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Política

«Puro humo»: exinterventora de la AFI aseguró que no existen archivos sin desclasificar en la SIDE

Cristina Caamaño, quien encabezó el organismo de Inteligencia durante la presidencia de Alberto Fernández, respondió al vocero presidencial, Manuel Adorni, quien acusó a los gobiernos anterior de utilizar la información sobre la última dictadura como un «botín de guerra».

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Cristina Caamaño, interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) —actual SIDE— durante la presidencia de Alberto Fernández, estuvo invitada en «Soy Casta», programa emitido en Bravo TV. En ese marco, la actual rectora de Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo disparó: «El anuncio hecho este lunes por Manuel Adorni es humo. Los archivos secretos de la dictadura ya están todos desclasificados».

Caamaño explicó que durante su gestión al frente de la AFI el expresidente Alberto Fernández emitió un decreto que permitió la desclasificación completa de los archivos secretos de la dictadura de 1976 – 1983. «Incluso el 10 de diciembre de 2022 hubo un acto en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) donde le entregamos a todos los organismos de derechos humanos y a las Madres de Plaza de Mayo las carpetas con todo lo que encontramos. Juan Grabois se llevó como nueve carpetas y Myriam Bregman otras doce», relató.

En cuanto al pedido que hará el Gobierno para que el homicidio del capitán Humberto Antonio Viola —perpetrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) el 1 de diciembre de 1974, durante la vigencia de un gobierno democrático— sea tipificado como delito de lesa humanidad, Caamaño dijo: «Es la Justicia la que deberá pronunciarse» para que el caso fuese eventualmente reabierto y pudiese ser investigado como «imprescriptible».

La postura de Caamaño sobre este tema coincide con la de muchos especialistas en la materia, desde donde entienden que la decisión de declarar una causa como delito de lesa humanidad es de la Justicia y se basa en una clasificación internacional adoptada a partir del Estatuto de Roma y otros similares, los cuales asumió nuestro país como mandato constitucional. Según Amnistia Internacional, esa clasificación suele estar reservada para quienes cometen crímenes de manera sistemática en contra de la población civil.

Si bien en aquella fatídica jornada falleció una de las hijas de Viola, la Justicia puede considerar -como ya lo hizo- que no se trató de un hecho ni sistemático ni en contra de civiles, ya que el objetivo del atentado no era ningún civil sino un capitán del Ejército. De hecho, el mismo ERP reconoció que se trató de un «exceso injustificable».

Conviene además recordar que los perpetradores del atentado -los que sobrevivieron a la dictadura- ya fueron condenados a prisión perpetua, pero fueron indultados por Carlos Saúl Menem. Con todo, las posibilidades reales de juzgar a alguno de los asesinos de Viola son ínfimas, por lo que se entiende que dicha declaración sería más bien simbólica y alentaría la posición del Gobierno que se esfuerza por reivindicar los terrores de la época más oscura de la historia argentina.

Política

El gobernador Osvaldo Jaldo retornó a sus funciones después de su licencia

Se reunió con el vicegobernador y dialogaron sobre la agenda del Ejecutivo y legislativa de los próximos días.

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El gobernador, Osvaldo Jaldo, recibió en Casa de Gobierno al vicegobernador, Miguel Acevedo, con quien repasó la agenda gubernamental y legislativa. Durante el encuentro analizaron el avance de obras estratégicas, la planificación de la actividad parlamentaria, la asistencia a la Federación de Bomberos, el proyecto de ley de alerta climatológica temprana y otros temas vinculados con la gestión provincial.

Al término de la reunión, Acevedo explicó que el encuentro respondió al seguimiento habitual de la gestión institucional. “Hoy con el gobernador Osvaldo Jaldo nos reunimos como es habitual, en unos días que quedé a cargo, para ponernos al tanto de todos los temas que hacen a la gobernabilidad. Comentarle, por ejemplo, que el día del festejo se desarrolló con absoluta normalidad en la capital. Los festejos en la Plaza Independencia se hicieron con sumo respeto. No hubo incidentes para destacar en la provincia”.

El vicegobernador también comentó que transmitió al mandatario los resultados de las reuniones que mantuvo con distintos sectores y se refirió al encuentro con representantes de la Federación de Bomberos.

Las reuniones que yo mantuve con sectores de la sociedad, por ejemplo, con la Federación de Bomberos que los recibí, y donde me había comprometido a interceder con gobernador para hacer las gestiones acerca de los subsidios, tanto nacionales como provinciales. Y en eso él también asumió el compromiso y me dio instrucciones como para que podamos ir avanzando en lo que yo ya había conversado”.

En relación con la actividad legislativa, Acevedo señaló que analizaron la próxima sesión y los temas previstos para su tratamiento. “Tenemos previsto que la próxima sesión la podamos hacer el día jueves 30. Si tenemos los dictámenes pertinentes, que nos vamos a reunir seguramente el día lunes, si tenemos parlamentaria y si hay los dictámenes de comisión hechos y estamos en condiciones, nos vamos a hacer el próximo 30”.

