El pasado martes, 25 de agosto, a las 6.30 aproximadamente, cuatro sujetos (de 24, 25, 26 y 33 años) junto a otras dos personas aún no identificadas, quienes se encontraban vestidos con ropa de grafa de color azul, y un empleado policial (de 35 años, uniformado y con arma reglamentaria) se hicieron presentes a bordo de una camioneta de color roja (registrada en Aguilares) en la intersección de calles Rondeau y Chacabuco, Barrio Sur, de San Miguel de Tucumán.

Una vez en el lugar, previa distribución de tareas, descendieron del vehículo, colocaron conos reflectivos en la intersección y procedieron a realizar maniobras sobre la tapa de una boca de tormenta, sector donde se encontraban instalados tendidos de cables subterráneos. Acto seguido, cortaron y se apoderaron ilegítimamente de 200 metros de cables de 2.200 pares y 200 metros de cables de 1.200 pares de cobre, los cuales se encontraban instalados en las cañerías subterráneas y pertenecían a una empresa telefónica.

Luego de ello, se dieron a la fuga a bordo del rodado mencionado, llevando consigo los elementos sustraídos en su poder.
Por este hecho sumamente grave, la Unidad Especializada de Robos y Hurtos II del Ministerio Fiscal, al mando de Susana Cordisco, los imputó por el delito de hurto, en calidad de coautores.

En tanto al policía (quien se desempeña en el centro de monitoreo de Banda del Río Salí) se le endilgó el hurto agravado por ser cometido por un integrante de las fuerzas de seguridad. “Es un hecho sumamente grave donde han intervenido siete personas que fueron grabadas.

Fue previamente planificado y con una distribución de tareas ya que contaban con herramientas necesarias para llevarlo a cabo, escogiendo el lugar y el horario nocturno para que no sean advertidos. Contaban con la utilización de una camioneta para poder eventualmente trasladar estos cables y, sobre todo, entendemos que la circunstancia más agravante es que simularon una escena de legitimidad (con ropa de trabajo) en el hecho al colocar conos reflectivos, cinta perimetral y un cartel de desvío, además, se valieron de la participación de un policía que estaba con su uniforme completo y con su arma reglamentaria custodiando la maniobra”, expuso el auxiliar de fiscal, Ignacio Martucci, quien informó que dos sujetos permanecen prófugos.

Seguidamente, pidió la prisión preventiva por dos meses incluso señaló contradicciones de tres imputados (de 25, 26 y 33 años) quienes al momento de indicar sus datos personales dijeron ser trabajadores independientes cuando serían empleados públicos (uno en la legislatura y los otros en la municipalidad capitalina). Asimismo, Martucci mencionó la existencia de un registro fílmico aportado por un empleado de la empresa afectada y que resta cotejar otras cámaras de seguridad y peritar los seis celulares secuestros junto a una rueda de reconocimiento de personas.

Por su parte, el abogado querellante señaló que la cantidad de cables correspondería a 2.500 kilos de cobre, valuados en $37.000.000. En otro tramo de la audiencia, Martucci mencionó que el acusado de 33 años ya registra una causa en trámite por un hecho similar, en perjuicio de la misma empresa denunciante, que se tramita en la Unidad Especializada de Robos y Hurtos III.

Al tomar declaración, el policía dijo: “A mí me contrataron para un servicio en negro. Pensaba que era una empresa tercerizada porque los obreros estaban bien vestidos. Hubo profesionalismo en el trabajo por lo que nunca me di cuenta que no eran obreros”.

Finalmente, y luego de cuatro horas de debate, el juez interviniente no hizo lugar a la procedencia de la prisión preventiva, no obstante, a los fines del avance de la investigación resolvió otorgar el arresto domiciliario por 40 días para el efectivo (con rondas periódicas y sorpresivas).

En tanto, los otros cómplices lo harán con medidas de menor intensidad (no privativas) por dos meses. Se determinó una caución real o personal de $3.000.000, para el policía, y de $2.500.000 para los otros (la libertad está supeditada a que se cumpla la caución).

Un trágico episodio conmocionó este viernes por la mañana a los vecinos de San Miguel de Tucumán: un hombre perdió la vida tras sufrir una fuerte descarga eléctrica mientras intentaba cortar paltas de un árbol de gran altura en la intersección de las calles Isabel La Católica y Lucas Córdoba.

