El vicegobernador y presidente de la Legislatura, Miguel Acevedo, encabezó la presentación de ALI (Agente Legislativo Inteligente), una herramienta de inteligencia artificial generativa diseñada para facilitar el acceso, la búsqueda y la comprensión de las leyes de la provincia en lenguaje claro.

El acto contó con el acompañamiento del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva; la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla; el rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Sergio Mohamed; la presidenta de la Comisión de Digesto Jurídico y Modernización Legislativa, Carolina Vargas Aignasse; la decana de la Facultad de Derecho de la UNT, Cristina Grunauer de Falú; y el vicerrector de la UNT, Horacio Madkur.

También estuvieron presentes los integrantes de la Comisión de Digesto Jurídico y Modernización Legislativa: Walter Berarducci, Carlos Eduardo Verón Guerra y Alberto Olea. Participaron, además, los legisladores Alfredo Toscano, Claudio Viña, Hugo Ledesma, Roberto Moreno, Edith Comolli, Roque Argañaraz, Mario Leito, Carlos Gómez, Nancy Bulacio, Maia Martínez, Francisco Serra, Jorge Leal, Sara Lazarte, Agustín Romano Norri, Eduardo Verón Guerra, Sandra Figueroa, Gerónimo Vargas Aignasse, Silvia Elías de Pérez, Adriana Najar y José Seleme, junto al prosecretario legislativo, Alejandro Martínez.

Entre las autoridades y representantes institucionales presentes se encontraron José Hugo Saab, secretario general de la UNT; María Marta Contreras Cuenca, ministra subrogante pupilar y de la Defensa; Juan Casañas y Maxi Martínez Márquez, del IDEP; Sergio Díaz Ricci, vocal del Tribunal de Cuentas; Carlos Vals, en representación de la Fiscalía de Estado; Juan Carlos Veiga, en representación de la Mesa de Diálogo del Arzobispado; y Antonio Bustamante, subinterventor de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

Una herramienta para consultar la legislación en lenguaje claro

ALI fue desarrollado para que cualquier ciudadano pueda realizar consultas sobre la normativa provincial de manera sencilla, sin necesidad de conocer previamente el lenguaje técnico jurídico ni el número de una ley.

Entre sus principales funciones se encuentran localizar normas por número, tema o palabra clave; explicar su contenido general en lenguaje claro; identificar artículos relacionados con una consulta; vincular distintas disposiciones y facilitar el acceso a los textos oficiales. También puede informar si una ley fue modificada o derogada, siempre que esa información se encuentre registrada en la base normativa.

La herramienta utiliza la información disponible en el Digesto Jurídico de Tucumán como sustento de sus respuestas, con el propósito de facilitar la comprensión de las disposiciones vigentes y orientar a los usuarios en la búsqueda de legislación.

El sistema tiene carácter informativo y no reemplaza el asesoramiento jurídico profesional ni la intervención de abogados, organismos administrativos o autoridades judiciales. Tampoco puede crear, modificar o derogar leyes, determinar derechos u obligaciones en casos particulares, resolver trámites o emitir respuestas con carácter vinculante.

Las respuestas generadas por ALI no sustituyen la consulta del texto oficial de las normas y deben entenderse como una orientación para facilitar el acceso a la información legislativa.

Un desarrollo conjunto entre la Legislatura y la UNT
ALI surge del convenio celebrado entre la Legislatura de Tucumán y la Universidad Nacional de Tucumán, suscripto por el presidente de la Legislatura, Miguel Ángel Acevedo, y el entonces rector de la UNT, Sergio José Pagani. La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, a través de su Laboratorio de Derecho y Nuevas Tecnologías, participa como unidad ejecutora del proyecto, bajo la conducción de su decana, Cristina Grunauer de Falú.

La Comisión de Digesto Jurídico y Modernización Legislativa, presidida por la legisladora Carolina Vargas Aignasse, impulsó la revisión, actualización y consolidación del cuerpo normativo provincial que constituye la base de información de ALI.

La coordinación está a cargo de la Dra. Erica Brunotto, con la participación del director del Laboratorio de Derecho y Nuevas Tecnologías, Dr. Marco Rossi, y su subdirector, Dr. Horacio A. Baca Amenábar. El equipo académico está integrado por los doctores Martín H. Rivas y Franco Orellana. Por parte de la Legislatura, intervienen la Dirección de Información Parlamentaria, la Dirección de Asesoría Letrada y la Dirección de Informática.

La base normativa se actualiza periódicamente para incorporar los cambios registrados en la legislación provincial. La Legislatura aporta y mantiene el cuerpo normativo, mientras que el equipo técnico desarrolla las tareas de sincronización, soporte y mejora continua del sistema.

