La muerte de Carlos “Indio” Solari dejó, además del pesar por la pérdida de una figura señera del rock argentino, una cuestión práctica y simbólica abierta: cómo organizar la despedida pública de un ícono que convocó a generaciones enteras. Con la noticia circulando y una marea de homenajes en ascenso, las autoridades nacionales evaluaron distintas alternativas y finalmente descartaron realizar la ceremonia en el Congreso de la Nación por “cuestiones de seguridad”. La familia confirmó, no obstante, que habrá un homenaje el sábado, aunque sin precisar el lugar.

Desde las cuentas oficiales vinculadas al artista se comunicó: “La despedida del Indio tendrá lugar mañana, sábado 6 de junio. Tan pronto esté asegurada la hora a partir de la cual se desarrollará, y también el lugar (que no será en Parque Leloir), se los haremos saber. Gracias por el amor y la paciencia”. Ese anuncio sostuvo la expectativa de miles de seguidores que aguardan indicaciones oficiales sobre el acto.

En las últimas horas cobró fuerza la posibilidad de utilizar las instalaciones del Congreso Nacional, impulsada por diputados que elevaron la solicitud al presidente de la Cámara baja, Martín Menem. Fuentes cercanas a las negociaciones admitieron que la idea fue inicialmente desechada, pero la magnitud de la repercusión social y la presión mediática y en redes motivaron una reapertura del debate. Finalmente, y tras evaluar riesgos logísticos y de seguridad, la opción quedó descartada.

El gobernador Osvaldo Jaldo autorizó la entrega de un subsidio de $19,5 millones a la Parroquia Nuestra Señora de la Encarnación – Catedral Metropolitana, con el objetivo de financiar trabajos de puesta en valor en el principal templo católico de la provincia.

La medida fue dispuesta mediante el Decreto N° 1.091/14 (MGyJ), firmado el 18 de mayo y publicado este jueves en el Boletín Oficial. Los fondos estarán destinados a la jerarquización del atrio, el frente y los laterales del edificio histórico ubicado en la esquina de Congreso y 24 de Septiembre, en pleno centro de San Miguel de Tucumán.

Según se consigna en los fundamentos de la norma, la solicitud fue presentada por el presbítero Omar del Valle Carranza, párroco de la Catedral Metropolitana, quien requirió asistencia económica para afrontar los gastos vinculados a las obras de acondicionamiento y mejora del templo.

El decreto destaca que la Iglesia Catedral constituye un sitio histórico de relevancia y la ubica entre los tres templos más antiguos del país. Asimismo, señala que la proximidad de tradicionales celebraciones religiosas y eventos que se desarrollan en ese espacio motivó la necesidad de concretar las tareas de puesta en valor.

La asistencia económica fue otorgada con cargo de oportuna rendición de cuentas y será financiada con recursos del Tesoro General de la Provincia. A su vez, la Dirección de correspondiente orden de pago.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que la decisión se enmarca en la voluntad de acompañar la preservación de edificios de valor histórico, cultural y religioso, además de contribuir al mantenimiento de espacios que forman parte del patrimonio arquitectónico y de la identidad de Tucumán.

La Catedral Metropolitana es uno de los edificios más emblemáticos de la capital tucumana y constituye un punto de referencia para la vida religiosa, cultural y turística de la provincia, además de ser escenario de las principales celebraciones litúrgicas del calendario católico y escenario de oficios en fechas importantes, como el Día de la Independencia, el 9 de Julio.

En el Gobierno creen que Javier Milei no firmará la designación de María Verónica Michelli, la candidata a jueza del Tribunal Oral Federal 3 de La Plata que recibió acuerdo del Senado pese al rechazo de la Casa Rosada. Cerca de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del asesor Santiago Caputo dan por hecho que el Presidente mantendrá frenado el decreto de nombramiento y no completará el último paso del trámite.

