Los precios de la yerba mate, uno de los productos más consumidos por los argentinos, quedaron desregulados a partir de este lunes y los consumidores ya están expectantes por posibles nuevos aumentos.
Por primera vez en 22 años, los productores de yerba mate comenzaron esta semana la cosecha principal sin un precio mínimo garantizado para la hoja verde y la canchada (yerba seca, sin moler). Esto se debe a que el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) quedó en una situación crítica debido al DNU que desreguló parte de la economía.
Según los expertos, la desregulación no debería afectar los precios en las tiendas, al menos a corto plazo. Esto se debe a que el precio del paquete a la salida del molino ya ha sido ajustado debido a la fuerte devaluación de diciembre pasado. Además, no ha habido un aumento significativo en lo que se paga por la hoja verde, que ronda los 370 pesos por kilo en el secadero.
“Con el valor que tiene la yerba en el mercado, los industriales podrían pagar los 500 pesos que demandan los productores sin tocar el precio del paquete”, afirmó un representante de los productores de yerba mate.
Reacciones a la desregulación de la yerba mate
Mariel Gabur, ministra de Industria, Trabajo y Comercio de Corrientes, buscó tranquilizar a la gente. “No creo en absoluto que los precios se vayan para arriba”, afirmó. Explicó que en el mercado de la yerba mate “hay un precio que la mayoría está pagando, un precio estable”. “Se está dando muy bien (la actividad) durante estos últimos tiempos, la verdad que yo no espero una suba”, expresó.
Gabur, que también es miembro del directorio del INYM, habló de una campaña de miedo por parte de algunos sectores, que pronosticaban que el kilo de yerba costaría 6.000 pesos en los supermercados a partir de la desregulación. Además, restó importancia a los precios que establecía el Instituto. “Si pusiera un valor, siempre es lo mínimo que se puede pagar. Es decir que por abajo de eso no puede pagar, pero por arriba puede pagar todo lo que quiera. Es lo que ocurre”, afirmó.
En tanto, un cooperativista sostuvo: “No creo que el precio se dispare. Hoy día los industriales tienen la posibilidad de pisar el precio que se le paga al productor y con eso mantener el precio a la salida de molino”. El precio de un paquete de un kilo de yerba en el camión ronda los 2.200 pesos. “Con esos montos podrían pagar 450 pesos por la materia prima sin sacrificar la rentabilidad”, explicó.
Qué dice el mega DNU sobre la yerba mate
En diciembre pasado, apenas asumió, el presidente Javier Milei firmó el decreto 70/2023 que, entre otras cosas, le quitó al INYM la facultad de fijar los valores de referencia, dejando en una situación de indefensión a más de 10.000 pequeños productores yerbateros de Misiones.
Hoy día existen más de 210.000 hectáreas con yerba mate en Misiones y Corrientes y algunos analistas estiman que en uno o dos años habrá una sobreproducción.
Tras el fracaso de la sesión de precios, en marzo pasado, los representantes de los chacareros ante el INYM insisten en que es necesario remitir los antecedentes a la Secretaría de Agricultura para que se emita el laudo correspondiente, pero otros señalan que la sesión de precios nunca pudo ser abierta por la ausencia de los directores que representan a la industria y a Corrientes.
“No se puede mandar a laudo porque no hubo desacuerdo entre las partes”, admitió uno de los miembros del directorio. “Esa instancia se abre cuando no hay unanimidad para fijar los precios. Acá no pudimos llegar a esa instancia por el faltazo de esta gente”, explicó.
El secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, Juan Alberto Pazo, estuvo en Misiones en febrero pasado y en un encuentro con representantes de la cadena productiva aclaró que el decreto recién entraría en vigencia cuando se conociera la reglamentación. Y que hasta entonces el Instituto mantenía sus facultades para fijar precios, algo que ahora los industriales y Corrientes desconocen.
El riesgo país supera los 700 puntos y el dólar alcanza nuevos máximos
El indicador de JP Morgan volvió a trepar en medio de un escenario internacional adverso y la caída de los bonos, mientras el dólar oficial registró un récord nominal en el mercado local.
