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Separaron a siete policías tucumanos por el escándalo narco de la «mejicaneada» en Salta

Las autoridades resolvieron separar preventivamente de la Policía de Tucumán a cuatro efectivos que quedaron bajo sospecha por su presunta participación en el episodio y también a otros tres uniformados que prestaban servicios en el mismo destacamento.

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La investigación por el violento ataque contra una camioneta que transportaba un cargamento de cocaína en el sur de Salta sumó este miércoles un nuevo capítulo. Las autoridades resolvieron separar preventivamente de la Policía de Tucumán a cuatro efectivos que quedaron bajo sospecha por su presunta participación en el episodio y también a otros tres uniformados que prestaban servicios en el mismo destacamento, mientras la Justicia Federal intenta determinar cuál fue el verdadero papel que desempeñaron durante el hecho.

La medida fue adoptada luego de que surgieran numerosas irregularidades en el accionar de los efectivos, quienes aparecieron en la escena del ataque sin tener competencia territorial, sin autorización de sus superiores y utilizando una camioneta que se encontraba secuestrada en otra causa judicial. Los investigadores consideran que existen elementos suficientes para profundizar las sospechas sobre una posible connivencia con organizaciones dedicadas al narcotráfico.

La causa se originó el domingo por la mañana sobre la Ruta Nacional 34, a la altura de El Potrero, en la provincia de Salta. Allí una Renault Duster en la que viajaban dos mujeres fue interceptada por ocupantes de una camioneta blanca sin patente visible. Según la reconstrucción del hecho, las víctimas intentaron escapar, pero los atacantes abrieron fuego en varias oportunidades, destrozando la luneta y provocando importantes daños en la carrocería.
Las dos ocupantes lograron refugiarse en una vivienda de la zona y solicitaron auxilio, afirmando que habían sido víctimas de un intento de robo. Sin embargo, cuando efectivos de la Policía de Salta inspeccionaron el vehículo, descubrieron que uno de los proyectiles perforó un doble fondo oculto en el baúl, dejando al descubierto decenas de paquetes de cocaína cuidadosamente acondicionados. El procedimiento permitió secuestrar entre 66 y 70 kilos de cocaína, según las distintas mediciones incorporadas al expediente.
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A partir de ese hallazgo, la investigación cambió por completo. Las mujeres dejaron de ser consideradas víctimas para quedar detenidas por transporte de estupefacientes.
Una de ellas fue identificada como Ivana Georgina Portal, médica de Gendarmería Nacional, quien prestaba servicios en el Escuadrón Tartagal y además trabajaba en el hospital de esa ciudad salteña. La otra detenida es Delia Yolanda Tame, cosmetóloga y conductora del vehículo. Durante los allanamientos posteriores también fue inspeccionado el domicilio que Portal compartía con su esposo, un sargento de Gendarmería que se desempeña como chofer del jefe del escuadrón. Hasta el momento, la investigación no encontró pruebas que permitan involucrarlo penalmente en la causa.

La investigación federal sostiene como principal hipótesis que el ataque fue una «mejicaneada», modalidad utilizada dentro del narcotráfico para robar cargamentos de droga a otras organizaciones criminales. En este tipo de maniobras, una banda embosca a quienes transportan los estupefacientes para quedarse con toda la carga. Los investigadores tampoco descartan una hipótesis aún más compleja: que el ataque hubiera sido organizado por los propios proveedores de la droga, con el objetivo de evitar pagar a quienes realizaban el traslado, recuperar la mercadería y dejar endeudados a los transportistas.

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Crimen Érika Álvarez: Una escribana declaró que Sosa firmó poderes en favor de Gordillo

Este miércoles se llevó a cabo una nueva audiencia del debate oral y público en el marco de la causa que investiga la muerte de Érika Antonella Álvarez.

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Este miércoles 18 de noviembre se llevó a cabo una nueva audiencia del debate oral y público en el marco de la causa que investiga la muerte de Érika Álvarez (25), cuyo cuerpo fue encontrado el 8 de enero de este año en un basural de la zona de Manantial Sur.

