El directorio de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) aprobó la distribución de 22 millones de dólares en utilidades correspondientes al ejercicio 2025, de los cuales la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) percibirá aproximadamente 8,8 millones de dólares, lo que equivale al 40 por ciento del total.
El resto de los recursos, un 60 por ciento equivalente a 13,2 millones de dólares, será destinado a la provincia de Catamarca. La decisión se concretó en una reunión de directorio donde participaron el presidente de la firma,
Fernando Jalil, los directores por Catamarca
Marcelo Murúa y
Marcos Denett, y los representantes de la UNT
Domingo Marchese y
José Roberto Toledo. Estos fondos provienen de la explotación subterránea en el yacimiento Farallón Negro, ubicado en el departamento Belén.
Cuestionamientos sobre el cumplimiento legal y la Ley 14.771
Desde el ámbito de opinión de El Tucumano, se cuestiona que la UNT continúe sin cumplir con el mandato explícito de la Ley 14.771, sancionada en 1958 por el Congreso de la Nación. Según este medio, el inciso b del artículo 18 de dicha norma establece que el 40 por ciento de las utilidades líquidas debe destinarse de forma exclusiva a la terminación de la Ciudad Universitaria en el cerro San Javier, conforme a los planos y proyectos originales iniciados bajo la gestión del rector Horacio Descole. Asimismo, se critica que las autoridades universitarias convaliden un tope de 135.000 metros cuadrados de construcción dispersa en lugar de la obra fundacional completa.
Reconfiguración societaria y nuevos acuerdos
Este giro monetario representa la primera distribución bajo la reconfiguración societaria concretada el 15 de diciembre de 2025, fecha en la que el Estado nacional se retiró de la conducción de la empresa y se derogó el Acta de Farallón Negro de 1958, de acuerdo con los datos publicados. Mediante aquel pacto, la universidad había desistido de reclamos judiciales entablados en 2017 a cambio de mantener de forma provisoria la percepción del 40 por ciento de las utilidades. Sin embargo, el nuevo esquema establece que ese porcentaje se liquidará únicamente hasta que la UNT complete la edificación equivalente a 135.000 metros cuadrados de infraestructura en los lugares que determine el Consejo Superior. Una vez alcanzado ese límite, la participación de la universidad se reducirá al 20 por ciento, mientras que el porcentaje restante se redistribuirá entre las demás universidades nacionales.
Posición de las autoridades universitarias
Por otro lado, el medio señala que las autoridades universitarias, encabezadas por la vicerrectora subrogante Cristina Grunauer de Falú, ponderaron la retención del 40 por ciento como un objetivo alcanzado para revertir pérdidas patrimoniales, en el marco de la reforma estatutaria ratificada en julio por el Consejo Superior que otorgó a Catamarca el control político de la minera con tres representantes frente a dos de la institución educativa. Mientras la burocracia universitaria celebra la llegada de los fondos como un logro de gestión, sectores críticos sostienen que la medida perpetúa un despojo sistemático y se aparta del espíritu de la legislación nacional que exigía la construcción de un campus integral.