La Legislatura de Tucumán llevó adelante una nueva sesión ordinaria, presidida por el vicegobernador Miguel Acevedo, en la que aprobó un conjunto de iniciativas que abarcan distintas áreas de interés, con proyectos vinculados al desarrollo económico, la protección de los consumidores, la energía, el turismo, la educación, la salud y los derechos de distintos sectores de la sociedad.

Entre las principales leyes sancionadas se encuentra la creación de la Fiduciaria de Tucumán S.A.U. y del Fondo de Garantía de Tucumán (FOGATUC), una herramienta destinada a facilitar el acceso al financiamiento de pequeñas y medianas empresas mediante el otorgamiento de garantías para operaciones crediticias.

El cuerpo legislativo prestó acuerdo para la designación de la Dra. María Paula Bellomio como fiscal en lo Penal para la Niñez y la Adolescencia de la I Nominación del Centro Judicial Capital.

En materia de protección de los consumidores, se aprobó la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2027 de la suspensión de los procesos judiciales, secuestros y ejecuciones prendarias contra ahorristas que suscribieron planes de ahorro en la provincia. También se modificó la Ley de Procedimiento Administrativo para establecer que los recursos presentados por empresas prestadoras de servicios públicos contra actos que reconozcan derechos o beneficios a usuarios residenciales no suspendan su cumplimiento.

La actividad turística también formó parte del temario, con la aprobación de un marco regulatorio para la prestación, comercialización y fiscalización de los alojamientos turísticos temporarios en Tucumán. La iniciativa busca establecer condiciones generales para el funcionamiento de esta actividad en la provincia.

En el área energética, se declaró de interés provincial la promoción de acciones destinadas al proyecto y construcción de plantas de generación de energía fotovoltaica y aprovechamiento solar en los Valles Calchaquíes, entre Colalao del Valle y Amaicha del Valle.

La Cámara aprobó además un régimen legal para regular el acceso, la colecta, el uso y el aprovechamiento de los recursos biológicos, genéticos y bioquímicos situados en el territorio provincial.

También, dio luz verde a la creación de la plataforma digital “Tucuestiones”, un espacio público y gratuito que centralizará información institucional, cultural, turística, educativa, social, deportiva y de servicios de Tucumán. La propuesta surgió de una iniciativa de estudiantes del Instituto JIM en el marco del programa impulsado por la Legislatura, “Hackear Tucumán”.

Entre las iniciativas vinculadas con la inclusión y el reconocimiento social, se aprobó la creación del Programa de Formación Obligatoria en Perspectiva de Vejez “Buen Trato Tucumán” y el reconocimiento del Newcom como actividad física y deportiva de interés provincial, promoviendo su práctica en todos los niveles y categorías.

En materia educativa, se estableció el 18 de mayo como Día Provincial de los Museos Escolares y se aprobaron nuevas denominaciones para establecimientos de la provincia: la Escuela Secundaria de la localidad de Benjamín Paz llevará el nombre “Dr. Benjamín Paz”; la Escuela de Educación Especial de Trancas, “Dolores Lola Mora”; y la Escuela de Nivel Inicial del barrio 470 Viviendas de San Andrés, departamento Cruz Alta, “Profesora Rosario Antonia Gómez”.

El vicegobernador Miguel Acevedo realizó un balance de la sesión y destacó la aprobación del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para crear la Fiduciaria de Tucumán y el Fondo de Garantía. “El espíritu es brindar crédito a aquellos microemprendedores y empresas que tienen algunas dificultades con el sistema financiero, ponerlo a disposición de estas empresas y emprendedores”, explicó.

Sobre la decisión de establecer un nuevo instrumento financiero, señaló que la iniciativa busca preservar las funciones sociales de la Caja Popular de Ahorros y ampliar las herramientas destinadas al sector productivo. “El gobernador decidió ampliar el espectro, preservar a la Caja con su logística para que vea todo el aspecto social, y esto, que es mucho más financiero, empresarial y demás, ponerlo en manos de otro fondo fiduciario”, expresó.

Acevedo también puso el foco en la situación económica de las empresas y las dificultades para acceder al crédito. “La macro se acomodó, pero la micro cada vez se complica más, el consumo disminuye y las empresas están comprometidas, las pequeñas y medianas en mayor medida todavía”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que el fondo busca generar condiciones para sostener actividades y crear empleo: “Era necesario intervenir en este aspecto para poder ver si podemos sostener, generar nuevas fuentes de empleo, que es lo que nos está haciendo falta en estos momentos y lo que queremos con el gobernador Jaldo”.

En relación con la protección de los consumidores, destacó la prórroga de la ley que suspende los procesos judiciales y ejecuciones prendarias vinculadas a los planes de ahorro automotor, proyecto abordado junto con la Defensoría del Pueblo. “Hay muchos usuarios, vecinos, que han accedido a esos planes automotrices y que lo tienen realmente muy complicado. No está la definición de fondo en manos de Tucumán, depende de Congreso de la Nación, pero sí desde la Legislatura podemos ir preservando a estos consumidores”, manifestó.