El ex militar Felipe Sosa es el principal acusado. Oportunamente, el Ministerio Fiscal solicitó la pena de prisión perpetua en su contra. En tanto, respecto a los acusados Justina Gordillo y Jorge Díaz, imputados por encubrimiento, requirió seis años de cárcel.

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios I, conducida por Pedro Gallo, quien está acompañado durante las audiencias por las investigadoras Carolina Brito Ledesma y Giuliana Ricciuti. Por el hecho se encuentran imputados Felipe Sosa (50), Justina Gordillo (48) y Jorge “Chicho” Díaz (41). Cabe recordar que, mediante un juicio abreviado, el pasado 29 de julio fue condenado el otro acusado, Nicolás Navarro Flores (37), a tres años de prisión.

Continuando con la rueda de testigos correspondientes a la acusación pública, en la audiencia de hoy, 18 de noviembre, brindó su testimonio una escribana pública, quien explicó que el 7 de enero del corriente año, Felipe Sosa la contactó vía Whatsapp para solicitarle la confección de poderes para tres empresas de su propiedad, correspondientes a los rubros seguridad privada y limpieza, en favor de Justina Gordillo, autorizándola a llevar a cabo gestiones de tipo bancarias y administrativas.

También declaró la Secretaria de Superintendencia de la Corte Suprema, quien era jefe de Gordillo, la cual se desempeñaba como asistente.

Para la jornada de mañana, jueves 19 de noviembre, se espera que presten declaración expertos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del MPF.

El tribunal está integrado por los jueces Gonzalo Javier Ortega (presidente), Eliana Gómez Moreira y María Valeria Mibelli.

Oportunamente, al llevar a cabo sus alegatos de apertura al inicio del debate, el representante del MPF solicitó que Sosa sea condenado a prisión perpetua como autor del delito de femicidio. En tanto, para Gordillo requirió seis años de prisión de cumplimiento efectivo por encubrimiento por favorecimiento personal y real, triplemente agravado por tratarse de un hecho precedente especialmente grave, por actuar con ánimo de lucro y por su condición de funcionaria pública. Para Díaz pidió también seis años de prisión efectiva por el delito de encubrimiento por favorecimiento personal y real, agravado por tratarse de un hecho precedente especialmente grave. La querella adhirió a las pretensiones punitivas de la Fiscalía.

La acusación contra Sosa

Según el MPF, el 7 de enero de 2026, alrededor de horas 3:37, Álvarez se retiró de su domicilio, ubicado en Gerónimo Helguera 1701, en San Miguel de Tucumán, a bordo de un automóvil solicitado mediante la aplicación Uber y se dirigió a la vivienda de Sosa, situada en Santo Domingo 1100, en Yerba Buena. La joven arribó aproximadamente 13 minutos más tarde. La Fiscalía sostiene que, entre las 3:50 y las 7:00, Sosa, valiéndose de la relación asimétrica de poder y de la situación de vulnerabilidad de Álvarez, la golpeó con gran violencia en las regiones craneofacial y cervical. Las lesiones provocadas le ocasionaron la muerte por traumatismo craneofacial y cervical.

El rol atribuido a Gordillo y Díaz

Respecto de Gordillo, la teoría fiscal sostiene que mantuvo comunicaciones telefónicas con Sosa desde las 7:32 del 7 de enero y que ese día se presentó en su domicilio en dos oportunidades, permaneciendo allí durante varias horas junto al acusado y Navarro Flores. Según la acusación, durante la noche, Navarro se retiró de la vivienda con dos bolsas que le había entregado Sosa y de las cuales luego se deshizo. Gordillo permaneció en el lugar hasta la mañana del 8 de enero.

La Fiscalía también le atribuye haber colaborado en el ocultamiento del cuerpo de Álvarez y la eliminación de rastros del crimen, así como en la desaparición de elementos vinculados con la víctima y del teléfono celular. Además, sostiene que ayudó a Sosa a eludir la investigación y a huir a la provincia de Buenos Aires, al poner a su disposición una motocicleta KTM el 9 de enero y facilitarle posteriormente dinero e información sobre el proceso, hasta su detención, el 16 de enero. Según la acusación, Gordillo habría actuado con el propósito de obtener un beneficio patrimonial para sí y para Sosa.

