Por una orden judicial a fines de febrero deberán estar normalizados el IPSST, IPV y el IPLA

Una resolución de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo del pasado 26 de diciembre, hizo lugar al amparo colectivo en el cual obliga al Poder Ejecutivo de la Provincia a que en un plazo de 60 las finalice con las intervenciones administrativas actuales.

Esta resolución engloba tanto al Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSST), al Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU) y al Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA). La resolución judicial es para que en este lapso de tiempo, el PE concrete la normalización institucional de estos entes autárquicos y “se ajusten a las normas vigentes orgánicas para la designación regular de sus autoridades”, precisa la resolución judicial.

El planteo fue realizado a principios de 2015 por el entonces legislador del PRO, Alberto Colombres Garmendia con la intención de que finalicen las intervenciones en éstos organismos que se encuentran intervenidos por el Estado, algunos hace más de 20 años. En el caso de la obra social provincial se encuentra intervenida desde 1991.

Cabe señalar que a intervención administrativa de los entes descentralizados fue una forma de control excepcional sobre las entidades separadas de la administración central. En algunos casos por denuncias de irregularidades financieras. Entre los planteos
presentados en contra de la intervención, la jurisprudencia destaca que se trata de una institución regulada constitucional y legalmente como un modo de restablecer el normal funcionamiento de estos entes. Sin embargo, estos continuaron funcionando por décadas bajo la administración del gobierno de turno en forma sucesiva.