Por otra parte, valoró la aprobación de iniciativas surgidas de espacios de participación ciudadana, en este caso de jóvenes en la elaboración de un proyecto ley que hoy fue sancionado: “Unos jóvenes nos trajeron una propuesta para hacer una página digital donde se puedan mostrar todos los lugares que tenemos para visitar en Tucumán y también las actividades que se realizan los fines de semana”. En ese sentido, explicó que la iniciativa surgió de estudiantes del Instituto JIM, en el marco de Hackear Tucumán, un programa impulsado por la Legislatura.

Por último, destacó el reconocimiento del Newcom como deporte: “Es un reconocimiento y hoy se transforma en ley, sancionada por unanimidad en esta Legislatura. Hoy más que nunca decimos que la Legislatura está abierta y con participación de los ciudadanos”.

La Corte Suprema ordenó que la justicia de Tucumán revise si A.I., un trabajador de salud no registrado, sufrió un despido discriminatorio después de que un sanatorio conociera que tenía VIH. El máximo tribunal consideró que las instancias locales omitieron examinar una prueba decisiva sobre el acceso de personal del centro de salud a sus análisis médicos.

La decisión dejó sin efecto la sentencia de la Corte de Justicia provincial y dispuso que el expediente vuelva al tribunal de origen para dictar un nuevo pronunciamiento. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti cuestionaron que se desestimara el planteo de discriminación sin evaluar el testimonio de una responsable del área preocupacional.

La testigo había afirmado: “Yo descubro que él tiene VIH porque tengo el análisis en mis manos; yo manejaba el análisis de los prelaborales”. Para la Corte Suprema, el tribunal provincial ignoró esa declaración e incluso negó que existiera.

A.I. demandó al sanatorio tras denunciar que había trabajado allí durante más de dos años sin estar registrado. La empresa negó la existencia de ese vínculo, que finalmente fue acreditado en el expediente.

El trabajador sostuvo que la desvinculación tuvo carácter discriminatorio porque se produjo cuando la firma se enteró de su condición de persona con VIH. Los análisis habían sido solicitados por el propio sanatorio y sus resultados eran conocidos por el personal del área preocupacional.

La Sala III de la Cámara del Trabajo de Tucumán admitió parcialmente la demanda y condenó a la empresa a pagar haberes adeudados y diferencias salariales. Sin embargo, rechazó los reclamos por indemnización por antigüedad, registración irregular, daños por trato discriminatorio y otros conceptos.

La Corte de Justicia provincial confirmó ese criterio al rechazar el recurso del trabajador. También descartó que hubiera existido discriminación, al entender que el testimonio invocado no demostraba de manera suficiente que el empleador hubiera conocido previamente y de forma efectiva el diagnóstico.

El máximo tribunal provincial afirmó que la declaración de la responsable preocupacional no incluía referencias a los hechos denunciados. Por esa razón, consideró razonable que la Cámara hubiera descartado esa prueba como indicio de que el sanatorio conocía la condición de salud de A.I.

La Corte Suprema sostuvo que esa valoración fue arbitraria. Señaló que la desvinculación laboral fue contemporánea a la comunicación de los resultados de los estudios por parte de profesionales del establecimiento y que ese planteo exigía una respuesta específica.

El juez federal Martín Cormick impuso este miércoles multas de $100.000 por día a Diego Santilli, en su carácter de jefe de Gabinete, por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución hizo efectivo un apercibimiento que el magistrado había dispuesto ante la falta de cumplimiento de la orden judicial.

La cautelar exige recomponer y actualizar los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas, además de garantizar los fondos destinados a las becas estudiantiles. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reclamó la aplicación de las sanciones, sostuvo que los pagos todavía no se habían registrado.

“En concordancia con lo proveído en el marco de la causa principal, atento el incumplimiento verificado, corresponde hacer efectivo el apercibimiento dispuesto en fecha 30/9/2026 y disponer la aplicación de astreintes diarias al funcionario titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina”, señaló Cormick en la resolución.

La sanción se aplica en el expediente de la medida cautelar, que sigue vigente. En paralelo, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal debe analizar la apelación del Estado contra otro fallo de Cormick: el que declaró inconstitucional la cláusula del decreto 759/2025 que condicionaba la aplicación de la ley a la definición de los recursos presupuestarios.

Esa apelación corresponde a la discusión de fondo sobre la norma. La cautelar, en cambio, ya había sido confirmada por la Cámara y quedó firme después de que la Corte Suprema rechazara un recurso extraordinario del Estado el 25 de junio de este año. Por eso, la revisión del fallo más reciente no dejó sin efecto la orden provisoria sobre salarios y becas.

El CIN pidió que se aplicaran las astreintes al considerar que el Gobierno seguía sin cumplir con esa medida, pese a las intimaciones previas. Cormick había otorgado un plazo de cinco días, que venció el 22 de septiembre, y luego lo prorrogó por otro período igual. Tras cumplirse ese plazo, el organismo reclamó que se hiciera efectivo el apercibimiento.

La discusión se centra en los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. Según la norma, los salarios del personal docente y no docente debían recomponerse para compensar la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre enero de 2023 y julio de 2025. El cálculo citado en el expediente indica que esa actualización representa un incremento del 40,25% sobre los salarios básicos liquidados en julio de 2025. La ley también prevé que las remuneraciones se actualicen mensualmente de acuerdo con el IPC.