Unos 55 magistrados, entre jueces y fiscales, presentaron sus renuncias entre enero y febrero debido a los cambios que impulsa el Gobierno sobre el sistema de jubilaciones del Poder Judicial.

Según fuentes de la Asociación de Magistrados consultadas por Vía País, se trata de 35 jueces y 20 fiscales. Y en los próximos días se podrían conocer más casos, dado que hay unos 350 funcionarios judiciales en condiciones de retirarse.

La Cámara de Diputados, antes de debatir la reforma en las jubilaciones de privilegio. (Clarín)

Siete jueces federales de la jurisdicción de la Cámara Federal de Rosario ya anticiparon, por ejemplo, que se jubilarán en las próximas horas. Y sus cargos serían ocupados por conjueces hasta que, como en todos los otros casos, se resuelvan los reemplazos, lo que podría llevar hasta un año y medio.

El presidente Alberto Fernández ya les aceptó la renuncia a cuatro fiscales y dos jueces y esta decisión fue publicada en el Boletín Oficial. Todos aducen “razones personales”, pero en los Tribunales aclaran que es para sortear la reforma jubilatoria.

Máximo Kirchner durante la apertura de la sesión en la que Diputados debatirá la reforma en las jubilaciones de privilegio. (Clarín)

El Senado tratará el miércoles la media sanción de la Cámara de Diputados a la reforma en las jubilaciones. Será en la comisión de Trabajo y Previsión Social, que preside el peronista pampeano Daniel Lovera. El objetivo es firmar dictámenes ese mismo día y debatir el asunto en el recinto la semana siguiente.

Es que el reglamento del Senado establece que para tratar un asunto en sesión deben haber pasado siete días corridos desde la firma de su dictamen. Solamente podría ser debatido antes de ese plazo con la aprobación de las dos terceras partes de los senadores presentes en el recinto.

El Frente de Todos tiene una mayoría de 41 de los 72 senadores, pero no llega a los dos tercios. Así que con suerte el nuevo régimen de jubilaciones de jueces y diplomáticos será ley recién dentro de 14 días.

Ayer, el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Marcelo Gallo Tagle, dijo que “necesariamente” van a judicializar el conflicto para que se dicte la inconstitucionalidad.

Salidas forzosas

Todos los que están renunciando es porque se acogen a la jubilación, muchas de las cuales ya estaban tramitadas pero en suspenso dado que los funcionarios seguían en sus cargos básicamente porque no tenían reemplazo.

El régimen del Poder Judicial de la Nación y de provincias transferidas se rige por la ley 24.018. Para poder jubilarse, tanto hombres como mujeres deben contar con 60 años al momento de retirarse y al menos 30 años de aportes. Realizan un aporte adicional de 1% y se jubilan con el 82% móvil del último cargo que hayan ejercido.

Marcela Paz, defensora pública en la Capital Federal, opinó que al tema no se le está dando la relevancia que tiene dado que se focaliza sólo en la Justicia Federal y no se atiende la salida de funcionarios que podría ver en las once jurisdicciones que también se rigen por la ley 24.018, que es la que el Gobierno apunta a modificar.

Esto es porque en los años ’90, Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán y la Capital Federal firmaron con la Nación convenios de Transferencia de sus Sistemas de Previsión Social.

Según Gallo Tagle, hasta principios de la semana pasada habían presentado su renuncia “arriba de unas 40 magistrados”. E indicó en declaraciones a la prensa que hay 350 funcionarios en condiciones de acogerse a la jubilación. Colaboradores suyos dijeron a este diario que hasta ayer la cantidad de renunciantes había ascendido a 55.

Un relevamiento de la Asociación indica que hay unos 900 jueces y fiscales nacionales y federales. Pero existe una vacancia del 25% en los cargos, es decir, unos 200 juzgados y fiscalías sin responsable al frente, por lo que sólo 700 estaban en actividad. De enero para acá, quedarían ya 645 activos.

Los que se van

El tema de la revisión de jubilaciones se instaló en la madrugada de la sesión del 20 de diciembre, tras el pedido de la oposición para que se afecte también al ajuste jubilatorio a los más de 50 regímenes especiales, entre los que están los de “privilegios”. El Gobierno lo pisó y decidió ahora avanzar solo sobre magistrados y diplomáticos.

En ese momento, comenzaron las renuncias por goteo. Entre a quienes Fernández ya les aceptó la renuncia están los que dieron el portazo en enero: las fiscales Cristina Caamaño Iglesias Paiz, de 64 años; y Marta Benevente, de 66 años.

En febrero se fueron el juez Roberto Oscar Ponce, de 63 años; el vocal de la Cámara de Apelaciones, Ricardo Víctor Guarinoni, de 76 años; y los fiscales, Gustavo Gerlero, de 65 años, y Antonio Castaño, de 69 años.