En cuanto a Díaz, la Unidad Fiscal señala que el 7 de enero, alrededor de las 15:17, se presentó en el domicilio de Sosa a bordo de una camioneta Chevrolet S10 perteneciente a “Mundo Limpio” y colaboró con la eliminación de rastros del cuerpo, la desaparición del teléfono celular de Álvarez y la limpieza del lugar. Asimismo, según la acusación, al retirarse se llevó un estuche que contenía una pistola Glock calibre .40, una escopeta calibre 12, 11 cartuchos calibre .40 y cuatro cartuchos calibre 12, elementos que Sosa le habría entregado para que los ocultara.

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Disputa de tránsito y balacera en el microcentro: Condena a tres años de prisión y millonaria reparación

Una discusión de tránsito ocurrida, en el pasado mes de mayo, a plena luz del día en el microcentro de San Miguel de Tucumán derivó en una investigación por parte del Ministerio Fiscal. La Unidad Fiscal Criminal I, a cargo de. Mariano Fernández, logró cerrar un acuerdo de juicio abreviado que culminó con la condena del agresor y una importante reparación económica para la víctima.

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El violento episodio se registró el pasado 21 de mayo de 2026, alrededor de las 13:40 horas, sobre calle San Juan al 600. En medio de un intenso tráfico vehicular, se desató una discusión entre el conductor de un automóvil Ford Focus, identificado como Gustavo José Luis Orce (50), y un ciclista circunstancial, Cristian Emanuel Palacios (43), a raíz de un supuesto roce en el espejo retrovisor.

Lejos de quedar en un entredicho verbal, la situación escaló cuando Orce, portando una pistola semiautomática Bersa calibre 40 sin la debida autorización de portación, efectuó un disparo a una distancia menor a un metro que impactó en el hombro izquierdo de Palacios. La bala no comprometió vasos sanguíneos vitales ni órganos mayores, provocando lesiones que demandaron un tiempo de recuperación menor a un mes. Tras el ataque, el imputado intentó continuar su marcha pero, fue interceptado y aprehendido a pocos metros por personal policial.

La condena

Ante la contundencia de las evidencias incorporadas (que incluyeron actas policiales, historias clínicas, testimonios presenciales, informes toxicológicos de dermotest positivo y registros de cámaras del Centro de Monitoreo), el imputado reconoció de manera lisa, llana e incondicional su autoría en el hecho.

Mediante el acuerdo de juicio abreviado, con el expreso consentimiento de la querella, se fijó una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, bajo estrictas reglas de conducta por el plazo que dure la condena:

Restricción de acercamiento: prohibición absoluta de relacionarse o acercarse a Cristian Emanuel Palacios y a su domicilio a menos de 200 metros.

Control y prohibiciones: Obligación de fijar domicilio, someterse al Patronato de Liberados, abstenerse de consumir estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas, y la prohibición absoluta de tener o portar armas de cualquier tipo y calibre.

Resarcimiento económico: El imputado acordó abonar la suma total de $18.000.000 de pesos en concepto de reparación económica (un pago inicial al contado de $10.000.000 y el saldo en cuatro cuotas mensuales consecutivas de $2.000.000).

De esta manera, la condena quedó firme y garantiza tanto la pacificación social como la reparación integral de la víctima.

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Dos jóvenes perdieron la vida tras un choque contra un árbol en la ruta provincial 308

El siniestro ocurrió en la zona de La Loma de Marapa, al oeste de Juan Bautista Alberdi, cuando la motocicleta en la que se desplazaban salió del camino.

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Un grave siniestro de tránsito ocurrido en el sur de la provincia de Tucumán dejó consternada a la comunidad de Juan Bautista Alberdi. El hecho tuvo lugar el domingo, aproximadamente a las 21:40, sobre la traza de la ruta provincial 308, en el sector conocido como La Loma de Marapa, situado hacia el oeste del casco urbano. Dos personas de 25 años que se trasladaban a bordo de un motovehículo protagonizaron una colisión que derivó en la muerte de ambos ocupantes.

