Una grave omisión de las autoridades de Vialidad Nacional durante el gobierno de Javier Milei dejó al Estado al borde de tener que pagar casi US$10 millones en honorarios a los abogados de Cristina Kirchner y de los demás acusados en la causa Vialidad.

El desembolso todavía no está firme porque deberá ser revisado por la Corte Suprema. Sin embargo, se originó después de que el organismo estatal no impulsara dentro de los plazos correspondientes una demanda civil destinada a recuperar fondos públicos.

La inactividad del Estado había comenzado durante la presidencia de Alberto Fernández, pero la caducidad se terminó de consumar entre el 17 de marzo y el 7 de abril de 2025, cuando Javier Milei ya llevaba más de un año en el poder.

Durante ese período, las autoridades designadas para conducir Vialidad Nacional no realizaron las actuaciones necesarias para mantener vigente el reclamo. La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal consideró entonces que se había producido la “caducidad de la instancia” y dio por terminado el juicio.

El resultado de esa falla administrativa puede convertirse en un golpe millonario para las arcas públicas: los honorarios regulados a favor de doce abogados ascienden a $13.614 millones, equivalentes a casi US$10 millones con IVA incluido.

Es decir, mientras el Estado todavía intenta ejecutar el decomiso dispuesto contra Cristina Kirchner por su condena penal, una negligencia procesal de sus propios funcionarios podría obligar a todos los contribuyentes a pagar una cifra multimillonaria a las defensas.

La Dirección Nacional de Vialidad había iniciado la demanda en 2018, durante la administración de Mauricio Macri, y reclamaba entonces $22.300 millones a la expresidenta y a otros involucrados. El objetivo era obtener una reparación económica por las presuntas irregularidades investigadas en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz.

Pero el expediente quedó paralizado. Aunque la falta de actividad se arrastraba desde la gestión anterior, el plazo decisivo venció bajo la administración libertaria sin que las autoridades de Vialidad consiguieran evitarlo.

Después de perder el juicio, el organismo presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema. El máximo tribunal deberá resolver si confirma la caducidad o si permite reabrir la demanda y evita que el Estado deba afrontar los honorarios.

Por ahora, la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal suspendió el trámite de regulación y cobro hasta que se conozca la decisión de la Corte. Por esa razón, los casi US$10 millones todavía no fueron pagados ni pueden considerarse una obligación definitivamente firme.

Los abogados de Cristina Kirchner, Luis Goldín y Fernando Muriel, acudieron directamente al máximo tribunal para intentar destrabar el cobro. Denunciaron una supuesta “privación de justicia” y solicitaron que se anule la resolución que mantiene congeladas las regulaciones.

Del total cercano a US$10 millones, los representantes de la expresidenta tienen regulados aproximadamente US$575.764: unos US$359.354 para Goldín y US$216.410 para Muriel. El resto corresponde a los abogados de los otros acusados y absueltos alcanzados por el juicio.

El profesional con la regulación más elevada es Miguel Ángel Arce Aggeo, defensor de Juan Carlos Villafañe y José Raúl Santibáñez, quien podría percibir alrededor de US$2,4 millones. Mariano Fragueiro Frías y Mario Fernando Ganora tienen asignados cerca de US$1,2 millones cada uno.

Otros letrados cuentan con honorarios calculados entre aproximadamente US$433.000 y US$867.000, según las personas a las que representaron y las tareas desarrolladas dentro del expediente.

La regulación fue realizada el 9 de abril de 2026. Los abogados la consideraron insuficiente, mientras que Vialidad sostuvo que los montos eran excesivos. Posteriormente, el 14 de julio, los camaristas Florencia Nallar y Juan Perozziello Vizier resolvieron frenar el procedimiento hasta que se pronuncie la Corte.

El caso expone una contradicción difícil de explicar: el Estado buscaba recuperar una suma multimillonaria, dejó vencer el juicio por falta de impulso y ahora corre el riesgo de terminar pagando casi US$10 millones a las defensas.

La responsabilidad administrativa atraviesa dos gobiernos, pero el momento determinante ocurrió durante la presidencia de Milei. Las autoridades de Vialidad que estaban en funciones no evitaron la caducidad y dejaron abierta una factura que, si la Corte confirma el fallo, será afrontada con recursos públicos.

Ahora el máximo tribunal tiene en sus manos dos discusiones económicas vinculadas con Cristina Kirchner: por un lado, el recurso de Vialidad para intentar revivir la demanda civil; por otro, la presentación de los abogados que pretenden avanzar con el cobro de sus honorarios.

Hasta que la Corte se expida, el pago permanece suspendido. Pero la falla ya dejó al Estado expuesto a perder definitivamente el reclamo y cargar sobre los contribuyentes una obligación cercana a los US$10 millones.

La Cámara Federal, con la flamante incorporación del juez Pablo Bertuzzi, archivó la causa en la que se investigaba al gobierno de Mauricio Macri por tomar un crédito de 57.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional.

Los camaristas Bertuzzi y su colega Mariano Llorens entendieron que se trató de una decisión política y que la fiscalía a cargo de Franco Picardi no logró probar la existencia de delitos.

“Existen materias propias de los poderes del Estado que escapan al control judicial”, argumentaron los jueces.

La Procuración del Tesoro durante el gobierno de Javier Milei se retiró como querellante, por lo que solo puede ser apelada por la fiscalía.

En primera instancia, la decisión había sido de la jueza María Eugenia Capuchetti y ahora fue ratificada por la Cámara Federal.

Los imputados, que ahora quedaron desvinculados de sospecha, son el propio Macri, el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne y los actuales Luis Caputo y Federico Sturzenegger, que eran autoridades del Banco Central y de la Secretaría de Finanzas.

Uno de los principales argumentos del tribunal es que en el préstamo del FMI de 2018 no aparecían “conductas penalmente relevantes”, a pesar de las objeciones de irregularidades administrativas que marcó la fiscalía.

El acuerdo era por US$ 50.000 millones y fue ampliado a US$ 57.100 millones. Para la Cámara, no quedó pendiente una investigación relevante capaz de modificar el desenlace.

El fiscal Picardi había objetado la falta de intervención del Congreso en la toma del préstamo y supuestas irregularidades en el procedimiento administrativo: la falta de un decreto presidencial que formalizara el acuerdo, la inexistencia de una intervención del jefe de Gabinete y la actuación del Ministerio de Hacienda en lugar del Ministerio de Finanzas.

También había mencionado la inexistencia de un dictamen del Banco Central previsto por la ley 24.156 y la apertura de expedientes administrativos una vez ya suscripto el entendimiento.

Se investigó la hipótesis de una administración fraudulenta, pues un informe de la SIGEN estimaba un perjuicio patrimonial para el Estado de 29.618 millones de dólares que para la Cámara no son suficientes para sostener una acusación.

Los camaristas entendieron que no hubo delito de abuso de autoridad, pues ese ilícito “exige que el funcionario dicte resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o las leyes, con dolo específico de violar la norma”.

Y agregaron que “no toda cuestión vinculada a las formas procedimentales de la administración pública configura un ilícito”.

“No es posible inferir que el proceder de los imputados haya estado guiado por el propósito de violar la ley”, afirmaron los camaristas.

Hablaron de un contexto de “urgencia financiera” durante la negociación del préstamo y señalaron que no hubo perjuicio patrimonial a sabiendas prejudicial o con sustracción de fondos.

“El deterioro patrimonial del Estado, por sí solo, no equivale a la acreditación del elemento subjetivo de la defraudación”, sostuvo y recordó que ese delito requiere que fondos públicos sean desviados de un destino fijado por leyes.