, dos familias conflictivas de esta ciudad se enfrentaron, realizando disparos de armas de fuego. Este hecho se produjo en plena vía pública” fueron las palabras del oficial principal Hasan Ale, responsable del caso en la mencionada dependencia policial.

Tras recabar información valiosa, recolectar testimonios vecinales y analizar registros fílmicos provenientes de distintas cámaras, los uniformados solicitaron una orden judicial para intervenir en diversos domicilios vinculados al caso donde confiscaron las prendas de vestir que los implicados habían usado al momento del delito y armamento. “Ahora estamos trabajando en este domicilio, donde luego del registro se han secuestrado múltiples armas de fuego, entre ellas, tenemos dos pistolas nueve milímetros, rifles de aire comprimido y gran cantidad de cartuchos de distintas marcas y calibres” mencionó el oficial principal.

En el marco de esa causa, hay una persona demorada por averiguación de antecedentes que ya se encuentra a disposición de la Justicia.

Por su parte, Hasan Ale también dijo: “Estamos trabajando fuertemente en la ciudad de Alderetes y los resultados están a la vista” remarcando, de esa manera, el firme compromiso que la Fuerza de Seguridad mantiene diriamente con la ciudadanía.

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Denunciaron por presunto abuso sexual y extorsión laboral al sindicalista César González

De acuerdo con lo consignado en la presentación judicial, la denunciante habría ingresado a prestar servicios en el ámbito de la UTA bajo condiciones atípicas, percibiendo su remuneración directamente del peculio personal del denunciado en su oficina privada.
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Publicado

2 días atrás

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2 octubre, 2026

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La Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual y Género de Tucumán, bajo la dirección del fiscal Gonzalo Rodríguez, tramita el legajo caratulado como presunto abuso sexual con acceso carnal reiterado en contra del dirigente gremial César González, titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en la provincia.

Según consta en el escrito iniciado por la denunciante, con el patrocinio letrado de los abogados Juan Macario Santamarina y Gonzalo Ascárate, los hechos habrían comenzado en julio de 2018 y se habrían extendido durante más de siete años en el marco de una supuesta situación de dependencia laboral y económica.
Por su parte, González, acompañado por su abogado Ernesto Baaclini, señaló: «Desmiento categóricamente los hechos relatados en la denuncia, de la cual tengo pleno conocimiento. Todo fue planeado estratégicamente en relación a las elecciones del Gremio UTA. Detrás de esto, está involucrado un empresario del transporte público de pasajeros que avala a la lista negra que es opositora a nuestra gestión. Lo que no esperaban, es que las elecciones de UTA programadas para el 7 y 8 de octubre de 2026, fueron pasadas para 17 y 18 de diciembre de 2026. Espero que antes de las elecciones en diciembre, no inventen otra denuncia».

Agregó que «la denunciante era abogada del gremio. Y pidió indemnización por medio de cartas documento».
De acuerdo con lo consignado en la presentación judicial, la denunciante habría ingresado a prestar servicios en el ámbito de la UTA bajo condiciones atípicas, percibiendo su remuneración directamente del peculio personal del denunciado en su oficina privada. En ese contexto, el imputado habría ejercido un control total sobre la única fuente de ingresos del hogar familiar de la denunciante, condicionando de manera explícita la regularización de su trabajo a requerimientos de carácter sexual.
Ante las constantes negativas de la presunta víctima, se habrían ejecutado represalias económicas sistemáticas que incluyeron la retención y el retraso de salarios, la postergación de aumentos salariales aplicados a otros profesionales y la imposición de condiciones arbitrarias para el goce de licencias. La denuncia señala además el uso presuntamente extorsivo de la cobertura médica del hermano de la mujer, quien posee una discapacidad severa, supeditando su permanencia laboral a la baja de dicho beneficio de salud, situación que habría desencadenado la renuncia forzada de la damnificada tras sufrir graves secuelas en su salud psicofísica.