El riesgo país argentino retomó su tendencia alcista y superó la barrera de los 700 puntos. El indicador elaborado por JP Morgan saltó a 702 unidades en una de las jornadas tras una nueva caída de los bonos argentinos. El índice llegó a situarse en los 703 puntos, posicionándose en máximos de un año. En tanto, las mediciones posteriores reflejadas señalaron que el indicador continuó trepando hasta ubicarse en los 717 puntos.
En cuanto a los factores que explican este comportamiento, analistas coincidieron en señalar un contexto internacional adverso marcado por el encarecimiento del petróleo, que superó los 113 y 115 dólares el barril respectivamente, impulsado por el conflicto en Medio Oriente.El rendimiento de los bonos estadounidenses subió y elevó la base de cálculo. A esto se sumó, según Noticias Argentinas, la preocupación de los inversores globales ante una posible suba de tasas por parte de la Reserva Federal y las dudas del mercado respecto al plan financiero del Gobierno para afrontar los vencimientos de 2027.
En el plano local, la debilidad de la economía influye en el ánimo de los inversores, tras conocerse que la actividad ingresó en un ciclo recesivo con una caída interanual del 1,7% en agosto informada por el INDEC. El estancamiento de la actividad hace cada vez más probable una recesión técnica por dos trimestres consecutivos. Las dudas sobre los pagos futuros generan ventas de bonos soberanos, lo cual reduce su precio e incrementa sus rendimientos.
Ante este escenario, el presidente Javier Milei atribuyó la suba del riesgo país al contexto internacional y al historial crediticio del país. Según consignó Noticias Argentinas, el mandatario sostuvo que la Argentina es el mayor defaulteador serial de la historia moderna y afirmó que el indicador había bajado previamente con esfuerzo desde los 3.000 puntos iniciales.
En el mercado cambiario, las fuentes reportaron movimientos al alza.El dólar oficial o minorista en las pantallas del Banco Nación se vende a $1.550, marcando un nuevo récord nominal en el año. El dólar blue subió a $1.570 en la city porteña, mientras que Noticias Argentinas detalló los incrementos en el tipo de cambio mayorista, el dólar MEP y el Contado con Liquidación. En el ámbito bursátil, Noticias Argentinas reportó bajas en los ADRs y en el índice Merval durante las primeras ruedas, los resultados dispares para las acciones argentinas que cotizan en Wall Street.
Las persistentes lluvias y la saturación de los suelos condicionaron las tareas de cosecha en Tucumán, obligando a replantear el calendario. No obstante, el sector industrial prevé extender la molienda hasta diciembre gracias a los buenos rendimientos productivos.
La campaña azucarera 2026 atraviesa un escenario desafiante debido a las constantes precipitaciones registradas desde comienzos de año en la región, las cuales generaron una marcada saturación en los suelos y retrasos operativos significativos en los lotes de Tucumán.
A pesar de esta disparidad operativa entre zonas cercanas, el sector industrial confirmó su decisión de extender las operaciones de molienda durante noviembre y diciembre, siempre que el clima acompañe. Por su parte, la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC) indicó que los niveles de maduración y los rendimientos de la caña continúan arrojando indicadores favorables.
Números clave de la zafra en Tucumán
Con 170 días de desarrollo, los datos informados al Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (IPAAT) al 22 de octubre detallan el estado de situación en la provincia:
Avance general: 79% de avance sobre una estimación total de 19.650.000 toneladas de caña.
Molienda: Se procesaron 15.570.820 toneladas de caña bruta. Actualmente, 13 ingenios se encuentran activos y solo 1 permanece temporalmente detenido por las lluvias.
Producción de azúcar físico (total de 1.216.127 toneladas):
Azúcar blanco común tipo A: 804.428 toneladas.
Azúcar crudo: 240.936 toneladas.
Azúcar refinado: 131.339 toneladas.
Azúcar orgánico: 39.424 toneladas.
Producción de alcohol (9 destilerías activas): 251.421.930 litros de alcohol hidratado y 157.039.761 litros de alcohol anhidro / bioetanol para naftas.
