La Cámara de Diputados le dio media sanción a una Ley de Discapacidad el 22 de octubre pasado. El oficialismo cedió y aceptó que se modifique el dictamen del proyecto que la Casa Rosada había mandado al Congreso. Ocurre que varios ítems eran muy polémicos. Uno de ellos buscaba eliminar diversos beneficios y subsidios, como la llamada Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral (PNC), una de las principales ayudas que otorga el Estado a quienes acrediten sufrir de incapacidad física para trabajar y falta de recursos propios para mantenerse, entre varios requisitos más. Por presión de aliados legislativos, con los que el Gobierno se había comprometido a saldar el largo conflicto sobre el financiamiento a los discapacitados, las PNC se mantendrán. Falta ahora la media sanción del Senado. La Casa Rosada no esperará a que la discusión llegue a la Cámara alta para marcar un objetivo que considera crucial para sostener el financiamiento para las personas con discapacidad.
Según fuentes oficiales inobjetables, el Gobierno anunciará en los próximos días un recorte de alrededor de 20 mil Pensiones por Invalidez Laboral. Se dejarán de pagar. Fueron identificadas como «truchas». Los funcionarios que trabajan en el tema aseguraron que ese ajuste es resultado de una gran auditoría que se realiza para confirmar cuántos de los más de un millón cien mil beneficiarios de las PNC cumplen realmente con los requisitos para cobrar ese subsidio.
La Casa Rosada sospecha que existen cientos de miles de subsidiados con ese plan que en realidad no deberían cobrarlo porque carecen de las necesidades reales para esos fondos. Son PNC «fantasmas», afirman en el oficialismo. Y alertan que los procesos de «ordenamiento del sistema» acaban de empezar. Se profundizarán.
Los funcionarios afirman que la eliminación de las PNC no afectará a ningún ciudadano que padezca una discapacidad real. Se explican así: «Estamos identificando prestaciones que fueron otorgadas de manera fraudulenta, con el objetivo de que los recursos del Estado lleguen realmente a quienes los necesitan».
Las autoridades impulsarán el anuncio de los primeros resultados de la auditoría sobre los discapacitados que solicitaron ayuda al Estado en un contexto problemático y en un tema de alta sensibilidad. Aun así, el martes, miércoles o jueves próximos se informaría oficialmente sobre esta primera tanda de pensiones por invalidez que se darán de baja. Las auditorías continuarán y sus conclusiones indican que se suspenderá el envío de plata estatal para decenas y decenas de miles de personas que cobran desde hace años una PNC. Los recortes, es probable, generarán quejas o reclamos públicos, pero aumentarán con el paso de los meses.
Verdiccionarios
En el Gobierno afirman que fue la gestión de Alberto Fernández la que más aumentó los beneficiarios de las PNC, pero por «motivos políticos, proselitistas, y no porque se repartieron para quienes las necesitan de verdad». La última administración presidencial K anunció, en mayo del 2023, que había logrado entregar 300 mil Pensiones por Invalidez Laboral. Los funcionarios libertarios afirman que buena parte de esos subsidios se manejaron sin criterio. «Entregaron pensiones a quienes no sufren ninguna incapacidad física».
El recorte de las PNC se dará en un contexto sensible, y tras una larga crisis con este sector vulnerable de la sociedad, que reclama hace tres años por presupuestos acordes en los organismos públicos encargados de implementar los planes que cubren parte de sus necesidades. La media sanción de una Ley de Discapacidad se retrasó durante más de un año, hasta que la Casa Rosada se comprometió de manera pública con sus aliados partidarios y legislativos en habilitar una votación con modificaciones a sus planes originales. El presidente de Diputados, Martín Menem, igual que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se mostraron más flexibles para escuchar los reclamos de los afectados por discapacidades. En cambio, en el Ministerio de Economía de Luis Caputo, o incluso el propio presidente Javier Milei se incomodaron cuando se «abrió el grifo del gasto» para impulsar una nueva legislación al respecto. En el Ministerio de Salud inquieta la posibilidad de que los grandes ganadores de las nuevas normas sean finalmente los contratistas que trabajan con las áreas de discapacidad, más que los propios afectados por alguna invalidez. Se verá.