El hecho fue advertido por un vecino de la zona, quien se comunicó de urgencia con el Sistema Integrado de Emergencias (SIE 911) para solicitar asistencia médica y policial. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima hizo contacto accidental con cables del tendido eléctrico, falleciendo en el acto y quedando su cuerpo suspendido entre las ramas del ejemplar.

Por disposición de la Unidad Fiscal de Homicidios II, se montó un amplio dispositivo de seguridad en la cuadra para preservar la escena y realizar las maniobras de extracción:

Tareas técnicas y de corte: Personal de la empresa EDET trabaja en la desenergización del tendido para garantizar condiciones seguras de trabajo.
Rescate: Efectivos de Bomberos de la Policía de Tucumán y brigadistas de Defensa Civil coordinan las tareas en altura para descender el cuerpo.
Peritajes forenses: Peritos de la División Criminalística y de Medicina Legal realizan las actuaciones correspondientes para establecer la mecánica precisa del siniestro. /Los Primeros/

Operativos de control sorpresa que lleva adelante el municipio capitalino en taxis contra el cobro excesivo y la adulteración de relojes taxímetros derivó en una noche de tensión, agresiones y enfrentamientos entra taxistas, personal municipal y la Policía en el depósito del SUTRAPPA (Sistema Único de Transporte Público de Pasajeros en Automóvil), ubicado en la intersección de avenida Ejército del Norte y calle San Juan. La directora del organismo municipal, Valeria Amaya, comentó cómo se originó el conflicto. “Se terminó la joda. Hay más de 70 licencias denunciadas por cobro indebido y no vamos a permitir que se estafe a los vecinos ni a quienes llegan a la provincia”. Amaya explicó que los controles comenzaron en paradas críticas con reiteradas quejas vecinales, especialmente en la Terminal de Ómnibus y en la esquina de 24 de Septiembre y 9 de Julio. Allí, los inspectores detectaron unidades que alteraban deliberadamente los dispositivos. Mientras la normativa vigente establece que la ficha debe caer cada 100 metros o un minuto de espera, en los vehículos secuestrados se comprobó que el pulso caía cada 30, 50 o 70 metros, o que incluso contaban con hasta cuatro tarifas distintas programadas en un mismo aparato. Esta alteración provocaba que un viaje que habitualmente cuesta unos 7.000 pesos terminara facturándose entre 20.000 y 30.000 pesos. Para evitar reclamos infundados o desmentidas posteriores, los inspectores municipales realizan las pruebas a bordo del vehículo utilizando odómetros calibrados para medir los 100 metros exactos y registran todo el procedimiento en video como respaldo probatorio.

Caravana violenta, agresión a un chofer de grúa y toma del corralón

Durante el operativo en la Terminal, los taxistas exigieron que también se controle a un vehículo particular que prestaba servicio para Uber. Los inspectores procedieron a secuestrar dicho rodado por falta de carnet profesional y habilitación. Sin embargo, los choferes no se dispersaron: siguieron en caravana a las grúas municipales hasta el corralón de avenida Ejército del Norte. “Cuando iban ingresando al corralón, le pegaron una trompada al chofer de la grúa que tenía la ventanilla baja. Se metieron todos adentro del predio y le exigían a los inspectores que liberen los taxis secuestrados. Es un grupo que no pertenece a ningún gremio formal y muchos de ellos tienen licencias denunciadas. Se excusan en Uber para no hacerse cargo del delito que estaban cometiendo con los relojes”, denunció Amaya.

Intervención policial, disparos de postas de goma y dos taxistas aprehendidos

Cerca de las 23, ante la hostilidad generalizada, acudieron efectivos de la Comisaría Seccional Séptima, Grupo de Operaciones Complejas (GOC) de Infantería y motoristas del 911. Hacia la medianoche, cuando las fuerzas de seguridad iniciaron el despeje de la calzada, un grupo de manifestantes comenzó a recoger piedras y escombros de la calle San Juan para arrojarlos contra el personal policial y los directivos municipales, intentando volver a ingresar por la fuerza al corralón. Ante esta situación, Infantería efectuó disparos disuasivos al aire con postas de goma para hacer retroceder a los agresores. Como resultado del operativo, dos choferes fueron reducidos y trasladados a la seccional bajo la causa de «Atentado y resistencia contra la autoridad«. La Fiscalía Criminal de Turno dispuso el pedido de antecedentes personales de ambos para evaluar su situación procesal. /Con información de Los Primeros/   https://www.instagram.com/ontvtuc/?utm_source=ig_embed&ig_rid=AvDmQAFsJvyRGjgik9A-usC