Asimismo, indicó que dialogaron sobre la agenda política. “También hemos hablado de temas políticos, así que seguramente próximamente va a haber novedades acerca del decreto que todos están esperando de convocatoria”.

Respecto de los planteos realizados por el sector cañero, sostuvo: “Estos temas los podemos abordar, los vamos a escuchar. Nosotros tenemos una Legislatura abierta que siempre ha escuchado a todos los sectores. La comisión de Producción puede estar atendiéndolo, pero son temas en donde tenemos que ser nexo y coordinar con el accionar y las disposiciones que ya dio el Poder Ejecutivo al respecto”.

Durante la reunión también analizaron el estado de las obras de infraestructura que ejecuta la Provincia, entre ellas las intervenciones en el Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo y la Estación Terminal de Ómnibus de Tucumán.

En ese sentido, Acevedo informó: “Está previsto, más o menos, que sea el día miércoles a la mañana, depende de algunos temas de agenda que tenga que resolver el gobernador. Si es posible, vamos a ir el miércoles, porque en este país donde hay muchas cosas que se están cerrando y no vemos un desarrollo totalmente propicio, en Tucumán, por las gestiones que hizo el gobernador, algunas con financiamiento del Gobierno nacional, no hemos detenido el pensar en el Tucumán del futuro. Por eso es que, tanto por vía aérea como por vía terrestre, estamos acondicionando para que los tucumanos tengan un aeropuerto en mejores condiciones, más moderno, más accesible y con mayor disponibilidad, y también una terminal de ómnibus para que el crecimiento y el desarrollo de Tucumán se pueda dar en los próximos años. La comunicación, tanto por vía aérea como por vía terrestre, es fundamental para el desarrollo”.

Finalmente, el vicegobernador se refirió al trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en materia hídrica y al proyecto de ley de alerta climatológica temprana.

Es uno de los temas que, probablemente, se traten en la próxima sesión, una ley de alerta temprana. En cuanto a las comisiones, estamos trabajando para fusionar la comisión del Poder Ejecutivo con la comisión del Poder Legislativo. No se olviden que lo que hacía la comisión hídrica del Poder Legislativo es en base a proyectos, actualizar los proyectos preexistentes y darle continuidad a las otras cuencas. Pero el Poder Ejecutivo tiene las herramientas para realizar el tema de obras. Como hay una comisión hídrica también creada por el Poder Ejecutivo, con el gobernador hemos consensuado para que unifiquemos esta comisión, así que estamos trabajando también en eso y pronto tendrán novedades”, cerró.

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Política

Los senadores reciben un nuevo aumento y cobrarán $ 12 millones por mes

Este aumento es consecuencia del acuerdo paritario que la vicepresidenta Victoria Villarruel, como titular del Senado, y Martín Menem, como presidente de Diputados, acordaron con los gremios legislativos.

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Antes de iniciar el receso invernal los senadores nacionales recibieron una buena noticia. A partir de agosto pasarán a cobrar casi $12 millones en bruto, lo que abrirá un nuevo debate frente a la caída generalizada de los salarios y una tasa de desocupación que se mantiene cerca del 8 %.

Este aumento es consecuencia del acuerdo paritario que la vicepresidenta Victoria Villarruel, como titular del Senado, y Martín Menem, como presidente de Diputados, acordaron con los gremios legislativos. Se trata de un incremento acumulativo del 6,7 % que impacta en las dietas de los senadores gracias a la llamada ley de enganche que los legisladores aprobaron a mano alzada en 2024.

La mejora se aplicará en los sueldos de los legisladores en tres tandas: un retroactivo correspondiente a junio de 2,4%, al que se suma otro de 2,2% de julio y un 1,9% en agosto. La suba se aplicará al menos de que los senadores renuncien o donen el aumento como lo hicieron este año los representantes de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y algunos bloques provinciales.

Este año, los senadores habían conseguido a principios del período ordinario un aumento acumulativo del 12,5%, que se completó en mayo llevando los sueldos de los senadores a más de $11 millones bruto, sin los descuentos por ganancias y otros items. Con los nuevos incrementos llegarán a un 19% de aumento en agosto. Según estimaciones, estarían unos puntos por encima de la inflación proyectada. En total, solo 8 gremios le ganaron a la inflación en el primer semestre del año según un informe oficial. En esa lista aparecen encargados de edificios, camioneros y bancarios.

La dieta de los senadores quedó atada a la paritaria legislativa, en la que la Asociación de Empleados Legislativos (APL) junto a UPCN y ATE negocian con las autoridades del Congreso el valor del módulo, que es la unidad de medida de los salarios.

A partir de la ley aprobada en el recinto, la dieta de los senadores se calcula en base a 2.500 módulos, más un adicional de 1000 módulos por gastos de representación y otros 500 módulos de adicional por desarraigo. De esta manera, el sueldo de los senadores será de unos $11.877.000 millones bruto, sin los descuentos por obra social, jubilación y ganancias.