Uno de los funcionarios que analiza de dónde y cómo se obtendrán los fondos para financiar la nueva norma es el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Si hubiera sido por Economía, quizás por el propio Milei, la media sanción de una nueva Ley de Discapacidad no se hubiera concretado. Pero pasó. Y la Casa Rosada no se quejó en público por lo que supondrá un cambio en el presupuesto 2027. Ahora avanza con las auditorías y se anunciarán recortes si se detectan irregularidades.
La suspensión de 20 mil PNC es el principio y no el fin de estas novedades, que incluyeron también el cierre de establecimientos educativos en la provincia de Buenos Aires, que recibieron miles de millones de pesos debido a que supuestamente atendían a discapacitados, pero que fueron clausurados cuando se detectó que en realidad eran «sellos cáscara» para obtener plata estatal sin la debida contraprestación al sector. Uno de esos centros se llamaba Fundación METAS. Estaba registrado en su sede principal en La Reja, partido bonaerense de Moreno. Desde el 2016 se había registrado como «Servicio de Apoyo a la Integración Escolar» (SAIE).
Los inspectores gubernamentales descubrieron que no funcionaba tal cual lo debía. El 28 de julio del 2025, por caso, el lugar estaba cerrado y ninguna señal identificaba a la Fundación METAS. El 7 de agosto se probó que la propiedad no tenía ni agua, ni electricidad, y tampoco había muebles. Las instalaciones estaban repletas de desechos. Un edificio abandonado y sucio. Al día siguiente, a pesar de que la Fundación estaba cerrada, no se les permitió a los auditores del Estado entrar de nuevo al lugar. El 17 de septiembre del año pasado, la Fundación METAS fue dada de baja del sistema SENADIS. Entre febrero del 2017 y el 2025, METAS facturó, solo en fondos públicos, más de 6200 millones de pesos. Tras ser clausurada, nadie de la institución presentó quejas.
En el Gobierno afirman que esos ejemplos se multiplican. Y que irregularidades similares se encontraron en auditorías de beneficiarios de subsidios como las PNC, que también incluyen, además de un haber mensual de alrededor de 380 mil pesos, la posibilidad de conseguir medicamentos mediante el plan Incluir Salud. El proceso de recorte de subsidios para discapacitados, y hasta de certificados para identificar a quienes sufren esa problemática, no será objetado por los aliados a LLA, siempre que sea sustentado con papeles y pruebas. Los resultados de auditorías sobre la transparencia y eficiencia en el reparto de subsidios y certificados para discapacitados se retrasaron en la actual gestión libertaria debido a un gran escándalo de supuesta corrupción.
En agosto del año pasado se difundieron los audios del entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el abogado Diego Spagnuolo, que le contaba a un interlocutor desconocido un supuesto plan de recaudación ilegal en su propio ente, que repartía coimas entre sus funcionarios pero también, siempre de acuerdo a ese relato, a la Casa Rosada, en puntual, a Karina Milei y «Lule» Menem. Spagnuolo fue despedido de su cargo mediante un decreto en el que se aludió a la Ley de Ética Pública, lo que significó un mensaje ineludible de que no había actuado de modo transparente. Spagnuolo era amigo del presidente Milei, lo visitaba cada semana en la Residencia de Olivos, y había trabajado además como su abogado personal. Spagnuolo afirmó en la Justicia que los audios en los que se lo escuchaba hablar de las coimas de ANDIS habían sido manipulados.
El fiscal Franco Picardi, avalado por los jueces Sebastián Casanello y Ariel Lijo, le tomó declaración indagatoria a Spagnuolo, y lo procesó tras haber recolectado infinidad de pruebas sobre la compra de medicamentos con sobreprecios en ANDIS. El caso avanza. Habrá novedades. Desde aquel momento hasta hoy, el Gobierno no logró sosegar la discusión pública por la falta de financiamiento para los discapacitados. Ese escenario cambió. Empezaron las auditorías. Se informará sobre recortes tras detectar irregularidades. El anuncio será oficial, pronto. / Clarín
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