La lectura que hacen en Balcarce 50 es que el acuerdo del Senado no obliga políticamente a Milei a firmar de inmediato la designación. El procedimiento constitucional para cubrir una vacante judicial requiere propuesta del Poder Ejecutivo, acuerdo de la Cámara Alta y posterior decreto presidencial de nombramiento. Ese último acto quedó ahora en manos del Presidente, que había pedido retirar el pliego de Michelli antes de que la oposición forzara su tratamiento y aprobación.

En despachos oficiales ponen como antecedente el caso de Juan Manuel Yalj, ocurrido durante el gobierno de Cristina Kirchner. En 2011, el Senado había aprobado su pliego para asumir como camarista federal en San Martín, pero el decreto de designación nunca fue firmado después del malestar que generó su actuación en la causa contra el dirigente ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero. Yalj terminó renunciando a su postulación ante el Poder Ejecutivo.

El pliego de Michelli fue aprobado este jueves por 44 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones. La mayoría del oficialismo votó en contra, mientras que Patricia Bullrich se abstuvo tras haber anticipado que no acompañaría la decisión del Ejecutivo de retirar la candidatura. La votación dejó expuesta la tensión interna en La Libertad Avanza y también el límite que encontró la Casa Rosada para ordenar a sus aliados en el Senado.

El retiro del pliego de María Verónica Michelli

El caso se convirtió en un revés político para el Gobierno porque la postulación había sido enviada originalmente por el propio oficialismo. La objeción posterior surgió cuando en Balcarce 50 repararon en el parentesco de Michelli con el periodista Hugo Alconada Mon. El Ejecutivo intentó retirar el pliego, pero la oposición y bloques dialoguistas empujaron su tratamiento sobre tablas y consiguieron los dos tercios necesarios para aprobarlo.

En la Casa Rosada aseguran que Milei siguió de cerca todo el tratamiento de los pliegos judiciales. Según fuentes oficiales, fue el propio Presidente quien dio la orden de incluir la totalidad de los pliegos que estaban en condiciones de ser tratados, después de que inicialmente se había trabajado sobre una lista de 50. Esa instrucción derivó en la incorporación de 23 pliegos adicionales y, por pedido de la oposición, también terminó abriendo la puerta al tratamiento de Michelli.

La explicación que dan en Balcarce 50 es que la primera selección de 50 candidatos no respondía a un criterio institucional claro. “La elección había sido sin un criterio particular”, sostienen en el Ejecutivo. Por eso, cuando el oficialismo revisó el listado, avanzó con la idea de sumar al resto de los postulantes con dictamen y evitar una diferenciación entre candidatos que estaban en condiciones similares.

La maniobra, sin embargo, desordenó la sesión. El cambio de criterio en la cantidad de pliegos provocó la reacción del kirchnerismo y de sectores dialoguistas, que denunciaron incumplimientos respecto de lo conversado en la Labor Parlamentaria. El oficialismo debió pedir un cuarto intermedio y, al regreso, aceptó votar los 73 pliegos con dictamen más el de Michelli, que había sido retenido hasta último momento en la Comisión de Acuerdos.

El resultado fue una sesión de doble lectura para la Casa Rosada. Por un lado, el Gobierno celebró la aprobación de pliegos judiciales y la presentó como un avance en la cobertura de vacantes del Poder Judicial. Por otro, quedó obligado a convivir con el acuerdo otorgado a una candidata que el propio Milei había decidido frenar. Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, evitaron mencionar a Michelli en los mensajes públicos posteriores a la votación.

La Casa Rosada buscará ahora recuperar la iniciativa con el envío de una nueva tanda de pliegos judiciales. En el Ejecutivo anticipan que la semana que viene remitirán al Senado otros 30 expedientes, vinculados principalmente a cargos civiles, comerciales y de familia, en línea con los envíos anteriores. El objetivo oficial es sostener el ritmo de cobertura de vacantes y reforzar el mensaje de que la política judicial sigue activa pese al conflicto.

En el Gobierno, por ahora, dan por descontado que el decreto no saldrá y apuestan a que la definición quede demorada. En Balcarce 50 creen que las trabas administrativas para que el tribunal funcione le dan margen a Milei para no firmar de inmediato la designación, aun después del acuerdo del Senado.