El Gobierno de Tucumán presentó un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia provincial para revertir el fallo que ordenó poner fin a la intervención del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA) y conformar su Directorio en un plazo de 60 días. La Fiscalía de Estado sostiene que la sentencia de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo excede las facultades del Poder Judicial, invade atribuciones propias del Poder Ejecutivo y reconoce legitimación a los demandantes sin que estos hayan demostrado un perjuicio concreto.

La impugnación fue promovida por la Fiscalía de Estado, encabezada por Gilda Pedicone, a través del abogado Juan Pablo Stein. El planteo solicita que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán deje sin efecto la resolución que hizo lugar parcialmente al amparo impulsado por propietarios de locales de entretenimiento y que ordenó normalizar la conducción del organismo.

Uno de los principales ejes del recurso oficial apunta a cuestionar la legitimación de los comerciantes para promover la acción judicial. Según la presentación, la sola condición de administrados o de inscriptos ante el IPLA no los habilita a discutir el esquema institucional del organismo, ya que no acreditaron la existencia de un derecho subjetivo afectado.

En ese sentido, la Fiscalía argumentó que la existencia de un caso judicial requiere que quien demanda posea un interés directo, concreto y personal, distinto del que pueda tener el resto de los ciudadanos. Además, sostuvo que no basta con invocar el interés general en el cumplimiento de la ley para habilitar una acción de este tipo.

El recurso también cuestiona el razonamiento empleado por los camaristas Sergio Gandur y Ebe López Piossek. Según el Estado provincial, la sentencia incurre en un «salto lógico» al considerar que la inscripción de los actores en los registros del IPLA constituye prueba suficiente de una lesión constitucional.

Para la representación oficial, el tribunal nunca explicó cuál era el derecho constitucional individual afectado por el hecho de que el organismo continúe bajo intervención en lugar de estar administrado por el Directorio previsto en los artículos 9 y 10 de la Ley Provincial N.º 7.243. En cambio, sostiene que la Cámara reemplazó esa fundamentación por una afirmación genérica acerca de una supuesta incidencia directa sobre la situación jurídica de los demandantes.

Otro de los cuestionamientos planteados se refiere al criterio utilizado por la Cámara para analizar las distintas pretensiones del amparo. La Fiscalía señala que el tribunal exigió pruebas concretas para rechazar los reclamos patrimoniales vinculados con multas, clausuras y cánones, pero flexibilizó ese estándar al momento de ordenar la normalización institucional del IPLA.

En la apelación se sostiene que esa diferencia de tratamiento constituye una contradicción metodológica, ya que para una parte de la demanda se exigieron actos lesivos individualizados y prueba suficiente, mientras que para otra bastó únicamente la condición de administrados para tener acreditada una afectación jurídica.

El Gobierno provincial también considera que la resolución judicial vulnera el principio de división de poderes al avanzar sobre facultades reservadas al Poder Ejecutivo. Si bien reconoce que el control de legalidad sobre la duración de una intervención corresponde a la Justicia, sostiene que ordenar al Ejecutivo la integración del Directorio dentro de un plazo determinado implica interferir en decisiones administrativas vinculadas al mérito, la oportunidad y la conveniencia.

En esa línea, la Fiscalía recordó que la Ley N.º 7.243 establece que los integrantes del Directorio deben ser designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura. Sin embargo, destacó que el Poder Legislativo fue excluido del proceso judicial por falta de legitimación pasiva, por lo que el Ejecutivo no podría quedar obligado a cumplir una sentencia cuyo resultado depende de la intervención de otro poder del Estado que no integra la causa.

El fallo ahora cuestionado había considerado que la intervención del IPLA, prorrogada durante más de 26 años, dejó de ser una medida excepcional para transformarse en un mecanismo ordinario de administración, desnaturalizando así el objetivo previsto por la ley. Sobre esa base, la Cámara ordenó finalizar la intervención y avanzar con la conformación del Directorio en un plazo de 60 días.

En esa misma resolución, los camaristas rechazaron otros planteos de los comerciantes, entre ellos el pedido para declarar la invalidez de la ley provincial y la devolución de montos abonados por sanciones y aranceles. Tras conocerse esa sentencia, el gobernador Osvaldo Jaldo había manifestado que respetaba las decisiones judiciales, aunque posteriormente la Fiscalía de Estado resolvió apelar al considerar que existían fundamentos suficientes para solicitar la revisión del fallo.