Panorama en Salta y Jujuy
En el NOA, la campaña conjunta de los 5 ingenios de Salta y Jujuy cumplió 163 días de actividad, mostrando un ritmo sostenido:
Avance general: 88% de avance con 6.618.397 toneladas de caña bruta molida.
Producción azucarera: Se acumulan 394.690 toneladas de azúcar físico.
Producción de alcohol (5 destilerías activas): Se elaboraron 158.498.783 litros de alcohol hidratado y 114.921.282 litros de alcohol deshidratado o anhidro.
Consolidado nacional
Con los aportes integrados de Tucumán, Salta y Jujuy, la zafra argentina registra un total acumulado de 22.189.217 toneladas de caña molida bruta, alcanzando una producción total de 1.610.817 toneladas de azúcar físico, 409.920.713 litros de alcohol hidratado y 271.961.043 litros de alcohol anhidro.
La primera reunión en Diputados confirmó el consenso del bioetanol y las diferencias del biodiésel
Durante casi tres horas, los expositores presentaron sus posiciones ante Energía y Combustibles. El bioetanol respaldó la media sanción, mientras que las pymes de biodiésel reclamaron revisar las condiciones de competencia.
El debate por el nuevo régimen de biocombustibles comenzó a transitar su camino en la Cámara de Diputados y dejó una escena conocida: amplio consenso entre los actores del bioetanol y diferencias que siguen abiertas en el biodiésel. La primera reunión informativa se realizó este martes por la tarde en la Comisión de Energía y Combustibles, presidida por Facundo Correa Llano (LLA). Comenzó a las 16, se extendió durante casi tres horas y contó con 20 oradores. Las exposiciones reeditaron buena parte de las posiciones que habían atravesado las comisiones del Senado y el recinto antes de la media sanción.
El proyecto llega a la Cámara baja después de haber sido aprobado por el Senado. Propone reemplazar la Ley 27.640 y modificar las condiciones de producción y comercialización de los biocombustibles. Entre sus principales cambios, prevé elevar, al año de sancionada la norma, la mezcla obligatoria de bioetanol en las naftas del 12% al 15%, con seis puntos porcentuales reservados para la caña de azúcar, seis para el maíz y tres abiertos a la competencia. Para el biodiésel en el gasoil, establece un incremento del 7,5% al 10%, acompañado por una transición que reduce gradualmente el segmento reservado a las empresas no integradas. También introduce un mercado electrónico y precios de referencia vinculados con la paridad de importación.
En el bloque del bioetanol, Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, planteó que el régimen vigente agotó sus posibilidades de acompañar el desarrollo de la actividad. Recordó que la primera ley permitió construir una industria y cuestionó que la normativa posterior no incorporara los avances tecnológicos ni las oportunidades de nuevos mercados. “Pasamos de ser pioneros en el mundo de los biocombustibles a ser rezagados”, sostuvo. Desde esa lectura, respaldó el texto aprobado por el Senado porque, según explicó, recupera una perspectiva de crecimiento e incorpora mecanismos de comercialización más competitivos y transparentes.
Jorge Feijóo, presidente del Centro Azucarero Argentino.
Jorge Feijóo, presidente del Centro Azucarero Argentino, puso ese debate en la escala del norte argentino. Habló de un entramado de 19 ingenios, 4.500 productores cañeros independientes y 45.000 trabajadores directos, distribuido entre Tucumán, Salta y Jujuy. Según detalló, desde el comienzo de la mezcla efectiva de etanol en las naftas, en 2010, la producción de alcohol pasó de unos 200.000 a 600.000 metros cúbicos anuales y hoy representa el 30% de los ingresos brutos de la actividad. “El bioetanol no es importante para el sector azucarero, es sustantivo, es decisivo a su sostenibilidad económica”, afirmó. Su respaldo al proyecto coincidió con el de Adam: los dos sectores que abastecen el corte de las naftas defendieron la necesidad de avanzar con el nuevo marco.
