«No debemos ver al trabajo como un costo sino como una inversión»
El Presidente reiteró que «crear empleo es algo que debemos abordar en forma conjunta, sin estigmatizaciones». En su exposición ratificó además que asumió la jefatura de Estado para «convocarlos a todos» a sumar esfuerzos.
El presidente Alberto Fernández anunció que el Gobierno prepara un decreto marco para crear un sistema que permita a los beneficiarios de planes sociales pasar a emplearse en la actividad privada «sin perder ese derecho», una medida que consideró vital para el combate de la pobreza.
«Cambiar planes por empleo. Ese debe ser nuestro primer objetivo. De ese modo estaremos combatiendo frontalmente a la pobreza que hoy ha sumido a millones de familias argentinas», dijo el mandatario ante encumbrados empresarios reunidos en el tradicional Coloquio de IDEA.
«Cambiar planes por empleo. Ese debe ser nuestro primer objetivo» ALBERTO FERNÁNDEZ
Agregó que “el primer gran problema que Argentina debe enfrentar con decisión es terminar con la desocupación creando empleo genuino” y asumió que medidas cómo la prohibición de despidos y la doble indemnización «no van a sostenerse en el tiempo».
«El primer gran problema (de Argentina) es terminar con la desocupación creando empleo genuino. La asistencia del Estado no puede ser el remedio para la falta de empleo. La asistencia es un paliativo para sobrellevar la pobreza«, señaló Fernández, retomando algunos conceptos que ayer fueron vertidos durante la intervención que en ese foro realizó -a través de una videoconferencia- el Papa Francisco.
El jefe de Estado cerró con su participación el 57° Coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) que se desarrolló desde el miércoles pasado en el Centro Costa Salguero de la Ciudad de Buenos Aires.
Alberto Fernández cerró el Coloquio de IDEA. Foto: captura TV.
«Unir esfuerzos»
En su mensaje, Alberto Fernández convocó a los empresarios a “unir esfuerzos y encontrar acuerdos en la construcción de una nueva sociedad” que, dijo, tras la salida de la pandemia “es un deber moral y ético».
«Es un deber moral y ético poner manos a las obras para construir una sociedad nueva, en la que el desarrollo sea constante, los desequilibrios estructurales desaparezcan y la justicia social deje de ser una consigna y se convierta en una realidad”, completó Fernández su idea.
“Hemos llegado a un punto que es el corolario de una pandemia y de políticas que previamente se aplicaron en nuestro país que dejaron una economía estancada y altamente endeudada”, dijo el Presidente y remarcó: “Ya es hora de que tratemos de profundizar nuestros acuerdos y minimizar nuestras diferencias”, exhortó.
Decreto marco
Agregó que para ello el Poder Ejecutivo está «disponiendo a través de un decreto marco un sistema que posibilite que los que hoy son beneficiarios de planes puedan ser empleados en la actividad privada sin perder ese derecho».
«Necesitamos impulsar el empleo registrado», dijo y en ese sentido destacó los nuevos acuerdos que impulsó el gobierno nacional con empresarios y sindicatos de la construcción, del sector rural, gastronómicos y hoteleros, suscriptos en las últimas semanas, con el objetivo de que “los que hoy son beneficiarios de planes puedan ser empleados en la actividad privada sin perder ese derecho”.
También resaltó las medidas impulsadas a través del Consejo Económico y Social, que fueron “el resultado del acuerdo de los que producen, de los que trabajan y del Estado”.
“Si algo caracterizó al espacio político que hoy gobierna Argentina, es la promoción de la inversión empresaria y la creación de empleo. Y con ese mismo espíritu actuamos hoy”, insistió.
El Presidente realizó luego un extenso repaso de la situación social y económica, remontándose al 2003 para relatar cómo se fue modificando la política de asistencia social a través de los llamados «planes sociales» y su relación con los índices de desocupación.
«Los menos de 200 mil planes que dejó Cristina al concluir su mandato, se multiplicaron en los cuatro años subsiguientes. Al asumir mi mandato casi 800 mil planes se distribuían en Argentina. La apertura indiscriminada de las importaciones, la caída sostenida del consumo y el cierre de 23 mil Pymes, aparejaron un incremento preocupante de la desocupación y de la pobreza», apuntó.
En esa misma línea añadió que, ante esa realidad, «no existe otro remedio que la inversión privada que asocia al capital y al trabajo para lograr un desarrollo sostenible», pero subrayó «no se debe ver al trabajo como un costo sino como una inversión».