Finalmente, el recurso advierte sobre la gravedad institucional del caso. Según la postura oficial, si se mantiene el criterio de la Cámara podría consolidarse una suerte de acción popular que habilite a cualquier administrado a promover modificaciones estructurales en organismos públicos mediante procesos de amparo. Con la presentación de la casación y la reserva del caso federal para acudir eventualmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, será ahora la Corte Suprema de Justicia de Tucumán la que deberá definir si confirma la orden de normalizar el IPLA o revoca la sentencia dictada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

La Legislatura de la provincia inició una nueva sesión extraordinaria este miércoles a partir de las 8.30 con el temario previsto la semana pasada en la reunión de Labor Parlamentaria. Entre los asuntos remitidos por el Poder Ejecutivo se encuentra el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 3/1, de fecha 3 de agosto de 2026, mediante el cual se designó al ingeniero Eduardo Alberto Cobos como interventor del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán (ERSEPT).

También se abordará la prórroga del plazo establecido para el llamado a licitación pública nacional e internacional destinado a la venta del paquete accionario mayoritario de EDET S.A. El proyecto aprueba el Acta Acuerdo suscripta el 10 de agosto entre el Poder Ejecutivo y la empresa, con intervención del ERSEPT, y establece como nueva fecha límite para el llamado a licitación el 30 de Septiembre de 2026. Además, el recinto tratará distintas resoluciones y declaraciones de interés general, entre ellas una declaración de beneplácito por el 50° aniversario del Centro de Referencia para Lactobacilos (CERELA-CONICET), institución científica dedicada a la investigación, la innovación tecnológica y el desarrollo social de Tucumán y la región. Otro de los puntos incluidos en el temario será una modificación del Reglamento de la Legislatura. Acevedo detalló los principales asuntos que llegarán al recinto. “Ha finalizado la Labor Parlamentaria y se ha establecido que la próxima sesión extraordinaria de la Legislatura va a ser el miércoles 26, a horas 8:30”. Sobre el temario, señaló: “Tenemos por tratar los temas que envió el Poder Ejecutivo con respecto al DNU donde asume el nuevo interventor del ERSEPT y una modificación o una prórroga a la venta de acciones de EDET”. Del encuentro participaron el presidente subrogante, Sergio Mansilla; los vicepresidentes primero y segundo, Aldo Salomón y Alfredo Toscano; y los legisladores Roque Tobías Álvarez, Mario Leito, Claudio Viña, Raquel Nieva, Eduardo Verón Guerra, Agustín Romano Norri, Silvia Elías de Pérez, Ernesto Gómez Gómez Rossi y José Cano. Además, estuvieron presentes el secretario legislativo, Claudio Pérez, y el prosecretario legislativo, Alejandro Martínez. Finalmente, el vicegobernador agregó: “Además se va a tratar también un tema referido al reglamento que ha sido consensuado en la mesa, además de otras resoluciones de interés general como la correspondiente a los 50 años del CERELA”. FUENTE: Legislatura de Tucumán

La Cámara de Diputados abrirá este miércoles las puertas del recinto para realizar su primera sesión después del receso invernal, con un temario que conjuga iniciativas muy requeridas por el Poder Ejecutivo y más de una decena de iniciativas con las que el Gobierno busca satisfacer a la oposición dialoguista.

A partir de las 12, se iniciará una sesión en la que la oposición intentará colar un tema sobre el que viene trabajando intensamente los últimos días, que es la cuestión del endeudamiento de las familias. Un tema sobre el cual ya hay presentados más de 40 proyectos en las dos cámaras, pero que el oficialismo se resiste a llevar siquiera a las comisiones.

Precisamente por eso la oposición intentó ya en dos oportunidades forzar un apartamiento de reglamento para abordar ese debate en el recinto, instancia para la cual necesitaba una mayoría especial que nunca consiguió, ni conseguirá. Por eso este miércoles intentará forzar el debate de otra manera: con un emplazamiento a las comisiones a tratar el tema, por lo que la oposición más dura ha estado trabajando intensamente en la búsqueda de los votos necesarios para lograrlo.