De acuerdo con la información suministrada por las dependencias policiales intervinientes, las víctimas transitaban en una motocicleta Gilera Smash de 110 centímetros cúbicos en dirección oeste a este. Al momento de ingresar en un tramo curvo de la calzada, el conductor perdió el control de la unidad, lo que provocó que el vehículo abandonara la cinta asfáltica, saliera hacia el sector de la banquina e impactara de manera violenta contra un árbol ubicado al costado del camino.

Identificación de las víctimas y consecuencias inmediatas

A raíz de la magnitud del impacto, uno de los jóvenes, individualizado como Iván Gonzalo Gómez Romano, de 25 años y con residencia fija en el barrio El Peral de Juan Bautista Alberdi, falleció de forma instantánea en el lugar del siniestro. Familiares de la víctima acudieron al sector del choque minutos después de haber sido alertados sobre el desenlace fatal, mientras los efectivos preservaban el perímetro para facilitar las labores correspondientes.

Por su parte, el segundo ocupante de la motocicleta fue identificado como Milton Marcos Herrera, también de 25 años de edad, quien tenía su domicilio establecido a la vera de la propia ruta 308, en proximidades de un desarmadero de la zona. Como resultado del choque contra el árbol, Herrera sufrió traumatismos de extrema gravedad y la amputación de su brazo derecho. En una primera instancia, personal del servicio de emergencias médicas 107 acudió al sitio para brindarle maniobras de auxilio y coordinar su traslado de urgencia en ambulancia hacia el hospital local.

Si bien las actuaciones policiales iniciales consignaron su ingreso hospitalario bajo un cuadro crítico como consecuencia de las severas lesiones padecidas, horas más tarde se constató su deceso en el establecimiento de salud, pese a los esfuerzos desplegados por los profesionales que lo asistieron.

Causa judicial e investigación pericial

Las actuaciones judiciales en torno al hecho quedaron caratuladas como homicidio culposo y lesiones culposas en accidente de circulación, bajo la figura jurídica de concurso ideal. Los peritos de la Policía de Tucumán trabajaron en el lugar del siniestro para realizar el levantamiento de rastros, medir la trayectoria del vehículo y determinar con precisión la mecánica que llevó al despiste y la posterior colisión en la curva de La Loma de Marapa.

Las autoridades judiciales buscan establecer si existieron factores externos que hayan incidido en la maniobra, tales como las condiciones de visibilidad nocturna, el estado del pavimento en ese tramo de la ruta provincial 308 o la intervención de algún otro rodado que pudiera haber obligado a una maniobra evasiva antes de la salida del camino.

Procedimientos policiales paralelos en el municipio

En el marco de las actividades de control y prevención desarrolladas en Juan Bautista Alberdi durante las mismas jornadas, personal de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de Tucumán llevó adelante una serie de allanamientos ordenados por la Justicia en el contexto de una causa por presunta comercialización de estupefacientes a menor escala.

Los registros domiciliarios tuvieron lugar en diversos inmuebles de la ciudad alberdiana, entre los cuales se incluyó un local del rubro gastronómico dedicado a la venta de hamburguesas ubicado sobre la calle Lidoro Quinteros. Como resultado de los procedimientos, tres jóvenes quedaron aprehendidos y a disposición judicial.

Durante las inspecciones, las fuerzas de seguridad incautaron aproximadamente 1,9 kilogramos de marihuana fraccionada en paquetes y envoltorios listos para su distribución, además de semillas y remanentes de la sustancia vegetal. En los mismos domicilios se procedió al secuestro de balanzas de precisión, elementos plásticos para cortes, sumas de dinero en efectivo, dispositivos de telefonía celular, una motocicleta Honda Wave de 110 centímetros cúbicos, equipos de filmación y cámaras de vigilancia, junto con un arma de fuego que quedó incorporada al expediente de la investigación.

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