Aludió también a los proyectos de ley y las ideas de campaña lanzadas por diversos actores opositores que piden limitaciones a las indemnizaciones: «Se repite la idea de generalizar esquemas que sirven a sectores que tienen una alta tasa de rotación de empleo y también de informalidad. Hasta aquí no hay ninguna evidencia que muestre el éxito de esas lógicas”.
«Una economía que crece, produce y exporta necesita de una fuerza laboral bien paga y protegida en sus derechos. Con este sistema laboral se crearon en Argentina casi 4 millones de empleos entre 2002 y 2015″, dijo y, acto seguido, afirmó que medidas cómo la prohibición de despidos y la doble indemnización son «transitorias» y «no van a sostenerse en el tiempo».
Bajo el lema «Logremos una Argentina sostenible», la reunión se presentó como «un espacio de reflexión sobre los acuerdos que necesitamos para lograr una Argentina sostenible».
Deuda
Otro amplio segmento del discurso se dedicó a la cuestión de la deuda externa, a la que calificó como un problema «heredado» que se debe «resolver definitivamente».
Luego de ponderar la negociación llevada adelante con los acreedores privados, se refirió a las tratativas con el Fondo Monetario Internacional: «El gobierno nacional está discutiendo cómo se paga esa deuda. Necesitamos que las tasas que se aplican se reduzcan, ganar tiempo para empezar a pagar y extender al máximo posible los tiempos de cumplimiento de esa deuda».
Fernández apuntó a las palabras de la actual candidata de Juntos por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y afirmó que «los que hoy proponen tomar más créditos para pagar este crédito, en realidad son los mismos que generaron esta deuda y después dijeron ‘reperfilarla’ para profundizar así aun más la crisis».
Por otra parte, pidió a los empresarios que hagan su aporte en la contención de los precios y afirmó que «recomponer el salario real», cuya caída desde 2016 supera el 20%, «es una obligación» de la sociedad.
Coloquio de IDEA
Fernández cerró así el 57° Coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) en el Centro Costa Salguero que se desarrolló bajo el lema «Logremos una Argentina sostenible».
Por el Gobierno, el miércoles disertó el ministro de Economía, Martín Guzmán, a través de videoconferencia por encontrarse en Estados Unidos realizando gestiones en la negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y ayer estuvo el titular de la cartera de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.
Previo a la intervención del Jefe de Estado se realizó un panel del que participaron los candidatos que encabezan las listas de diputados que competirán en noviembre en la provincia de Buenos Aires: Victoria Tolosa Paz, Cynthia Hotton, Diego Santilli, Florencio Randazzo y José Luis Espert.
El Coloquio de IDEA se hizo habitualmente en la localidad bonaerense de Mar del Plata, en 2020 lo albergó en forma virtual debido a la pandemia del coronavirus y este año volvió al modo presencial pero en la Capital Federal, con la asistencia de empresarios, sindicalistas y dirigentes políticos.
Los senadores reciben un nuevo aumento y cobrarán $ 12 millones por mes
Este aumento es consecuencia del acuerdo paritario que la vicepresidenta Victoria Villarruel, como titular del Senado, y Martín Menem, como presidente de Diputados, acordaron con los gremios legislativos.
Antes de iniciar el receso invernal los senadores nacionales recibieron una buena noticia. A partir de agosto pasarán a cobrar casi $12 millones en bruto, lo que abrirá un nuevo debate frente a la caída generalizada de los salarios y una tasa de desocupación que se mantiene cerca del 8 %.
Este aumento es consecuencia del acuerdo paritario que la vicepresidenta Victoria Villarruel, como titular del Senado, y Martín Menem, como presidente de Diputados, acordaron con los gremios legislativos. Se trata de un incremento acumulativo del 6,7 % que impacta en las dietas de los senadores gracias a la llamada ley de enganche que los legisladores aprobaron a mano alzada en 2024.
La mejora se aplicará en los sueldos de los legisladores en tres tandas: un retroactivo correspondiente a junio de 2,4%, al que se suma otro de 2,2% de julio y un 1,9% en agosto. La suba se aplicará al menos de que los senadores renuncien o donen el aumento como lo hicieron este año los representantes de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y algunos bloques provinciales.
Este año, los senadores habían conseguido a principios del período ordinario un aumento acumulativo del 12,5%, que se completó en mayo llevando los sueldos de los senadores a más de $11 millones bruto, sin los descuentos por ganancias y otros items. Con los nuevos incrementos llegarán a un 19% de aumento en agosto. Según estimaciones, estarían unos puntos por encima de la inflación proyectada. En total, solo 8 gremios le ganaron a la inflación en el primer semestre del año según un informe oficial. En esa lista aparecen encargados de edificios, camioneros y bancarios.
