El Gobierno de Tucumán confirmó un nuevo ajuste que impactará en los contribuyentes. A través de la publicación de los decretos N° 1.446 y N° 1.447 en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo provincial oficializó la actualización de las bases imponibles utilizadas para calcular dos de los tributos más importantes de la jurisdicción: el Impuesto Inmobiliario y el Impuesto a los Automotores y Rodados.

Estas modificaciones administrativas, que llevan la firma del gobernador Osvaldo Jaldo y del ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, ya entraron en plena vigencia. Según establece la normativa, los nuevos valores regirán durante el tercer trimestre de 2026, abarcando el período que va desde el mes de julio hasta septiembre inclusive.

Para el caso específico de las propiedades, la administración provincial determinó aplicar un incremento del 9,91% sobre la valuación fiscal que se encontraba vigente hasta el segundo trimestre del año. Esta medida alcanza de manera general a la totalidad de los inmuebles radicados en Tucumán y se ejecuta bajo las facultades conferidas por la Ley N° 7.971, normativa que le permite a la Dirección General de Catastro concretar revalúos trimestrales de forma simultánea en todo el territorio.

En los considerandos del decreto oficial, las autoridades provinciales justificaron la decisión técnica basándose en el análisis de la «actual situación económica y social». En ese sentido, el Ejecutivo consideró que el porcentaje de actualización aplicado resulta «razonable» para sostener la recaudación y el funcionamiento del Estado sin asfixiar la economía local.

Por otro lado, el panorama para los dueños de vehículos también presenta modificaciones, aunque con un mecanismo de contención. El Ejecutivo resolvió que el Impuesto a los Automotores y Rodados tendrá un tope de aumento del 7,8% para este tercer trimestre, calculando el límite siempre en comparación con los montos determinados y liquidados en los meses previos.

Habitualmente, la Dirección General de Rentas actualiza estas boletas guiándose por los valores de mercado que publican entidades como la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) y la DNRPA. Sin embargo, con esta maniobra legal enmarcada en la Ley N° 8.467, el oficialismo busca «morigerar el impacto» económico, evitando que las cuotas lleguen con saltos desproporcionados que compliquen la capacidad de pago de los tucumanos.

Este miércoles, el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, se reunió con representantes de la Unión Industrial de Tucumán, para empaparse de primera mano de la realidad de cada uno de los sectores afectados por las restricciones en el suministro de gas para industrias dispuesto por el Gobierno Nacional, por las que «podría paralizarse la zafra azucarera y citrícola«.

Abad recibió en su despacho a representantes del sector citrícola, azucarero, panadero y demás actividades que dependen del suministro de gas para sostener su producción. Allí, se evaluaron el escenario generado por las restricciones en el abastecimiento de gas natural y su impacto sobre la actividad industrial.

El funcionario provincial les ratificó a los industriales que continuarán realizando gestiones ante las autoridades nacionales y las empresas proveedoras para garantizar el abastecimiento y minimizar las consecuencias sobre la producción y el empleo.

La reunión se produjo luego de que la Provincia solicitara formalmente a la Secretaría de Energía de la Nación un reparto «equitativo y federal» del gas natural, advirtiendo que las restricciones afectan especialmente al Norte Argentino en plena etapa de zafra azucarera y citrícola.

«Queríamos tener un diagnóstico de la situación en boca de las empresas, que son las directamente afectadas por la falta de gas. Vamos a seguir haciendo todas las gestiones posibles con el Gobierno nacional y con las empresas proveedoras para encontrar una alternativa que evite el corte del suministro«, afirmó Abad tras el encuentro.

El funcionario jaldista remarcó que la principal preocupación es preservar la actividad económica y las fuentes laborales. «Si esta situación se mantiene, podría paralizarse la zafra azucarera y citrícola, comprometiendo miles de puestos de trabajo. Vamos a agotar todas las instancias para que eso no ocurra«, se comprometió.

El presidente de la Unión Industrial de Tucumán, Jorge Rocchia Ferro, valoró la convocatoria del Gobierno provincial: «El gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro Daniel Abad vienen gestionando alternativas para conseguir mayor disponibilidad de gas. Este es un problema que excede a la provincia y requiere una solución del Gobierno nacional«, planteó.

El presidente del Centro de Industriales Panaderos de Tucumán, Pablo Albertus, advirtió que la incertidumbre también alcanza al sector panadero y resaltó el trabajo conjunto con la Provincia. «El gobernador Jaldo y el ministro están trabajando permanentemente para destrabar esta situación. Esperamos que las gestiones den resultado porque el abastecimiento de gas es fundamental para sostener la producción«, subrayó.

También estuvieron presentes el presidente de la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (ACNOA), Roberto Sánchez; representantes de la Citricola San Miguel, de la empresa Trapani y del Ingenio La Corona y el gerente el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (IPAAT), Jorge Etchandy.

Abad con industriales. (Foto: Comunicación Tucumán)

El jueves 2 de julio se anunció el inicio de los trabajos del nuevo acueducto de Vipos, considerado “la obra más grande en materia de saneamiento de la Argentina”. El proyecto demandará una inversión superior a $178.000 millones y está pensado para fortalecer el abastecimiento de agua potable en el área metropolitana, beneficiando a más de 235.000 habitantes.

Alcance técnico y financiamiento

El acueducto se realiza en conjunto entre el Gobierno de la provincia de Tucumán y el Ministerio de Economía de la Nación, a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos. El financiamiento provendrá del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mediante un préstamo que asumirá la Nación.

El proyecto, denominado “Optimización del Servicio de Agua Potable – Acueducto de Vipos”, tiene un plazo de ejecución estimado en 42 meses. Las obras incluyen:

• Una nueva captación sobre el río Vipos.
• Un ducto de 50 kilómetros que reemplazará y ampliará el sistema centenario actualmente en uso.
• Una planta potabilizadora.
• Obras complementarias y cinco reservas de almacenamiento.

El sistema abastecerá a las localidades de Tapia, Tafí Viejo, Cebil Redondo y el noroeste de San Miguel de Tucumán, garantizando suministro para más de 235.000 habitantes.

La obra está pensada para acompañar el crecimiento futuro de esas comunidades y, además, para abordar la crisis hídrica que afecta al área de las yungas y sus zonas periurbanas. En las últimas dos décadas, la urbanización en el noroeste capitalino —incluyendo Yerba Buena, Cebil Redondo y Tafí Viejo— se ha intensificado de manera geométrica, y la escasez de agua llegó a condicionar desarrollos inmobiliarios y el ritmo de crecimiento local.

Gestión y expectativas

La gestión del acueducto pasó por varias etapas. Hubo una licitación previa que quedó interrumpida en el marco del cambio de gobierno nacional y la revisión de criterios sobre obras públicas. La adjudicación actual supone la reactivación del proyecto bajo nuevos términos y con un cronograma de 42 meses. Se espera que los detalles y condiciones de ejecución se den a conocer con amplitud en el acto de inauguración de las obras.