Atento a eso es que ha despertado especial atención la conferencia de prensa que brindará el ministro de Economía, Luis Caputo, este mismo miércoles por la mañana, en la que se espera anuncie medidas económicas. La novedad se conoció este martes al cabo de la reunión de la mesa política y no se descarta que alguna de las medidas que vaya a anunciar pueda estar vinculada al tema del endeudamiento, a fin de desactivar adhesiones que pueda haber en la Cámara de Diputados.

No se informó la hora exacta de la presentación de Caputo, aunque deberá ser bien temprano si es que se pretende con ella influir sobre la sesión convocada para el mediodía.

En esa sesión, está previsto el tratamiento de temas especialmente caros para el Gobierno: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y el proyecto de ley de Inocencia Fiscal II.

El oficialismo confía en contar con los votos para ambos temas. Se verá al cabo de una sesión que se presume maratónica, al punto tal de estimar algunos unas 20 horas. Es que el temario tiene también el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la República de Singapur, y un tema que lleva décadas de tratamiento en el Congreso: el Tratado de Cooperación de Patentes con Estados Unidos. Dicho esto sin exagerar, ya que el tema tiene media sanción del Senado, una media sanción que data de 1998…

En efecto, el tema fue aprobado en esa Cámara en tiempos de Carlos Menem, el 16 de septiembre de 1998, pero nunca consiguió convertirse en ley. Tampoco sucederá eso este miércoles, dado que el dictamen de mayoría incluye una reserva en el artículo 2°, con lo que el texto volverá al Senado para su aprobación definitiva.

Un gesto para los dialoguistas

Concluido el tratamiento de esos cuatro temas, que demandará la mayor parte del tiempo de esta larga sesión, se dará paso al tratamiento de más de una docena de proyectos impulsados por diputados que forman parte de la oposición dialoguista. Comenzando por la reducción impositiva a la alícuota de la fécula de mandioca, un proyecto incorporado para lograr la adhesión de los cuatro diputados misioneros que estrenarán este mismo miércoles una nueva bancada en el recinto.

Sucede que luego de semanas de conversaciones entre Martín Menem y la oposición dialoguista, La Libertad Avanza accedió a llevar temas de interés de legisladores del espacio que le ha facilitado estos dos años y medio al oficialismo la aprobación de leyes.

El temario incluye una serie de declaraciones de capitales nacionales de varias ciudades y provincias. Incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la que a instancias de una diputada del Pro se busca declarar Capital Nacional del Teatro. La lista de declaraciones incluye a Chivilcoy como Capital Nacional del Coleccionismo; la provincia de San Juan como “cuna de Domingo Faustino Sarmiento” y Capital Nacional de la Educación; a Santa Cruz como Capital Nacional de la Natación de Aguas Frías, ya Tucumán como Capital Nacional del Ecoturismo, entre otras.

En el caso de San Miguel de Tucumán, se convertiría en ley en esta sesión el proyecto de las senadoras Sandra Mendoza y Beatriz Ávila para declararla “capital simbólica de la República Argentina el día 9 de julio de cada año”.

Además de esas declaraciones que promueven el turismo en las ciudades beneficiadas, también hay proyectos de legisladores afines para organizar cámaras judiciales: un proyecto de la tucumana Sandra Mendoza prevé la creación de dos salas en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, y una segunda sala en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, en este caso un proyecto del senador radical Maximiliano Abad.

Otra iniciativa prevista es la declaración como parte integrante del patrimonio inmaterial de la República Argentina de la celebración y peregrinación del denominado “Camino de Brochero”, impulsado por la senadora cordobesa Alejandra Vigo, esposa del exgobernador Juan Schiaretti.

Por último, este martes se incluyó un tema más para el temario: la denominada Ley Joaquín, que establece requisitos de seguridad para instalaciones deportivas y recreativas, con el objetivo de prevenir accidentes causados por arcos, aros, postes y otros equipamientos. La iniciativa lleva el nombre de Joaquín Gatto, un niño de 12 años fallecido tras la caída de un arco de fútbol mal fijado.

En este caso, quien impulsa la norma es una diputada de Unión por la Patria, la bonaerense Luciana Potenza.

FUENTE: parlamentario.com