La dieta de los senadores quedó atada a la paritaria legislativa, en la que la Asociación de Empleados Legislativos (APL) junto a UPCN y ATE negocian con las autoridades del Congreso el valor del módulo, que es la unidad de medida de los salarios.
A partir de la ley aprobada en el recinto, la dieta de los senadores se calcula en base a 2.500 módulos, más un adicional de 1000 módulos por gastos de representación y otros 500 módulos de adicional por desarraigo. De esta manera, el sueldo de los senadores será de unos $11.877.000 millones bruto, sin los descuentos por obra social, jubilación y ganancias.
Con esta suba, los senadores recibieron entre enero y agosto un aumento de $ 1,2 millones y las mejoras superan la inflación acumulada del primer semestre que a junio se ubicó en 16,8%, según datos del INDEC.
A diferencia del Senado, en la Cámara baja no se aplica el enganche paritario y un diputado nacional actualmente cobra $ 6.072.000 en bruto y le quedan $ 4.322.307 en mano. Prácticamente la mitad que el sueldo de un senador, una situación que genera tensiones y malestar con el titular del cuerpo Martín Menem, quien suele sortear su salario por redes sociales.
Más allá del impacto que este incremento tendrá en las dietas de los senadores y la situación de los diputados, el sueldo más alto de un empleado legislativo, la categoría 1, pasará de un haber de $ 2.352.866 de mayo a $2,462.339 en julio y $ 2.509.123 en agosto. Pero la categoría promedio, la 6, pasará de $ 1.119.351 de mayo a $ 1.171.428 de julio y $1.193.538 de agosto.
El acuerdo paritario fue firmado por el prosecretario y secretario administrativo del Senado, Lucas Clark y Alejandro Fitzgerald, respectivamente; y la secretaria administrativa y prosecretaria parlamentaria de Diputados, Laura Oriolo y Mercedes Piscitello; junto a. Alejandro Santa en representación de la Biblioteca del Congreso. Por los gremios estuvieron Norberto Di Próspero, por APL; Claudio Britos, por ATE, y Martín Roig, por UPCN.
Durante la reunión, APL pidió la conformación de una comisión para «normalizar, reglamentar y regularizar» los haberes de los empleados. La polémica se inició a partir de la decisión de Menem de otorgar un plus a los trabajadores sin plantearlo en paritaria ni conversar con el gremio. La cuestión es que no hay actas de resolución de la mejora y los gremios reclaman «equidad» entre los empleados del Congreso. /Clarín
La Central Obrera oficializó que volverá a las calles el próximo miércoles 22 de julio junto a las dos CTA y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular.
La Confederación General del Trabajo (CGT) oficializó este viernes que volverá a las calles el próximo miércoles 22 de julio, cuando encabezará una movilización junto a las dos CTA y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) en defensa de los jubilados y como punto de partida de una nueva etapa del plan de lucha contra las políticas del gobierno de Javier Milei.
La convocatoria fue difundida por la propia central obrera bajo la consigna «La seguridad social es un derecho: marchamos junto a las y los jubilados«. La concentración está prevista para las 15 horas en la intersección de Avenida Rivadavia y Rodríguez Peña, desde donde las organizaciones reclamarán por la defensa de los haberes previsionales, los ingresos y una vida digna para los adultos mayores.
Con esta comunicación, la CGT termina de oficializar el primer paso del esquema de protestas que venía siendo delineado junto a la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y la UTEP, en el marco de un plan de acción coordinado que busca sostener la conflictividad social durante las próximas semanas.
Nuevo plan de acción de la CGT contra Milei
La movilización del 22 de julio no será un hecho aislado. Forma parte del cronograma acordado entre las centrales sindicales y los movimientos sociales tras una serie de reuniones en las que resolvieron profundizar la unidad frente al rumbo económico del Gobierno nacional.
El entendimiento comenzó a tomar forma luego de los encuentros mantenidos entre la conducción de la CGT, las dos CTA y la UTEP, donde coincidieron en impulsar un plan de lucha escalonado con movilizaciones conjuntas y distintas acciones de protesta para enfrentar el ajuste económico, la pérdida del poder adquisitivo, el deterioro del empleo y las reformas impulsadas por la administración de Javier Milei.
