En diálogo con Ámbito, la legisladora explicó que hay dos causales por las cuales se le puede pedir la detención a Adorni: riesgo de fuga -este no sería el caso- y entorpecimiento en la causa, que es lo que surgió hoy de la declaración del contratista.
Pagano presentó la solicitud al juez Ariel Lijo, basada en la doctrina “Irurzun” por analogía agravada al funcionario en ejercicio. En ese sentido, lo acusa de haber contactado a un testigo clave, el arquitecto Matías Tabar, antes de que declarara bajo juramento.
La doctrina «Irurzun» es es un criterio judicial argentino que justifica la prisión preventiva de exfuncionarios o personas con poder si se presume que sus lazos funcionales o «relaciones residuales» pueden entorpecer la investigación penal. Esta maniobra fue utilizada contra funcionarios del kirchnerismo, tales como Julio De Vido y Amado Boudou, durante el macrismo.
«¿Cómo no se va a usar con Adorni que es la persona más importante de la Argentina, detrás del presidente Javier Milei y su hermana Karina?», cuestionó entonces la diputada.
Según la denuncia, Adorni le habría ofrecido “ayuda” y el contacto de su “equipo”, además de que se habrían borrado mensajes de WhatsApp vinculados a ese intercambio.
Pagano se hizo eco de las versiones periodísticas sobre la declaración en la Justicia de Tabar ante el fiscal Gerardo Pollicita ya que como denunciante no tiene acceso directo a la causa. «Según estas versiones, Tabar habría recibido contacto de la gente de Adorni para borrar conversaciones a cambio de beneficios, borrar pruebas del teléfono», indicó.
En ese contexto, la diputada argumentó que esto se trata de una maniobra concreta de interferencia en la causa, ya que el testigo es considerado central para acreditar presuntas irregularidades económicas.
A su vez, sostuvo que el hecho se agrava porque Adorni se encuentra en pleno ejercicio de su cargo, lo que -según señaló- le otorga mayor capacidad de influir sobre testigos, organismos públicos y el desarrollo del expediente.
«Adorni es una persona poderosa y es un reaseguro que se usa para que personas con poder no entorpezcan la causa», añadió.
El escrito presentado ante Lijo indicó que el accionar del funcionario podría encuadrar también como incumplimiento de los deberes de funcionario público, al utilizar recursos o vínculos derivados de su cargo en una causa en la que está imputado.
En el pedido se adviertió también que existen otros testigos pendientes de declarar, por lo que se teme una reiteración de este tipo de conductas. Por ese motivo, la diputada sostuvo que medidas alternativas -como la prohibición de contacto o una caución- resultarían insuficientes para evitar nuevos intentos de interferencia.
Como alternativa a la detención, Pagano solicitó restricciones estrictas: prohibición de contacto con testigos, retención del pasaporte, caución económica y preservación de comunicaciones.
La presentación también incluyó un pedido de ampliación de la imputación y la producción de pruebas, entre ellas el peritaje del celular del testigo para recuperar los mensajes eliminados.
