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Se mató el cura Eduardo Lorenzo, acusado de abusos sexuales

La jueza Marcela Garmendia, de La Plata, había ordenado su detención. Fue tras recibir las pericias psicológicas hechas sobre el sacerdote.

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Apenas unas horas después de enterarse que la jueza Marcela Garmendia había ordenado su detención, después de saber que la decisión de la magistrada fue tomada una vez que ella leyó su perfil psicológico, hecho por peritos oficiales, el cura Eduardo Lorenzo fue hallado sin vida en la sede de Cáritas de La Plata. Estaba acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado contra al menos cinco víctimas, todas varones, todas menores de edad, por hechos ocurridos al menos en los últimos tres años.

Lorenzo estaba a punto de cumplir 60 años, nació el 21 de enero de 1959. Fue descubierto por gente de Cáritas, que denunció el hecho al 911. La Policía platense arribó al lugar a las 22 y pidió auxilio al SAME. El sacerdote estaba acostado en el suelo de su habitación, con un arma a su lado.

El pedido de detención era una medida que esperaban hace meses las víctimas y sus familiares, y que había reclamado la fiscal Ana Medina en octubre pasado, pero Garmendia la hizo efectiva recién ahora, este lunes, pues había estado esperando incorporar al expediente las pericias psicológicas hechas a Lorenzo y al primero de los denunciantes.

Sin embargo, Lorenzo, acusado del delito “abuso sexual con acceso carnal agravado”, no iba a ir preso todavía. Es que, paralelamente, Alfredo Gascón, abogado defensor del cura, que fue capellán en el Servicio Penitenciario Bonaerense, había presentado un pedido de eximición de prisión a Garmendia, quien en el mismo fallo en el que ordenó detener al sospechoso rechazó este requerimiento.

¿Por qué entonces si la magistrada rechazó la eximición Lorenzo no iba a ir preso? Pues porque Gascón apeló esta decisión y ahora debía resolver la Cámara de Apelaciones.

“Cada minuto de demora en la efectiva detención al cura Lorenzo agrega un capítulo de escándalo en la Justicia platense. La jueza Garmendia finalmente, tras decenas de pedidos de detención, la dispuso, y sin embargo no la ejecuta y lo eleva a Cámara, agravando el riesgo de fuga y el peligro concreto de que Lorenzo eluda la investigación”, remarcó a Infobae Juan Pablo Gallego, abogado de una de las víctimas.

La detención se activó, al menos en la formalidad, dos semanas después de que declarase ante la fiscal Medina la quinta víctima de Lorenzo, un hombre de 44 años, empresario gastronómico, que aseguró que fue abusado por el sacerdote a principios de la década del ’90, cuando él tenía apenas 16.

“Gustavo”, un nombre ficticio elegido para no revelar su verdadera identidad, contó que el sacerdote lo obligaba a hacerle masajes, lo emborrachó e intentó besarlo en la boca. “Me pedía que le hiciera masajes en la espalda y me subiera arriba de él”, relató el lunes 3 de diciembre en los Tribunales de la capital bonaerense y varias veces tuvo que interrumpir su testimonio, presa de la conmoción y el llanto.

Según declaró, sufrió abusos por parte de Lorenzo entre 1991 y 1992 en la parroquia San José Obrero, de Berisso, y en la iglesia San Benito, en Olmos. El hombre contó que conoció al cura por su pertenencia a un grupo scout de la iglesia Rosa Mística, en el centro platense: “En ese momento Lorenzo coordinaba todos los grupos scouts a nivel regional y ahí comenzamos a tener una amistad. Al tiempo de haberlo conocido en la Rosa Mística, Lorenzo me invitó a ver grupos de scouts que tenía. Yo iba cada tanto, compartía alguna actividad. Y un día me invitó a cenar a la casa parroquial, que quedaba al lado de la iglesia San José Obrero. Fui y como no podía volver porque era tarde, me ofreció que me quede en una habitación que tenía”.

Por si con los testimonios de sus víctimas no fueran suficiente, en los últimos días finalmente se incorporó al expediente la pericia psicológica oficial hecha a Lorenzo, donde se lo describe de manera contundente. De acuerdo con el informe elevado por Ayelén Rodríguez y Verónica Silva Acevedo a Garmendia, el cura tiene una “estructura psicopática perversa de la personalidad, con características de manipulación, elevado autocentramiento y egocentrismo, con escasa autocrítica y autoobservación impregnada de rasgos narcisísticos”.

Ante las peritos, Lorenzo se mostró por momentos ansioso pero dotado de un vocabulario rico y gestos ampulosos. Contó que su mamá murió cuando él tenía siete años y que su papá luego conformó otra pareja que se suicidió pocos años más tarde. También relató que jugaba al tenis y al rugby, que fue a un colegio católico y que empezó a tener interés por la vida religiosa a los 15 años. Un año más tarde tuvo su única novia, Marilú, que le hizo pensar en su vida espiritual. Pero a los 20 ingresó en el seminario San José.