Dentro de ese esquema, las organizaciones resolvieron que la primera gran demostración de fuerza sería una marcha unificada en respaldo a los jubilados, un sector que consideran especialmente afectado por las políticas económicas implementadas por el Gobierno.
La convocatoria también consolida el acercamiento entre la CGT y los movimientos sociales, luego de que la UTEP anticipara una nueva etapa de protestas tras el anuncio oficial del cierre del programa Volver al Trabajo. Esa coincidencia de agendas terminó confluyendo en una estrategia común junto a las centrales sindicales.
Conflictividad en ascenso
El objetivo de las organizaciones es sostener un proceso de movilización creciente que permita ampliar el nivel de participación sindical y social. En ese marco, distintos dirigentes ya anticiparon que el plan de lucha podría escalar hacia nuevas medidas de fuerza en las próximas semanas.
Entre ellas aparece la posibilidad de convocar a un nuevo paro general, una alternativa que comenzó a instalarse durante las reuniones entre las centrales y que dependerá de la evolución del conflicto con el Gobierno y de la respuesta oficial a los reclamos sindicales y sociales.
De esta manera, la marcha del 22 de julio se perfila como el inicio formal de una nueva etapa de confrontación entre el movimiento obrero organizado y el Gobierno nacional, con una estrategia basada en la unidad de las centrales sindicales y los movimientos sociales para incrementar la presión en las calles.
La Justicia detectó inconsistencias en el patrimonio de Adorni y analiza pedir explicaciones
Un informe técnico de la DAFI revisó bienes, ingresos, gastos, declaraciones juradas y operaciones con criptomonedas del exjefe de Gabinete y su pareja. La fiscalía ahora definirá los próximos pasos en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
La Justicia recibió un informe técnico que detectó «inconsistencias» en la evolución patrimonial de Manuel Adorni y su pareja, Bettina Angeletti, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El análisis fue realizado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI) y ahora quedó bajo estudio del fiscal federal Gerardo Pollicita.
El documento no establece un monto concreto sobre un eventual desbalance patrimonial, pero sí señala aspectos que deberán ser explicados por los investigados. A partir de ese análisis, la fiscalía evaluará la posibilidad de realizar un requerimiento de justificación patrimonial.
La reconstrucción solicitada por Pollicita buscó determinar cómo evolucionó el patrimonio de Adorni y Angeletti desde el 14 de diciembre de 2023 hasta la actualidad, con un análisis tanto individual como consolidado del grupo familiar.
El informe revisó la composición y variación de bienes, inversiones, disponibilidades, créditos y deudas, además de los ingresos declarados y los movimientos financieros respaldados documentalmente.
Uno de los puntos centrales del estudio fue reconstruir el origen y destino de los fondos, diferenciando ingresos reales de movimientos internos como transferencias entre cuentas propias, rescates de inversiones, conversiones de moneda, devoluciones, reintegros o préstamos.
Además, la DAFI comparó las distintas declaraciones juradas patrimoniales y sus rectificaciones, con el objetivo de identificar modificaciones en activos y pasivos, sus fundamentos y el impacto sobre la evolución económica del grupo familiar.
Otro de los aspectos que recibió especial atención fue la operatoria con criptomonedas, uno de los puntos sensibles de la investigación. El organismo debía analizar información de plataformas, cuentas y billeteras vinculadas con activos virtuales, incluyendo depósitos, retiros, compras, ventas, permutas y transferencias.
La revisión de los criptoactivos tomó relevancia luego de que Adorni afirmara haber invertido unos US$200.000 en Bitcoin, por lo que la fiscalía buscó contrastar esos movimientos con la documentación bancaria, fiscal y patrimonial incorporada al expediente.
El análisis también contempló el costo, la fecha, la forma de pago y el origen de los fondos utilizados para adquirir bienes, además de préstamos u otras fuentes de financiamiento declaradas.
Como conclusión, la DAFI debía elaborar una ecuación patrimonial anual y acumulada, comparando los ingresos lícitos y disponibilidades acreditadas con la incorporación de bienes, gastos, consumos y cancelación de obligaciones.
Con ese cruce, la Justicia busca determinar si existen operaciones que no puedan ser conciliadas con los ingresos declarados, presenten documentación incompleta o tengan explicaciones contradictorias.
Ahora será el fiscal Pollicita quien deberá definir qué puntos requieren aclaración y si corresponde avanzar con un pedido formal de explicaciones patrimoniales dentro de la causa que continúa en etapa de instrucción.