La Municipalidad de San Miguel de Tucumán registró 433 luminarias afectadas por robos, roturas, sabotajes y conexiones clandestinas entre abril de 2025 y junio de 2026. El relevamiento expone el impacto económico, operativo y urbano del vandalismo sobre una red integrada por 48.978 artefactos, de los cuales 43.665 utilizan tecnología LED.

El municipio considera que el daño al mobiliario público representa uno de sus principales gastos. Además del alumbrado, los ataques alcanzan cestos de basura, plantas y flores, bancos, juegos infantiles, bebederos, paradas de colectivos, pantallas led, señalización vial y tótems solares destinados a cargar teléfonos, calentar agua o inflar bicicletas.

El subsecretario de Gestión Estratégica y Documentación, Humberto Ponce de León, afirmó que se trata de uno de los problemas más graves y complejos de resolver en la capital. El funcionario lo vinculó con la falta de educación ciudadana y con un bajo sentido de pertenencia respecto de los bienes públicos.

Entre los casos detectados mencionó el robo de cestos colocados recientemente en plazas nuevas o remodeladas. Según explicó, algunos fueron sustraídos para fabricar parrillas semejantes a las construidas con tambores metálicos de 200 litros.

Los datos sobre el alumbrado surgen de un estudio técnico elaborado por la Dirección de Gerencia de Datos, dependiente de la Subsecretaría de Gestión Estratégica y Documentación.

El informe define el vandalismo de la infraestructura lumínica como un desafío logístico, económico y de seguridad. La destrucción de artefactos y el retiro de cables no solo dañan el patrimonio municipal, sino que dejan deliberadamente sectores sin iluminación y afectan la seguridad y la circulación vial.

La agresión directa contra las luminarias constituye la modalidad más frecuente. En el período analizado se contabilizaron 246 casos, equivalentes al 56,8% del total.

Esa categoría comprende la sustracción completa de artefactos, la rotura de lámparas mediante impactos y el robo de los controladores electrónicos o drivers.

El segundo grupo corresponde al cableado, con 57 intervenciones, un 13,2%. Allí se incluyen el robo y corte de conductores de cobre instalados en líneas aéreas o redes subterráneas.

Aunque estos episodios son menos numerosos, generan costos elevados porque obligan a las cuadrillas a reponer extensos tramos de cables para restablecer los circuitos troncales.

Los daños en columnas sumaron 50 casos y representaron el 11,5%. Una de las prácticas detectadas consiste en forzar las ventanas de inspección para retirar las borneras y otros componentes internos.

También se registraron 45 apagones generales, equivalentes al 10,4%, que dejaron sin servicio cuadras completas o sectores conectados a una misma línea principal.

El relevamiento incluyó 11 afectaciones mixtas de alta complejidad y casos de eliminación de múltiples conexiones clandestinas, que representaron el 2,5% del total.

Los sabotajes contra cajas, gabinetes, buzones de control y llaves térmicas de encendido sumaron nueve episodios, un 2,1%. La misma cantidad correspondió a daños estructurales sobre postes de madera, pescantes y otros soportes complementarios.

En plazas se documentaron dos intervenciones específicas, equivalentes al 0,5%, por destrucción de farolas bajas, globos y cableado interno.

La sustracción de tapas de borneras alcanzó tres casos, un 0,7%. El municipio advirtió que estas acciones dejan componentes eléctricos expuestos y generan riesgos para quienes circulan por el lugar.

Un episodio, equivalente al 0,2% del universo auditado, produjo una destrucción estructural de tal magnitud que debió ser clasificada como una obra nueva.

El documento señala que algunos componentes son robados poco después de su reposición. En el barrio 130 Viviendas, las líneas de acometida fueron sustraídas apenas tres semanas después de haber sido reparadas.

En la plaza Ciudadela fueron dañadas dos columnas y los cables subterráneos quedaron cortados al ras, lo que dificultó su recuperación y obligó a intervenir el circuito completo.

En la plaza del barrio Roselló se destruyeron 10 columnas bajas equipadas con farolas globo y fueron robados cuatro reflectores de 200 vatios instalados en las torres generales.

Según el municipio, los ataques contra espacios verdes suelen inutilizar sistemas subterráneos completos y demandan trabajos que exceden las tareas habituales de mantenimiento.

El informe también alerta sobre la existencia de un mercado informal de lámparas led y sobre la manipulación de tableros o buzones destinada a ocultar conexiones clandestinas y fraudes en el consumo de energía.

Uno de esos casos fue descubierto en la esquina de la avenida Alem y Bolívar. Allí se desmanteló una conexión ilegal de gran escala que había sido montada precariamente por vendedores ambulantes sobre un buzón perteneciente al sistema de semáforos.

Para la Municipalidad, la reposición permanente de elementos destruidos desvía fondos y recursos humanos que podrían destinarse a ampliar o mejorar los servicios urbanos.

El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo, y la ministra de Educación, Susana Montaldo, encabezaron la firma de dos convenios de cooperación institucional destinados a incorporar nuevas herramientas de educación cívica en las escuelas de la provincia. Las iniciativas permitirán implementar el programa “El Digesto va a la Escuela” y poner a disposición de estudiantes y docentes el videojuego educativo “En el Nombre de la Ley”, desarrollado por la Legislatura de Tucumán junto a la Comunidad de Videojuegos de Tucumán.

Participaron del acto la presidenta de la Comisión de Digesto Jurídico, Carolina Vargas Aignasse, junto a los legisladores Walter Berarducci y Alberto Olea, integrantes de la comisión. También acompañaron los legisladores Alejandro Figueroa y Carlos Gallia, además de autoridades educativas y estudiantes de distintos establecimientos de la provincia, quienes tuvieron la oportunidad de probar el videojuego.

