Las organizaciones de periodistas y de empresas de medios más importantes de la Argentina coinciden: la relación del gobierno de Javier Milei con la prensa es preocupante y hay decisiones oficiales que buscan obstaculizar el ejercicio periodístico.
En las últimas semanas, han expresado esta preocupación el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), el Círculo de Periodistas Parlamentarios, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) y, este último lunes, la agrupación Periodistas Argentinas (PA), que denunció un operativo permanente y sistemático de hostigamiento digital sobre periodistas mujeres que cubren temas de política y economía.
En el documento “Ciberacoso a periodistas mujeres: la tecnocensura”, que hicieron público integrantes de PA como María O’Donnell, Romina Manguel y Nancy Pazos, entre otras, las profesionales detallaron “cómo funcionan los ataques impulsados por actores institucionales para intimidar y descalificar” en redes sociales y resaltaron que estas embestidas “restringen la participación de periodistas en el debate público y, como consecuencia, socavan la democracia”.
Por eso, reclamaron al Estado “fortalecer el marco legal para proteger el ejercicio periodístico y garantizar la transparencia en el uso de algoritmos y bots” y abogaron por “fomentar una respuesta efectiva por parte de las empresas de medios y de las autoridades”. El informe presentado por PA detalla, a modo de ejemplo, 16 casos de acoso y hostigamiento digital sobre periodistas mujeres, gran parte de ellos iniciados o amplificados por el propio presidente de la Nación o por funcionarios en grado de ministro, secretario o subsecretario.
Ello, resaltan, es “una particularidad” argentina, porque “las agresiones ya no solo provienen de usuarios no verificados o bots, sino también y principalmente de cuentas verificadas y de integrantes del dispositivo de comunicación oficial, quienes utilizan sus cuentas personales en las redes sociales (especialmente las de X) para multiplicar mensajes que descalifican y desacreditan la credibilidad de estas comunicadoras”.
Las consecuencias de estos ataques son tanto personales como colectivas, señalan. A reacciones individuales como el estrés, la ansiedad y el miedo se le suman efectos sobre el debate público que afectan a toda la sociedad y socavan la democracia. El funcionamiento de este dispositivo, advierten, “conduce al silencio y reduce el pluralismo de la información”.
Un día antes de la presentación de PA, el Círculo de Periodistas Parlamentarios denunció que, por primera vez desde la recuperación democrática, a sus integrantes se les prohibió el acceso a los palcos para la prensa asignados en el Congreso de la Nación.
“Esta decisión, de la cual no existen antecedentes, configura un ataque a la libertad de prensa”, advierte el comunicado.
En los palcos destinados a la prensa fueron ubicados algunos funcionarios. Entre ellos, el entusiasta secretario de Turismo, Daniel Scioli. Dos semanas antes de estos episodios, incluso sectores políticos que integran el oficialismo ampliado, como el PRO y la UCR, manifestaron sus cuestionamientos a otro de los obstáculos que el Gobierno impuso a la prensa: la restricción de la Ley de Acceso a la Información Pública.
“Esta ley es fundamental para la ciudadanía, ya que garantiza un derecho esencial en cualquier democracia”, argumentaron. El Gobierno, por ahora, mantiene inalterada su decisión de restringir fuertemente la posibilidad de obtener información pública oficial por vía de esta herramienta.
La acumulación de denuncias, informes y repudios provocó que hace dos meses el Gobierno tuviera que responder por sus ataques a la prensa en audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Cuando los organismos nacionales e internacionales le señalaron al representante oficial que había una deliberada criminalización de la protesta y de la prensa que cubre las manifestaciones en contra de Milei, el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, y el director nacional de cooperación internacional del Ministerio de Seguridad, Alberto Fohrig, caracterizaron a las manifestaciones como “un alzamiento contra las autoridades democráticas”.
Fue la escenificación perfecta de la decisión del Gobierno de intervenir la Cancillería con la designación de Nahuel Sotelo para incidir en ámbitos internacionales en contra de la agenda progresista y obstaculizar los reclamos contra el Estado argentino por el no cumplimiento de leyes vinculadas con derechos humanos, género y ambiente.
En este contexto, no pasó desapercibida la reunión de la primera plana del Gobierno con dos enviados del primer ministro húngaro, Viktor Orban, en Buenos Aires, después de que estos expertos en desinformación y manipulación hubieran estado reunidos con Donald Trump en Estados Unidos.
¿Por qué este es un dato que preocupa a quienes observan el deterioro de la libertad de prensa en la Argentina? Porque, según el editor de The New York Times, Arthur Sulzberger, Orban ha sido muy exitoso en “desmantelar con eficacia los medios de comunicación” y debilitar a la prensa, siendo una de sus exitosas estrategias el ataque a periodistas, para “reescribir la realidad, socavar a sus rivales políticos, actuar con impunidad y, en última instancia, consolidar un poder sin controles”.
Sus enviados se reunieron con el diputado bonaerense y director de comunicación digital de La Libertad Avanza, Agustín Romo, tanto en Buenos Aires como en Budapest.
¿Está Víctor Orban queriendo exportar su modelo de desinformación y manipulación a países como la Argentina? Las herramientas que utilizan él, Milei, Trump y Jair Bolsonaro, por mencionar algunos líderes políticos de la ultraderecha, son similares.
En ese tablero, cada pieza vale. Y el respaldo al presidente argentino, con asesoramiento, expertise y hasta la llegada del conservadurismo en pleno a Buenos Aires este año, es una movida con mucho en juego, que excede a la agenda local./cenital.com
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