Con esta suba, los senadores recibieron entre enero y agosto un aumento de $ 1,2 millones y las mejoras superan la inflación acumulada del primer semestre que a junio se ubicó en 16,8%, según datos del INDEC.

A diferencia del Senado, en la Cámara baja no se aplica el enganche paritario y un diputado nacional actualmente cobra $ 6.072.000 en bruto y le quedan $ 4.322.307 en mano. Prácticamente la mitad que el sueldo de un senador, una situación que genera tensiones y malestar con el titular del cuerpo Martín Menem, quien suele sortear su salario por redes sociales.

Más allá del impacto que este incremento tendrá en las dietas de los senadores y la situación de los diputados, el sueldo más alto de un empleado legislativo, la categoría 1, pasará de un haber de $ 2.352.866 de mayo a $2,462.339 en julio y $ 2.509.123 en agosto. Pero la categoría promedio, la 6, pasará de $ 1.119.351 de mayo a $ 1.171.428 de julio y $1.193.538 de agosto.

El acuerdo paritario fue firmado por el prosecretario y secretario administrativo del Senado, Lucas Clark y Alejandro Fitzgerald, respectivamente; y la secretaria administrativa y prosecretaria parlamentaria de Diputados, Laura Oriolo y Mercedes Piscitello; junto a. Alejandro Santa en representación de la Biblioteca del Congreso. Por los gremios estuvieron Norberto Di Próspero, por APL; Claudio Britos, por ATE, y Martín Roig, por UPCN.

Durante la reunión, APL pidió la conformación de una comisión para «normalizar, reglamentar y regularizar»  los haberes de los empleados. La polémica se inició a partir de la decisión de Menem de otorgar un plus  a los trabajadores sin plantearlo en paritaria ni conversar con el gremio. La cuestión es que no hay actas de resolución de la mejora y los gremios reclaman «equidad» entre los empleados del Congreso. /Clarín

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Política

La CGT confirmó la movilización del 22 de julio

La Central Obrera oficializó que volverá a las calles el próximo miércoles 22 de julio junto a las dos CTA y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular.

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La Confederación General del Trabajo (CGT) oficializó este viernes que volverá a las calles el próximo miércoles 22 de julio, cuando encabezará una movilización junto a las dos CTA y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) en defensa de los jubilados y como punto de partida de una nueva etapa del plan de lucha contra las políticas del gobierno de Javier Milei.

La convocatoria fue difundida por la propia central obrera bajo la consigna «La seguridad social es un derecho: marchamos junto a las y los jubilados«. La concentración está prevista para las 15 horas en la intersección de Avenida Rivadavia y Rodríguez Peña, desde donde las organizaciones reclamarán por la defensa de los haberes previsionales, los ingresos y una vida digna para los adultos mayores.

Con esta comunicación, la CGT termina de oficializar el primer paso del esquema de protestas que venía siendo delineado junto a la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y la UTEP, en el marco de un plan de acción coordinado que busca sostener la conflictividad social durante las próximas semanas.

Nuevo plan de acción de la CGT contra Milei

La movilización del 22 de julio no será un hecho aislado. Forma parte del cronograma acordado entre las centrales sindicales y los movimientos sociales tras una serie de reuniones en las que resolvieron profundizar la unidad frente al rumbo económico del Gobierno nacional.

El entendimiento comenzó a tomar forma luego de los encuentros mantenidos entre la conducción de la CGT, las dos CTA y la UTEP, donde coincidieron en impulsar un plan de lucha escalonado con movilizaciones conjuntas y distintas acciones de protesta para enfrentar el ajuste económico, la pérdida del poder adquisitivo, el deterioro del empleo y las reformas impulsadas por la administración de Javier Milei.

Dentro de ese esquema, las organizaciones resolvieron que la primera gran demostración de fuerza sería una marcha unificada en respaldo a los jubilados, un sector que consideran especialmente afectado por las políticas económicas implementadas por el Gobierno.

La convocatoria también consolida el acercamiento entre la CGT y los movimientos sociales, luego de que la UTEP anticipara una nueva etapa de protestas tras el anuncio oficial del cierre del programa Volver al Trabajo. Esa coincidencia de agendas terminó confluyendo en una estrategia común junto a las centrales sindicales.

Conflictividad en ascenso

El objetivo de las organizaciones es sostener un proceso de movilización creciente que permita ampliar el nivel de participación sindical y social. En ese marco, distintos dirigentes ya anticiparon que el plan de lucha podría escalar hacia nuevas medidas de fuerza en las próximas semanas.

Entre ellas aparece la posibilidad de convocar a un nuevo paro general, una alternativa que comenzó a instalarse durante las reuniones entre las centrales y que dependerá de la evolución del conflicto con el Gobierno y de la respuesta oficial a los reclamos sindicales y sociales.

De esta manera, la marcha del 22 de julio se perfila como el inicio formal de una nueva etapa de confrontación entre el movimiento obrero organizado y el Gobierno nacional, con una estrategia basada en la unidad de las centrales sindicales y los movimientos sociales para incrementar la presión en las calles.

FUENTE: Mundo Gremial

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