Policiales
Preso de Villa Urquiza manejaba desde su celda una red de trata en Tucumán
Walter Ayala y Alejandra Galván fueron sentenciados a 12 y 8 años de prisión.
Mientras cumplía una condena previa por trata de personas en la Unidad N° 1 del Penal de Villa Urquiza, Walter Ayala dirigía desde su celda una organización dedicada a la explotación sexual de mujeres en Tucumán. Con teléfonos celulares prohibidos, coordinaba la captación de víctimas, administraba publicaciones en sitios de oferta sexual y controlaba las ganancias obtenidas por la red. Por estos hechos, la justicia federal lo condenó junto a Alejandra Galván, señalada como la encargada operativa de los departamentos donde funcionaba el circuito de explotación.
La sentencia fue dictada en el marco de un juicio abreviado en el que ambos imputados reconocieron su responsabilidad penal. La jueza Carina Farías impuso una pena de 12 años de prisión para Ayala y ocho años para Galván. Además, ordenó una reparación económica superior a los $130 millones destinada a las ocho víctimas identificadas durante la investigación.
La pesquisa estuvo encabezada por el fiscal federal Pablo Camuña, quien logró acreditar que Ayala continuaba manejando la estructura delictiva desde el interior del penal. Según se determinó, utilizaba celulares no autorizados para contactar mujeres en situación de vulnerabilidad a través de redes sociales y luego publicaba sus perfiles en el sitio de oferta sexual Skokka, donde también definía los nombres ficticios que utilizarían.
En paralelo, Galván cumplía funciones clave fuera de la cárcel. De acuerdo con la investigación judicial, se encargaba de supervisar los departamentos utilizados para la explotación sexual en San Miguel de Tucumán, organizaba las sesiones fotográficas y videos de promoción y recaudaba el dinero generado por los encuentros sexuales.
La resolución judicial también dispuso una reparación económica considerada inédita por el monto fijado. El cálculo incluyó indemnizaciones por daño moral, lucro cesante y el recupero de las ganancias obtenidas ilegalmente por la organización criminal durante el tiempo que operó.
El caso volvió a poner bajo la lupa los controles internos dentro del Penal de Villa Urquiza, luego de comprobarse que uno de los principales condenados por trata de personas continuó liderando maniobras delictivas desde el interior de la cárcel.