Ante Rodríguez y Acevedo, Lorenzo dijo que por momentos le costó la vida del celibato, que temió por la posibilidad de perder “halagar y ser halagado” y que “sublimó” su vida sexual, pero que a los 26 creyó haberse enamorado de una mujer.

Sobre la situación actual dijo que siente que perdió “todo” y que se hizo cura “para dar una mano”. Fue contundente con la afectación de su ego tras las denuncias: “No quería que me vieran derrumbar”, les dijo a las psicólogas.

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Femicidio en Graneros: encontraron sin vida a una mujer de 36 años y aprehendieron a su pareja

La víctima fue identificada como Yudith Nazarena Jerez y, por el hecho, fue aprehendido su pareja, Pablo Salvador Pitali, de 38 años.

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Una mujer de 36 años fue encontrada sin vida este lunes en el interior de su vivienda, ubicada en el paraje La Cañada, en Graneros. La víctima fue identificada como Yudith Nazarena Jerez y, por el hecho, fue aprehendido su pareja, Pablo Salvador Pitali, de 38 años. La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial Concepción.

El episodio se conoció alrededor de las 12.10, cuando Jesús Alejandro Jerez, hermano de la víctima, se presentó en la comisaría local y pidió la presencia urgente de efectivos. Según relató, su hermana se encontraba sin vida dentro de su domicilio, situado frente a una escuela, y presentaba manchas de sangre en el cuerpo.

El hombre explicó que Yudith mantenía una relación de pareja con Pitali desde hacía aproximadamente 15 años y que ambos tenían una hija de 10 años. Al momento de su llegada, ni el hombre ni la niña se encontraban en la vivienda.

Los policías se trasladaron y constataron que una mujer se encontraba sin signos vitales en uno de los dormitorios. En la vivienda también estaba personal del CAPS de Graneros, que confirmó el fallecimiento.

De acuerdo con el reporte policial, la víctima presentaba un golpe a la altura de la sien, que podría corresponder a un impacto o a un posible proyectil. 

A partir de esa situación, los policías preservaron el lugar y solicitaron la intervención de Infantería Sur. Al mismo tiempo, comenzaron a buscar al posible autor del hecho.

Lo encontraron debajo de una cama
 

Durante la inspección de las distintas dependencias de la vivienda, los efectivos detectaron a un hombre escondido debajo de una cama. Según el informe, presentaba manchas pardo rojizas, por lo que fue aprehendido de manera preventiva.

El sospechoso quedó aprehendido.

Siempre de acuerdo con el reporte policial, el hombre manifestó espontáneamente que había cometido “un grave error” con el uso de un arma de fuego.

Ante esta situación, se solicitó la presencia de personal de Infantería para garantizar la custodia y el traslado del aprehendido hasta una dependencia policial de la Unidad Regional Sur.

La Policía comunicó el caso a la Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial Concepción. El fiscal Carlos Sale dispuso que se mantuviera el resguardo y la protección del lugar. Además, ordenó que al aprehendido se le hicieran conocer sus derechos y se cumplieran las medidas de rigor antes de su alojamiento en una dependencia policial de la Unidad Regional Sur.

La fiscalía también dispuso la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), cuyos integrantes se trasladaron al lugar para realizar las tareas correspondientes.

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Tras un tiroteo entre dos familias, hubo allanamientos y secuestros de armas de fuego

Hay una persona demorada por averiguación de antecedentes que ya se encuentra a disposición de la Justicia.

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Personal de la Comisaría Alderetes avanza en la investigación de un violento episodio y desde la mañana de este sábado ejecutó una serie de allanamientos e incautó evidencia material.

“La causa parte el día 30 de septiembre donde, en horas de la tarde, dos familias conflictivas de esta ciudad se enfrentaron, realizando disparos de armas de fuego. Este hecho se produjo en plena vía pública” fueron las palabras del oficial principal Hasan Ale, responsable del caso en la mencionada dependencia policial.

Tras recabar información valiosa, recolectar testimonios vecinales y analizar registros fílmicos provenientes de distintas cámaras, los uniformados solicitaron una orden judicial para intervenir en diversos domicilios vinculados al caso donde confiscaron las prendas de vestir que los implicados habían usado al momento del delito y armamento. “Ahora estamos trabajando en este domicilio, donde luego del registro se han secuestrado múltiples armas de fuego, entre ellas, tenemos dos pistolas nueve milímetros, rifles de aire comprimido y gran cantidad de cartuchos de distintas marcas y calibres” mencionó el oficial principal.

En el marco de esa causa, hay una persona demorada por averiguación de antecedentes que ya se encuentra a disposición de la Justicia.