 

Ante la gravedad de los hechos expuestos y «la influencia gremial que ejercería el imputado», la representación legal de la denunciante solicitó la adopción inmediata de medidas de protección preventiva e inminente tutela judicial efectiva. Entre las peticiones dirigidas al fiscal interviniente figura la prohibición de acercamiento para el imputado en un radio no menor a trescientos metros respecto de la presunta víctima, su núcleo familiar, su domicilio real y su puesto de trabajo en la Secretaría de Trabajo.
Asimismo, se requirió una orden de abstención absoluta de realizar actos de turbación, hostigamiento u intimidación de manera directa o por interpósita persona, ya sea de forma presencial, telefónica o digital. A fin de resguardar la salud mental de la denunciante, evitar instancias de revictimización y preservar el valor probatorio del testimonio, la querella solicitó con carácter urgente fijar fecha para la recepción de su declaración bajo la modalidad de Cámara Gesell, invocando las previsiones del Código Procesal Penal de Tucumán, la legislación provincial y la Ley Nacional de Protección Integral a las Mujeres.

 

El planteo para asumir el rol de Querellante Particular se fundamenta en el artículo 89 del Código Procesal Penal de Tucumán, destacando la legitimación activa de la denunciante, quien posee título de abogada y reviste la condición de víctima directa de los hechos investigados. En ese sentido, la presentación requiere fijar fecha para la suscripción del «poder apud acta» junto a sus letrados patrocinantes, Santamarina y Ascárate, a fin de formalizar su intervención en el Legajo S-028511/2026.
La solicitud sostiene que la participación activa de la víctima dentro del sistema acusatorio adversarial garantiza el derecho a ofrecer prueba, impulsar la acusación y controlar la actuación fiscal, apoyándose en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentada en los precedentes Santillán y Quiroga. Asimismo, la postura de la querella invoca las garantías de la Constitución Nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención de Belém do Pará y el catálogo de derechos procesales de la Ley 26.485, los cuales imponen al Estado el deber de debida diligencia reforzada en investigaciones de violencia de género. /El Tucumano

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Brutal ataque: discutieron, lo apuñaló y le dejó la hoja del cuchillo incrustada en el cuello

La víctima pelea por su vida en el Hospital Padilla. El Ministerio Fiscal solicitó que el acusado permanezca detenido bajo la modalidad de prisión preventiva.

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Publicado

4 días atrás

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1 octubre, 2026

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El hecho es investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios II, a cargo de Carlos Sale, quien fue representado por la auxiliar de fiscal Luz Becerra en la audiencia que se llevó a cabo para proceder al control de la aprehensión, formalización de la investigación, y pedido de medidas de coerción de máxima intensidad por parte del Ministerio Fiscal (MPF).

Como primer punto, la representante del MPF relató las circunstancias de la aprehensión realizada el 29 de septiembre de 2026, a las 08:30 horas, solicitando que se declare legal y legítima. A continuación, al formular los cargos, narró el hecho ocurrido el 27 de septiembre a las 5:20 horas, por el que se acusa al imputado, detallando la calificación legal provisoria como homicidio en grado de tentativa, en calidad de autor.

Finalmente, la investigadora fiscal solicitó como medida de coerción de mayor intensidad la prisión preventiva del acusado por el plazo de 90 días, hasta el lunes 28 de diciembre de 2026, ante la presencia de los riesgos procesales de peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación, y para progresar en la realización de las medidas correspondientes de caso.

“La víctima está en un estado grave. Entendemos que es prudente y razonable pedir la prisión preventiva para avanzar en la investigación. Debemos realizar un segundo examen a la víctima para determinar si ha evolucionado, también resguardar los testimonios de los testigos y analizar el cuchillo secuestrado mediante pericia genética”, explicó la Auxiliar de Fiscal.

Por su parte, el juez interviniente resolvió hacer lugar a todos los requerimientos expuestos por parte de la acusación pública durante la audiencia multipropósito.

El hecho

El 27 de septiembre de 2026, a las 05.20 horas, en la vereda de calle William Blis al 800 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, José María Sánchez (a) “Pepón”, mantuvo una pelea con Jonathan Manuel Garay, a quien Sánchez, con claras intenciones de causarle la muerte, utilizando un cuchillo sierrita, le asestó una puñalada en la región cervical superior posterior, quedando la hoja de la cuchilla de 10 centímetros incrustada en el cuello de la víctima.

Luego del ataque, Sánchez se dio a la fuga del lugar, y Garay fue trasladado de urgencia al Hospital Padilla, donde fue intervenido quirúrgicamente para extraerle la cuchilla, encontrándose en grave estado y no habiéndose provocado su fallecimiento por la intervención médica, circunstancia ajena a la voluntad del imputado.

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