Las protestas contra el encarecimiento del costo de vida en Francia dejaron un saldo de 1.800 personas detenidas y numerosos agentes de seguridad heridos, en una jornada caracterizada por la confluencia de diversos reclamos sociales y severos disturbios en múltiples ciudades. Según reportó Infobae, las movilizaciones tuvieron lugar a seis meses de las elecciones presidenciales y contaron con una concurrencia estimada de entre 550.000 y 800.000 personas, de acuerdo con las cifras divergentes proporcionadas por las autoridades y los organizadores.
El impacto en las fuerzas de seguridad generó distintas cifras dentro del propio gobierno. Mientras el ministro del Interior, Laurent Nuñez, informó que más de 500 policías resultaron heridos durante la jornada, el primer ministro Sébastien Lecornu reportó un total de 150 agentes y gendarmes con lesiones, calificando como un milagro que el número no fuera más elevado. Nuñez precisó que la justicia mantiene investigaciones abiertas para identificar y procesar a quienes participaron en los incidentes.
El trasfondo de las manifestaciones combina reclamos económicos y educativos. Las movilizaciones coincidieron con los debates en torno al proyecto de presupuesto oficial para 2027, el cual contempla un ajuste fiscal de 54.000 millones de euros con el fin de sanear las cuentas públicas. Asimismo, el descontento se vio impulsado por el alza sostenida en el precio de los combustibles a raíz del conflicto en Oriente Medio, sumado a las demandas de estudiantes secundarios que desde finales de septiembre reclaman mejoras en las condiciones de estudio.
La confluencia del reclamo social
La convocatoria se articuló en plataformas digitales bajo la consigna «Amarillos y Jóvenes», nucleando a sectores que recordaron a las movilizaciones de los chalecos amarillos de 2018 y 2019. El llamamiento logró articular a trabajadores rurales, docentes, jubilados, ambientalistas y miembros de la llamada generación Z, con cánticos que pedían la renuncia del mandatario Emmanuel Macron. De acuerdo con una encuesta realizada a mediados de septiembre por la consultora Elabe, dos tercios de la ciudadanía francesa expresaban respaldo al retorno de este tipo de reclamos.
Referentes y participantes de las marchas explicaron las motivaciones del descontento. François Boulo, referente de los chalecos amarillos, celebró la incorporación del movimiento estudiantil y destacó la presencia de los jóvenes en las calles. Por su parte, manifestantes en concentraciones del interior del país, como en Guéret, remarcaron las dificultades cotidianas para llegar a fin de mes ante la falta de actualización salarial frente a la inflación.
Daños materiales y acusaciones cruzadas
Los episodios de violencia urbana dejaron cuantiosos daños en infraestructura comercial y pública. Alexandre Bompard, titular de la Federación de Comercio y Distribución, calculó que unos 1.500 comercios fueron afectados o saqueados en urbes como París, Marsella, Lyon, Burdeos, Estrasburgo y Niza, estimando los perjuicios económicos en varios cientos de millones de euros. Asimismo, se registraron ataques contra sedes comunales y prefecturas, incluyendo el incendio de la alcaldía de Limoges. Frente a esto, el presidente Macron advirtió que los responsables de los destrozos serán perseguidos y sancionados, mientras que el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, solicitó la aplicación de prisión preventiva para los involucrados.
En el plano político, el origen de los desmanes generó señalamientos diversos dentro del gabinete. El titular de Interior atribuyó los primeros incidentes a grupos organizados de extrema derecha a los que luego se sumaron otros actores delictivos. En contraste, el primer ministro Lecornu vinculó la conflictividad con La Francia Insumisa, el partido de izquierda encabezado por Jean-Luc Mélenchon. A nivel local, en la capital, el alcalde Emmanuel Grégoire denunció que varios sectores quedaron metódicamente devastados tras las marchas no autorizadas que intentaron llegar a sedes de gobierno.
Cuestionamientos al uso de la fuerza
El operativo de seguridad también quedó en el centro de la controversia. Se registraron cuestionamientos por el uso de granadas aturdidoras, un recurso que Nuñez había anunciado como disponible frente a disturbios, a pesar de las restricciones que pesaban previamente sobre estos elementos. En la ciudad de Saint-Étienne, según consignó una fuente cercana consultada por la agencia AFP, un manifestante sufrió la mutilación de una mano debido a la detonación de uno de estos artefactos policiales, lo que reavivó el debate sobre la proporcionalidad en la respuesta de las fuerzas del orden.