Por su parte, Hasan Ale también dijo: “Estamos trabajando fuertemente en la ciudad de Alderetes y los resultados están a la vista” remarcando, de esa manera, el firme compromiso que la Fuerza de Seguridad mantiene diriamente con la ciudadanía.

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Denunciaron por presunto abuso sexual y extorsión laboral al sindicalista César González

De acuerdo con lo consignado en la presentación judicial, la denunciante habría ingresado a prestar servicios en el ámbito de la UTA bajo condiciones atípicas, percibiendo su remuneración directamente del peculio personal del denunciado en su oficina privada.

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La Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual y Género de Tucumán, bajo la dirección del fiscal Gonzalo Rodríguez, tramita el legajo caratulado como presunto abuso sexual con acceso carnal reiterado en contra del dirigente gremial César González, titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en la provincia.

Según consta en el escrito iniciado por la denunciante, con el patrocinio letrado de los abogados Juan Macario Santamarina y Gonzalo Ascárate, los hechos habrían comenzado en julio de 2018 y se habrían extendido durante más de siete años en el marco de una supuesta situación de dependencia laboral y económica.
Por su parte, González, acompañado por su abogado Ernesto Baaclini, señaló: «Desmiento categóricamente los hechos relatados en la denuncia, de la cual tengo pleno conocimiento. Todo fue planeado estratégicamente en relación a las elecciones del Gremio UTA. Detrás de esto, está involucrado un empresario del transporte público de pasajeros que avala a la lista negra que es opositora a nuestra gestión. Lo que no esperaban, es que las elecciones de UTA programadas para el 7 y 8 de octubre de 2026, fueron pasadas para 17 y 18 de diciembre de 2026. Espero que antes de las elecciones en diciembre, no inventen otra denuncia».

Agregó que «la denunciante era abogada del gremio. Y pidió indemnización por medio de cartas documento».
De acuerdo con lo consignado en la presentación judicial, la denunciante habría ingresado a prestar servicios en el ámbito de la UTA bajo condiciones atípicas, percibiendo su remuneración directamente del peculio personal del denunciado en su oficina privada. En ese contexto, el imputado habría ejercido un control total sobre la única fuente de ingresos del hogar familiar de la denunciante, condicionando de manera explícita la regularización de su trabajo a requerimientos de carácter sexual.
Ante las constantes negativas de la presunta víctima, se habrían ejecutado represalias económicas sistemáticas que incluyeron la retención y el retraso de salarios, la postergación de aumentos salariales aplicados a otros profesionales y la imposición de condiciones arbitrarias para el goce de licencias. La denuncia señala además el uso presuntamente extorsivo de la cobertura médica del hermano de la mujer, quien posee una discapacidad severa, supeditando su permanencia laboral a la baja de dicho beneficio de salud, situación que habría desencadenado la renuncia forzada de la damnificada tras sufrir graves secuelas en su salud psicofísica.

 

Ante la gravedad de los hechos expuestos y «la influencia gremial que ejercería el imputado», la representación legal de la denunciante solicitó la adopción inmediata de medidas de protección preventiva e inminente tutela judicial efectiva. Entre las peticiones dirigidas al fiscal interviniente figura la prohibición de acercamiento para el imputado en un radio no menor a trescientos metros respecto de la presunta víctima, su núcleo familiar, su domicilio real y su puesto de trabajo en la Secretaría de Trabajo.
Asimismo, se requirió una orden de abstención absoluta de realizar actos de turbación, hostigamiento u intimidación de manera directa o por interpósita persona, ya sea de forma presencial, telefónica o digital. A fin de resguardar la salud mental de la denunciante, evitar instancias de revictimización y preservar el valor probatorio del testimonio, la querella solicitó con carácter urgente fijar fecha para la recepción de su declaración bajo la modalidad de Cámara Gesell, invocando las previsiones del Código Procesal Penal de Tucumán, la legislación provincial y la Ley Nacional de Protección Integral a las Mujeres.

 

El planteo para asumir el rol de Querellante Particular se fundamenta en el artículo 89 del Código Procesal Penal de Tucumán, destacando la legitimación activa de la denunciante, quien posee título de abogada y reviste la condición de víctima directa de los hechos investigados. En ese sentido, la presentación requiere fijar fecha para la suscripción del «poder apud acta» junto a sus letrados patrocinantes, Santamarina y Ascárate, a fin de formalizar su intervención en el Legajo S-028511/2026.
La solicitud sostiene que la participación activa de la víctima dentro del sistema acusatorio adversarial garantiza el derecho a ofrecer prueba, impulsar la acusación y controlar la actuación fiscal, apoyándose en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentada en los precedentes Santillán y Quiroga. Asimismo, la postura de la querella invoca las garantías de la Constitución Nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención de Belém do Pará y el catálogo de derechos procesales de la Ley 26.485, los cuales imponen al Estado el deber de debida diligencia reforzada en investigaciones de violencia de género. /El Tucumano

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