El programa “El Digesto va a la Escuela” busca acercar a estudiantes y docentes el conocimiento del ordenamiento jurídico vigente de la provincia, promoviendo una ciudadanía más informada y comprometida. En tanto, “En el Nombre de la Ley” propone que los jóvenes aprendan, mediante una experiencia interactiva, cómo se elaboran las leyes y cuál es el funcionamiento del Poder Legislativo.

Como parte de la propuesta, la Legislatura lanzó un concurso destinado a estudiantes de toda la provincia que participen del videojuego educativo “En el Nombre de la Ley”. A medida que los jugadores completen desafíos obtendrán certificados que les permitirán alcanzar categorías de bronce, plata y oro. Quienes participen ingresarán en sorteos por distintos premios tecnológicos, entre ellos tablets, teclados gamer y auriculares inalámbricos.

Durante la firma, Acevedo destacó que la iniciativa forma parte del objetivo institucional de acercar las leyes a la ciudadanía y fomentar el conocimiento de los derechos desde edades tempranas. “Nosotros estamos empeñados en que no tan solo en sancionar leyes que lleguen a los ciudadanos y que tengan impacto en cada uno de los tucumanos y tucumanas, sino que los tucumanos y tucumanas conozcan las leyes”, afirmó.

En ese sentido, explicó que ambos convenios apuntan a fortalecer la formación cívica mediante herramientas innovadoras. “Queremos que participe mucho la juventud para que puedan conocer sus derechos y sus limitaciones”, sostuvo. Sobre el videojuego, agregó: “Se aprende cómo se hace una ley jugando, participando”, y anunció que quienes completen los distintos niveles podrán participar por tablets, teclados gamer y auriculares inalámbricos.

Por su parte, la ministra de Educación, Susana Montaldo, valoró la incorporación de estas propuestas al sistema educativo provincial al considerar que fortalecen la formación ciudadana desde las aulas. “Uno de nuestros objetivos fundamentales es la formación de la ciudadanía en los jóvenes”, expresó, y remarcó que el uso de nuevas tecnologías constituye una herramienta atractiva para los estudiantes.

“Esto a los chicos también los empodera y nos permite a nosotros conservar y mejorar nuestro sistema democrático”, señaló.

A su turno, la presidenta de la Comisión de Digesto Jurídico, Carolina Vargas Aignasse, explicó que la iniciativa responde a un diagnóstico realizado por la comisión. “El 62% de los tucumanos nos dijeron que no conocen las leyes de la provincia y ese es un número que vamos a bajar para que más tucumanos tengan acceso y conozcan las leyes”, indicó.

Además, detalló que el programa permitirá llevar el Digesto Jurídico a las escuelas para explicar el funcionamiento del ordenamiento legal vigente, mientras que el videojuego ofrecerá una forma innovadora de aprender sobre el proceso legislativo. “A través de un videojuego generado en Tucumán por tucumanos van a poder aprender cómo se hace una ley”, afirmó.

También invitó a participar del concurso anunciado durante la jornada: “Queremos que esto se difunda en las escuelas para que puedan aprender jugando y participar por importantes premios”.

Las facturas de luz volvieron a sorprender a los tucumanos. EDET confirmó que las boletas que comenzaron a emitirse desde mediados de julio reflejan un incremento acumulado de hasta el 38% para los usuarios residenciales y de hasta el 44% para los comercios, según explicó el vocero de la distribuidora, Guillermo Autino, en diálogo con Los Primeros.

Consultado sobre los motivos del aumento, Autino explicó que lo que se está percibiendo ahora en las facturas son las actualizaciones tarifarias autorizadas en abril y mayo, ya que el impacto de esas resoluciones tarda entre mes y medio y dos meses en trasladarse a la boleta. «Lo que se está percibiendo en la factura ahora son esos incrementos», señaló, en referencia tanto a la Revisión Tarifaria Integral (RTI) del valor agregado de distribución como al aumento del precio de la energía que determina la Nación.

¿Falta otro ajuste?

Ante la consulta sobre si restaba un nuevo retoque en el valor de la energía que pudiera llevar los aumentos por encima del 35%, Autino aclaró que las políticas energéticas nacionales las define el Gobierno nacional y que la distribuidora no puede anticipar sus decisiones. Explicó, además, que ningún incremento dispuesto a nivel nacional se aplica de manera automática en Tucumán: «Se necesita una resolución del ERSEPT» para trasladar el nuevo precio de la energía a la tarifa local, por lo que cualquier actualización adicional dependerá de que ese organismo la valide en los próximos días o semanas.

El vocero confirmó que el aumento alcanzó a toda la cartera de clientes de la empresa, aunque con variaciones según el tipo de tarifa. Indicó que, cuando la Nación determina un nuevo valor de la energía, ese cambio impacta en todas las categorías —residenciales, comercios e industrias—, aunque no siempre en el mismo porcentaje.

Subsidios y consumo, otros factores clave

Autino remarcó que, además del aumento tarifario, hay que considerar la variación del consumo y los cambios en el esquema de subsidios nacionales. Explicó que hubo una quita significativa de subsidios y una nueva disposición que redujo los topes de consumo subsidiado para algunos meses del año: mientras antes algunas familias recibían entre 300 y 350 kW mensuales subsidiados, ahora ese tope baja a 150 kW en determinados períodos. El consumo que excede ese límite se cobra a precio pleno, lo que profundiza el impacto en la factura final.

«Estos dos factores en algunos casos han hecho que la factura se perciba de manera importante», reconoció Autino, en referencia a la combinación entre la quita de subsidios y el incremento del valor de la energía, con las boletas de julio y agosto como las más afectadas por este esquema.