Acevedo: “ALI es una herramienta para que cada tucumano conozca sus derechos y obligaciones”

El vicegobernador Miguel Acevedo explicó: “Esta herramienta surge con la finalidad de acercar las leyes que en esta Legislatura se sancionan y el Poder Ejecutivo promulga a los ciudadanos, a cada uno de los tucumanos y tucumanas que tienen que saber cuáles son sus derechos y sus obligaciones en Tucumán”, expresó.

“Había una confusión acerca de leyes nacionales, provinciales y también muchas veces con ordenanzas. Había un desconocimiento muy amplio de tucumanos y tucumanas acerca de las leyes que estaban vigentes y que tenían dificultad para acceder en la forma en que están compiladas”, señaló.

El vicegobernador explicó que, antes de desarrollar el agente inteligente, se llevó adelante un proceso de revisión y consolidación normativa a través del Digesto Jurídico.

Sobre el funcionamiento de ALI, detalló: “Teníamos que generar un acceso que permita a cualquier ciudadano con una inquietud saber si hay una legislación vigente sobre el tema que quiere consultar. Es una herramienta donde pueden ingresar y consultar, y les va a responder de manera sencilla, en un lenguaje claro”.

Acevedo remarcó que el sistema también está pensado para profesionales y especialistas que necesitan profundizar en el contenido de las normas.

“No es de asesoramiento, no reemplaza ningún asesoramiento jurídico, porque está solo para transcribir lo que las leyes vigentes tienen en Tucumán”, manifestó sobre los alcances de ALI. También precisó que su contenido se actualizará junto con el Digesto Jurídico.

El titular del Poder Legislativo confirmó que ALI ya se encuentra disponible para el público y convocó a la ciudadanía a utilizarlo y acercar sugerencias para mejorar su funcionamiento. “Podemos tomar elementos para saber qué es lo que consultan los tucumanos y tucumanas y si hay temáticas sobre las que consultan y no tenemos legislación, ponernos a trabajar en esos temas. Es una herramienta que sirve para adentro y para afuera”, agregó.

Finalmente, puso en valor el trabajo conjunto con la Universidad Nacional de Tucumán y los distintos equipos técnicos que participaron del desarrollo. “No tan solo trabajaron los integrantes del Digesto, el personal de planta permanente y los asesores de los poderes, sino que fue fundamental la participación de la Universidad Nacional de Tucumán, a través de la Facultad de Derecho y su laboratorio. Es una herramienta de calidad y es la primera legislatura del país que la pone a disposición de los ciudadanos”, afirmó.

El rector de la UNT, Sergio Mohamed, destacó la articulación institucional que permitió concretar el proyecto y el aporte de la universidad pública. “Quiero destacar como un hito importante el hecho de que la universidad pueda trabajar con cualquiera de los poderes del Estado, el Legislativo en este caso, el Ejecutivo, los municipios y el Judicial, en colaboración para mejorar la vida de los ciudadanos”, expresó.

También valoró el trabajo sostenido de la Facultad de Derecho y del Laboratorio de Inteligencia Artificial desde la firma del convenio en 2024. “Esta es una herramienta muy importante que va a permitir acercar las leyes provinciales a la sociedad”, señaló.

Por su parte, la decana de la Facultad de Derecho de la UNT, Cristina Grunauer de Falú, explicó que el desarrollo fue posible a partir de un trabajo conjunto iniciado en 2023 y destacó el papel del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la institución. “ALI no es una herramienta como las otras, sino que es un asistente. Su función es contestar la pregunta del ciudadano común en un lenguaje claro”, sostuvo.

En ese sentido, aclaró que el sistema no brinda asesoramiento jurídico, sino que identifica la legislación vigente aplicable a una consulta a partir de la información incorporada en el Digesto. “La respuesta de ALI no puede ser nunca fuera de lo que está en el Digesto. Eso es lo importante”, afirmó.

Por su parte, el director del Laboratorio de Derecho y Nuevas Tecnologías, Marco Rossi, explicó que ALI utiliza distintas capas de verificación para controlar la vigencia de las normas, la precisión de la información y la claridad de las respuestas. “Lo primero que hace ALI es preguntarse si esta ley se encuentra vigente. Después viene una segunda capa de verificación, que busca trabajar con esa información precisa y explicarla en lenguaje claro”, detalló.

Rossi destacó el valor de que una institución pública desarrolle una herramienta de estas características: “La predisposición de la información hace que la sociedad empuje. Hoy la sociedad usa inteligencia artificial. Bienvenido sea que, a través de una institución pública, le demos una herramienta que después va a exigir que haga más cosas. Es el principio de un montón”.

