Tres sujetos (uno de 27 y los otros dos de 30 años) fueron acusados por el delito de estafas en perjuicio de dos empresas dedicadas a la comercialización de aceites, baterías, lubricantes y tambores de grasa, ambas emplazadas sobre ruta nacional 9.

Este domingo, el auxiliar de fiscal, Rogelio Rodríguez del Busto, por delegaciones del titular de la Unidad Especializada de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, Diego López Ávila, los acusó, además, por el delito de uso de documento probado falso.

Fueron en total seis hechos los atribuidos, correspondiendo al masculino de 27 años la comisión de cinco de ellos. En tanto, los otros dos participaron en tres y en uno respectivamente. Los dos últimos ilícitos ocurrieron este mes, los días 8 y 14 de octubre. Según la Fiscalía, para concretar la comercialización, los sospechosos montaron un plan donde se presentaban falsamente como integrantes de una sociedad, dedicada a insumos agropecuarios y al acopio de cereales.

“En todos los hechos utilizaron la misma modalidad, se contactaron por teléfono para la compra de mercadería y utilizaron cheques (denunciados como robados), chequeras viejas o falsas. Hay captura de conversaciones y filmaciones”, detalló el Auxiliar de Fiscal quien estuvo acompañado en la jornada por la instructora, Justina Cardona Delaporte.

Seguidamente agregó que resta dar con el paradero de otros integrantes como así también efectuar el informe antropométrico (cotejar las cámaras de seguridad), las pericias a los celulares secuestrados y la rueda de reconocimiento por parte de las personas que atendieron a los involucrados. Por último, el representante del MPF pidió la prisión preventiva por 60 días, siendo reducido el plazo por la jueza actuante por el término de 30 días atento a los riegos procesales expuestos por la Fiscalía, de fuga (arraigo débil) y de entorpecimiento. El daño patrimonial a una de las empresas afectadas ronda los $47.000.000.

El último de los ilícitos

El pasado miércoles, 14 de octubre de 2026, un sujeto (aún no identificado) previo acuerdo de voluntades y división de tareas con dos de los acusados (de 30 años) inició negociaciones comerciales mediante llamada telefónica vía WhatsApp con la concesionaria oficial de Mercedes Benz (emplazada sobre ruta nacional 9 km 1228) manifestando engañosamente, encontrarse interesados en la adquisición de tachos de aceite y acordando la compra de 20 por la suma de $33.000.200 presentándose en igual fecha otro individuo (no identificado) a bordo de un automóvil, marca Peugeot 208 color gris, entregando como supuesto medio de pago un cheque el cual resultó ser de una chequera vieja que ya no tenía vigencia, en consecuencia incobrable, para retirarse del lugar tras entregar el instrumento y coordinando su retiro posterior por medio de un flete.

Luego de siete días de agonía en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Centro de Salud, en la capital tucumana, se confirmó el deceso de Nicolás Agustín Albaca Romano, el efectivo de la Policía de Tucumán de 23 años que había recibido un disparo en el tórax por parte de un compañero de la fuerza mientras prestaba servicio en una casilla de guardia.

El joven policía había ingresado al nosocomio en estado gravísimo, con asistencia respiratoria mecánica y severas lesiones en el hemitórax izquierdo con compromiso pancreático. Pese a las intervenciones quirúrgicas y los cuidados médicos recibidos desde su traslado de urgencia, la gravedad del cuadro provocó su muerte en las últimas horas.

Reconstrucción de la madrugada trágica en Charcas y Díaz Vélez

El trágico episodio ocurrió alrededor de las 0:30 del martes 6 de octubre en la garita policial ubicada en la intersección de la calle Charcas y pasaje Díaz Vélez, en la zona de jurisdicción de la Comisaría Seccional Segunda (Predio Ferial).

De acuerdo con la reconstrucción efectuada por la Unidad Fiscal de Homicidios II, conducida por el fiscal Carlos Sale, dentro de la casilla se encontraba el agente Benjamín Eduardo Díaz (Personal Transitorio Policial de la Dirección de Distritos Urbanos N° 1) posicionado cerca de la puerta. En el exterior de la garita permanecían la víctima, Albaca Romano, junto a los uniformados Marcos Andrés Díaz y David Nazareno Santillán.

En ese contexto, por razones que se intentan establecer con precisión, se accionó la pistola 9 milímetros marca FN Browning reglamentaria de Benjamín Díaz. El proyectil ingresó en el hemitórax izquierdo de Albaca Romano sin orificio de salida. Tras el alerta de los vecinos, un móvil del Distrito Urbano al mando del subcomisario Cristian del Carril derivó de inmediato al herido hasta el Hospital Centro de Salud.

Cambio de carátula y situación procesal del imputado

En un primer momento, el acusado declaró ante las autoridades que se había tratado de un disparo accidental producido mientras manipulaba su arma de servicio. Sin embargo, en la audiencia de formalización de la investigación celebrada el miércoles 7 de octubre, el auxiliar de fiscal Alejandro Andole le imputó inicialmente el delito de lesiones graves.

Ante la confirmación de la muerte de Albaca Romano, la Fiscalía readecuó la imputación penal hacia la figura de homicidio.

Las declaraciones de la defensa: «Lo único que pide es la pronta recuperación de su compañero»

Hace unos días y ante el avance de la causa, los abogados defensores del imputado, José María Molina y Fabrizio Caruso, insistieron en que el hecho debe encuadrarse como una tragedia involuntaria o «una negligencia, quizás». Los letrados expresaron: «Lo único que pide es la pronta recuperación de su compañero», remarcando que Díaz era el principal interesado en que Albaca Romano pudiera recuperarse para declarar cómo ocurrieron los hechos.

En ese sentido, Molina y Caruso destacaron los siguientes puntos en favor del acusado:

• Sin discusiones previas: Los policías Marcos Andrés Díaz y David Nazareno Santillán, que se encontraban en el exterior de la garita, declararon que no hubo discusiones ni agresiones previas entre los efectivos.
• Colaboración con la Justicia: Díaz permaneció en el lugar tras el disparo, entregó voluntariamente su teléfono celular y se sometió al dermotest y dosaje de alcohol.
• Inexistencia de dolo: La defensa remarcó que, pese a entender el dolor expresado por la familia de la víctima, no existe ningún elemento técnico en el expediente que haga sospechar que el balazo fuera intencional.