La Justicia solicitó la prisión preventiva para «Los Juanes» integrantes de la comunidad gitana que estarían involucrados en la causa que investigan las estafas en la compra y venta de vehículos.

El pedido fue elevado al Juzgado de Instrucción II, a cargo de Facundo Maggio, «por resultar presuntos coautores voluntarios y responsables de los delitos de asociación ilícita en concurso real con estafas reiteradas».

Por la megacausa llamada «Comunidad Gitana» hace unos días se realizaron 43 allanamientos simultáneos en San Miguel de Tucumán, Río Seco, Alderetes, Famaillá y Monteros. Y se secuestro decenas de camionetas, camiones y otros rodados, documentación, dinero y armas de fuego.

“Hemos realizado un megaoperativo que responde a una investigación de varios meses, donde hemos recolectado numerosos elementos. Los resultados han sido buenos y esto significa que todas las fiscalías investigan hechos vinculados, es decir, comparten la información de delitos comunes. Debemos reconocer el trabajo de los fiscales, el ECIF y la policía de la provincia”, explicó Edmundo Jimenez ministro Público Fiscal

Modus operandi

Según fuentes policiales los vendedores realizaban un «acuerdo previo» con posibles interesados, preferentemente residentes en otras provincias, en la compraventa de vehículos.

Cada uno en la organización tenía una tarea especifica: tres personas, entre ellas un abogado cumplían el rol de gestores. Se encargaban de demorar la documentación referida a las supuestas transferencias de los vehículos, logrando que éstas jamás se concreten.

La figura del letrado era fundamental. El era la persona que le daba legalidad a las operaciones. Ahora cuando uno de lo estafadores exigía documentación o indagaba sobre negocio, el abogado se encargaba de darle la apariencia lícita y regular con documentación e informes de organismos de control.

En causa también aparece involucrado otro abogado. Era el encargado de efectuar las averiguaciones y gestiones judiciales tendientes a evitar o entorpecer el inicio de las causas iniciadas por las víctimas, una vez engañadas, efectuaban en la dependencia policial o fiscal, a fin de asegurarles el éxito de las maniobras estafatorias, manifestándoles a los miembros de la comunidad gitana que él podría obtener beneficios en dichas causas en trámite en virtud de una vinculación con funcionarios del poder judicial -jueces y fiscales- con quienes jugaría al fútbol.

Los estafadores solían hacer publicaciones en las redes sociales e incluso en medios de comunicación de otras provincias. Las víctimas pagaban entre 6.897.150 mil pesos o más de 40 mil dólares.

La Justicia se puso a disposición de aquellas personas que podrían haber resultado damnificadas en el marco de la megacausa «Comunidad Gitana». En la página (mpftucuman.gob.ar) hay un listado de los vehículos secuestrados.