El subdirector del laboratorio, Horacio Baca Amenábar, destacó que ALI se diferencia de los modelos generalistas de inteligencia artificial porque está especializado exclusivamente en la legislación tucumana. “Está entrenado con los textos oficiales de las leyes de la provincia, sin recurrir a fuentes externas, sin reinterpretar ni inventar información. Eso le da una mayor confiabilidad y seguridad jurídica, porque responde sobre la normativa provincial de manera precisa”, explicó.

Productores cañeros de Tucumán advirtieron sobre una situación delicada que amenaza la sustentabilidad de la campaña. A diferencia de los industriales sucroalcoholeros, que aguardan una nueva ley de biocombustibles para consolidar inversiones, los pequeños y medianos productores enfrentan una combinación de factores adversos: dificultades en las relaciones con los ingenios, la caída del precio del azúcar frente a la inflación, el impacto de intensas lluvias y un volumen significativo de caña que podría quedar sin cosechar.

Ante este panorama, los representantes del sector solicitarán nuevamente una audiencia con el gobernador, Osvaldo Jaldo, o con el ministro de Economía, Daniel Abad, para ratificar el reclamo por la declaración de la emergencia agropecuaria y por herramientas de financiamiento que permitan aliviar la situación y preservar la sustentabilidad de los productores.

Reclamo formal y datos del Comité Regional
En mediados de agosto, el Comité Regional de Productores Cañeros Sucroalcoholeros presentó una nota dirigida al titular del Poder Ejecutivo en la que describió el complejo contexto de la campaña. La nota fue suscripta por los referentes Ramón González (Cañeros Unidos del Este), Máximo Bulacio (Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán), Mario Tizeira (Unión Cañeros Independientes de Tucumán) y Agustín Guillén (Unión Cañeros del Sur), quienes alertaron sobre un retraso de la cosecha cercano al 20% respecto a un año normal.

Se imputó este retraso a las intensas precipitaciones, la falta de piso para el ingreso de maquinaria, la saturación hídrica de los suelos y otras contingencias climáticas que dificultaron las labores de cosecha. El Comité previno que, si se mantenía el ritmo de avance, una parte importante de la caña podría quedar sin levantar al cierre de la zafra, con consecuentes pérdidas productivas y económicas que comprometerían la continuidad de numerosas explotaciones.

Evaluación y reuniones recientes
El 8 de octubre el comité regional y directivos del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat) volvieron a analizar la marcha de la zafra. En ese momento la campaña registraba un avance del 72% en Tucumán y del 78% en Salta y Jujuy, y los participantes reiteraron la complejidad generada por las condiciones climáticas de los últimos meses.

La situación no ha mostrado mejorías sustantivas desde agosto, por lo que los productores preparan un nuevo pedido para renovar la solicitud de audiencia con el gobierno provincial y trabajar en medidas que ayuden a resguardar la campaña.

Impacto en parcelas, costo y tiempo
Según la referente regional Mónica Dávalos, durante una entrevista con LG Play, “Lamentablemente, por cuestiones climáticas va a quedar bastante caña en pie”. Señaló además que muchos lotes presentan caña florecida, principalmente en el sur de la provincia, la zona más afectada por las precipitaciones.

La referente explicó que, a esta altura del año, aún queda un volumen importante de caña por cosechar y que algunos ingenios que habitualmente cierran el 30 de septiembre o a mediados de octubre evalúan extender la molienda hasta fines de noviembre, sin garantías de poder procesar la totalidad del material en pie.

Los productores enfrentan costos de campaña y compromisos financieros aun cuando no pueden completar la cosecha o esperan ingresos inferiores a los previstos. Dávalos indicó que numerosos productores se encuentran en situación angustiante por deudas con insumos y mayores erogaciones operativas: la saturación de suelos obliga a las máquinas a trabajar en condiciones más exigentes, aumentando el consumo de gasoil y el desgaste mecánico.

Medidas solicitadas y alternativas planteadas
El Comité anunció que presentará una nota en Casa de Gobierno dirigida al ministro de Economía para solicitar una audiencia y analizar medidas de apoyo. Entre las alternativas que los productores consideran están:

La declaración de la emergencia agropecuaria para la actividad cañera.

Acceso a líneas de financiamiento específicas para el sector.
Exenciones o alivios impositivos temporales.
Instrumentos que permitan renegociar compromisos con proveedores y trabajadores.

Como sintetizó la referente: “Está complicado. Entonces, a ver si se pueden tomar algunas medidas o algo, porque estamos hablando de una actividad fundamental, con muchas personas involucradas”. El reclamo apunta a proteger no solo al productor individual, sino a la cadena productiva que emplea a numerosas familias y depende de la continuidad de la zafra.