A ese consenso se sumó Federico Zerboni, presidente de MAIZAR, quien expresó el apoyo de la cadena del maíz y el sorgo y explicó por qué la transformación industrial resulta determinante para los productores alejados de los puertos. En esas zonas, señaló, el costo del transporte puede quitarle rentabilidad al cultivo, mientras que convertir el grano en energía o proteína animal permite agregar valor cerca del lugar donde se produce. “El etanol es una de las principales industrias que generan ese valor agregado”, sostuvo. Su intervención llevó la discusión hacia el trabajo en las localidades del interior y el arraigo: industrializar la producción, remarcó, también ofrece condiciones para que las familias puedan permanecer en sus comunidades.
Ángeles Naveyra, presidenta de la Fundación Barbechando y única mujer entre los expositores, propuso ampliar la mirada más allá de las diferencias empresariales. “Este proyecto que llega del Senado no es solo una ley para la agroindustria”, señaló, antes de describir un recorrido que comienza con el maíz, la soja y la caña de azúcar y termina en el surtidor de cualquier ciudad. Defendió el aumento de las mezclas por su capacidad de generar demanda, industrialización y empleo en las provincias, y pidió considerar tanto al productor como al ciudadano que carga combustible y respira el aire urbano.
Ángeles Naveyra, presidenta de la Fundación Barbechando.
Biodiésel: el desacuerdo está en las condiciones de la competencia
En el biodiésel, las coincidencias sobre la importancia de la actividad no alcanzaron para unificar posiciones sobre el proyecto. Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), defendió la media sanción como resultado de una negociación federal entre empresas, provincias y legisladores. Reconoció que el texto no dejó plenamente satisfechos a los distintos sectores, pero lo definió como “el mejor acuerdo posible en la Argentina actual”. Para la industria aceitera, sostuvo, abrir la competencia en el mercado interno también es necesario para acompañar la búsqueda de destinos internacionales. Por eso pidió que Diputados avance con un dictamen que respete los acuerdos alcanzados en el Senado.
La respuesta de las pymes mostró la distancia entre ese respaldo y la situación que describen las empresas regionales. Federico Martelli, director ejecutivo de CEPREB, afirmó que las firmas que representa en Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis elaboran alrededor del 65% del biodiésel utilizado en el corte obligatorio. Desde esa representación, rechazó que pueda hablarse de consenso y advirtió que la apertura prevista, junto con la reducción progresiva del segmento reservado, amenaza la continuidad de numerosas plantas. “Modernizar el régimen no es mandar a la quiebra a 25 pymes y concentrar el negocio en seis aceiteras”, expresó. También cuestionó que la competencia entre empresas de escalas y condiciones diferentes vaya a traducirse necesariamente en menores precios para los consumidores.
Federico Martelli, director ejecutivo de CEPREB.
Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, fue uno de los más duros y contundentes al momento de criticar el nuevo régimen. Pidió que Diputados ejerza su función revisora y corrija los puntos conflictivos. Reconoció el derecho de las grandes aceiteras a participar del mercado, pero reclamó condiciones que contemplen las diferencias entre los competidores. “No pongamos en la misma pista un Fórmula 1 con un Fórmula 4”, graficó. Entre sus objeciones, mencionó los límites de participación por empresa o grupo económico, la definición retroactiva de esos grupos y el desajuste que podría producirse entre un precio tope para el biodiésel y una materia prima negociada libremente. También pidió acotar las facultades para reducir las mezclas obligatorias y construir una regulación duradera.
Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno.
Hacia el final, el diputado Pablo Todero, de Unión por la Patria, propuso aprovechar el recorrido pendiente para mejorar el texto. Planteó preservar los acuerdos alcanzados en bioetanol y concentrar el trabajo en acercar las posiciones del biodiésel, además de revisar los cuestionamientos jurídicos expuestos. “Estoy convencido de que lo podemos trabajar, que podemos trabajar un poquito más”, sostuvo.
La de este martes fue apenas la primera reunión informativa: el proyecto también debe ser tratado por las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Agricultura y Ganadería. La media sanción marcó un avance, pero en Diputados todavía queda por construir el acuerdo que permita llegar al recinto. Ese camino recién comienza.