Un grave episodio de inseguridad sacudió la zona de El Cadillal, donde el empresario Mario Conti, propietario de la Aerosilla Nuevo Cadillal, fue víctima de un violento asalto dentro de su vivienda mientras se encontraba junto a su esposa y sus dos hijos pequeños.

El hecho ocurrió durante la noche, cuando un grupo de delincuentes armados ingresó al domicilio y redujo a todos los ocupantes, generando momentos de extrema tensión y violencia. De acuerdo con el testimonio de la familia, los asaltantes actuaron con rapidez y bajo amenazas, mientras las víctimas permanecían indefensas.

La esposa del empresario, Roxana Delgado, relató el dramático momento que vivieron junto a sus hijos, de 10 y 4 años, quienes presenciaron toda la secuencia. A través de un mensaje difundido tras el ataque, expresó el profundo impacto que dejó el episodio.

«Esa noche nuestra paz fue destruida en cuestión de segundos. Pensé que habían matado a mi marido», manifestó.

Según el relato de la familia, durante el asalto se activó una alarma antipánico, circunstancia que habría provocado la huida de los delincuentes antes de concretar todos sus objetivos. Ese aspecto, junto con la mecánica del ingreso, la cantidad de autores y el recorrido que realizaron dentro de la vivienda, forma parte de la investigación que llevan adelante las autoridades.

Si bien hasta el momento no trascendieron detalles oficiales completos sobre el procedimiento ni sobre el botín que pudieron haber obtenido los asaltantes, la familia aseguró que el daño psicológico fue enorme, especialmente para los niños, que quedaron profundamente afectados tras haber presenciado el violento episodio.

Los investigadores trabajan ahora para reconstruir con precisión lo ocurrido, analizar posibles registros de cámaras de seguridad y reunir elementos que permitan identificar a los responsables.

Mientras avanza la causa, la familia de Mario Conti reclamó que el hecho sea esclarecido cuanto antes y que los autores del violento asalto sean identificados y llevados ante la Justicia. El episodio volvió a poner en el centro de la escena la preocupación por la inseguridad en la zona de El Cadillal, donde vecinos reclaman mayores medidas de prevención y presencia policial. /Contexto/

Un operativo de la Gendarmería Nacional permitió el secuestro de 26 kilos 970 gramos de cocaína que eran transportados en un doble fondo de un automóvil que circulaba por la Ruta Nacional 9, a la altura del peaje Molle Yaco, en la provincia de Tucumán. Como resultado del procedimiento, dos personas fueron detenidas y la Justicia Federal ordenó allanamientos en distintos domicilios de la capital provincial.

El procedimiento fue realizado por efectivos del Escuadrón 55 Tucumán, quienes inspeccionaron un vehículo particular en el que viajaban dos ciudadanos mayores de edad.

Durante la inspección inicial, los gendarmes detectaron que el automóvil transportaba ocho cubiertas de origen extranjero en infracción al Código Aduanero. Esa irregularidad motivó una revisión más exhaustiva del vehículo.

En ese contexto intervino el can detector de narcóticos «Yan», que marcó la presencia de estupefacientes en el sector del zócalo del rodado.

Con la presencia de testigos, los uniformados desarmaron esa parte del vehículo y descubrieron un doble fondo donde se ocultaban 26 paquetes rectangulares que contenían un total de 26 kilos 970 gramos de cocaína.

Tras el hallazgo, el Juzgado Federal Nº 3 de Tucumán dispuso la detención de los dos ocupantes del automóvil y el secuestro del vehículo, de la droga y de otros elementos considerados de interés para la investigación.

Además, el magistrado ordenó la realización de dos allanamientos en la ciudad de San Miguel de Tucumán.

Los procedimientos fueron ejecutados por integrantes de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales «Tucumán», en coordinación con personal del Escuadrón 55, la Unidad de Reconocimiento Tucumán, el Destacamento Móvil 5 y con apoyo de la Unidad de Inteligencia Tucumán.

Este sábado 4 de julio se realizó la audiencia de formulación de cargos y pedido de medidas de coerción contra los cinco aprehendidos por el crimen de Marta Azucena Migliorini (67), ocurrido entre el 2 y el 3 de julio en su vivienda del barrio Aeropuerto de Banda del Río Salí. La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios II, que conduce Carlos Sale, y en esta oportunidad fue representada por el auxiliar de fiscal Miguel Fernández.

Durante la audiencia –que se extendió durante siete horas–, el representante del MPF imputó a Wilson Ángel Palacios (21), Eduardo Daniel Santucho (26), alias «Chueco», Elías Gerez (18), Marcos Omar Suárez (19) y a un adolescente de 17 años el delito de homicidio triplemente agravado por ensañamiento, alevosía, concurso premeditado de dos o más personas y criminis causa, en calidad de presuntos coautores.

Tras exponer las evidencias reunidas durante este tramo incipiente de la investigación, Fernández solicitó la prisión preventiva por el plazo de cinco meses para los cuatro imputados mayores de edad y la disposición provisoria del adolescente en el Instituto «Cura Brochero», dentro del complejo de Benjamín Paz, por igual término.

Al momento de su resolución, la jueza rechazó los planteos formulados por las defensas técnicas, convalidó la formulación de cargos e hizo lugar al requerimiento fiscal. En consecuencia, ordenó el inmediato traslado de los acusados a las unidades penitenciarias correspondientes.

La teoría del caso

De acuerdo con la investigación, entre el 2 y el 3 de julio los cinco imputados, junto a otras personas aún no identificadas, se presentaron en la vivienda de la víctima con el propósito de sustraer sus bienes.

Una vez dentro del domicilio, redujeron a la mujer atándole los tobillos con una correa, mientras le comprimían el cuello utilizando cables, un prolongador eléctrico y un cinturón.

La Fiscalía sostiene que, con el objetivo de asegurar el robo y procurar su impunidad para evitar ser reconocidos, le provocaron la muerte, ocasionándole un sufrimiento innecesario y desproporcionado, causándole –mientras aún estaba con vida– un traumatismo de cráneo, múltiples heridas punzocortantes en el cuello y el aplastamiento del antebrazo izquierdo con un tablón de madera.

Finalmente, los acusados se retiraron del lugar con rumbo desconocido llevándose diversos bienes que aún están siendo determinados por la investigación, entre ellos la llave de un automóvil Volkswagen Polo Track perteneciente a la víctima.