Protocolo antipiquetes: la CGT y la CTA pidieron la intervención de la Organización Internacional del Trabajo

La Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT-RA) conjuntamente con la Central Autónoma de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA-T) y la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A), solicitaron la intervención con
carácter de urgente del Director General de la OIT y la remisión de la denuncia por violaciones al Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) que a continuación se exponen, a la Comisión de Expertos en Aplicación de
Convenios y Recomendaciones para su urgente tratamiento.

Contexto social y económico previo a la adopción de la nueva reglamentación

El plan de ajuste fiscal y cambiario anunciado por el nuevo Gobierno que asumió el 10 de diciembre de 2023 generará una fuerte aceleración del proceso inflacionario que venía
sufriendo la Argentina y dinamitará el poder adquisitivo de los salarios de las y los trabajadores formales e informales, trabajadores de la economía social y solidaria, de cuentapropistas y autónomos, así como también de jubilados y pensionados.

De acuerdo a lo pronosticado por las propias autoridades económicas del actual Gobierno, las medidas anunciadas ubicarán el índice inflacionario mensual entre un 20 y un 30% al menos por el próximo cuatrimestre situación que, de no ser acompañada por una política de ingresos ejercida a través del libre ejercicio de las negociaciones colectivas y de políticas activas compensatorias, pondrá a millones de argentinos y argentinas en una situación socioeconómica desesperante, sin garantías de poder acceder a sus necesidades básicas.

Las medidas anunciadas implican una fuerte paralización de la actividad económica con su consecuente puesta en riesgo de cientos de miles de puestos de trabajo. Además, configuran a todas luces un disciplinador social. Como parte de esta estrategia disciplinadora, 48 horas después de anunciar el mayor plan de ajuste económico de la historia del país, el Ministerio de Seguridad de la Nación mediante Resolución 943/2023 ( RESOL-2023-943-APN-MSG)1 adopto el denominado “Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público ante el Corte de Vías de circulación”.

El movimiento sindical argentino venia advirtiendo durante la campaña presidencial electoral de la nación, que se venían gestando manifestaciones con intenciones de limitar y vulnerar la libertad sindical, incluida la protesta social. Estas manifestaciones que buscaban criminalizar la protesta social y la persecución sindical venían de sectores privados pero que hoy representan la autoridad nacional.

El Protocolo restringe y vulnera derechos constitucionales
La nueva reglamentación de la protesta social soslaya claramente derechos y garantías constitucionales básicos así como también las instituciones democráticas de nuestro país . El nuevo Protocolo para el mantenimiento del orden público autoriza a todas las fuerzas
federales – La Gendarmería, la Prefactura, la Policía de Seguridad Areoporturaria, la Policía federal y el Servicio Penintenciario Federal a intervenir frente a “impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías de circulación“, entendiéndose por tal “…cualquier concentración de personas o colocación de vallas u otros obstáculos que disminuyeren, para la circulación de vehículos, el ancho de las calles, rutas o avenidas, o que estorbaren el tránsito ferroviario, aun cuando no crearen una situación de peligro, o que impidieren el ingreso de personas a lugares públicos o empresas. No se tomará en cuenta, a tales efectos, el hecho de que los perjudicados tuvieren otras vías alternativas de circulación…”
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