La Central Hidroeléctrica Yacyretá abrió este lunes sus compuertas del vertedero principal para atenuar los efectos del aumento del caudal del río Paraná. Se trata de maniobras que realizan las autoridades de la represa para atenuar los efectos del incremento del volumen de agua ocasionada por las descargas de las centrales ubicadas aguas arriba.
Argentina
Murió el genocida Etchecolatz, condenado en múltiples causas por crímenes de lesa humanidad
El represor exdirector de la Policía Bonaerense falleció a los 93 años. Las repercusiones en Tucumán y la reacción de Rubén López, hijo de Jorge Julio López, cuyo nombre exhibió en un papel mientras se le leía su sentencia en 2014.
El exdirector de la Policía Bonaerense y mano derecha del general de brigada Ramón Camps, durante la última dictadura cívico militar, Miguel Osvaldo Etchecolatz, falleció este sábado a los 93 años, y su figura será recordada en la historia argentina por ser uno de los principales responsables y ejecutores del período más oscuro del país.
Etchecolatz murió a las 5.30 en la Clínica Sarmiento de la localidad bonaerense de San Miguel, donde se encontraba internado con custodia policial, informaron a Télam fuentes de las querellas en su contra.
Tras conocerse la noticia, distintas personalidades de la política y los derechos humanos se expresaron respecto de la muerte del represor.
Nacido en la ciudad de Azul el 1 de mayo de 1929, Etchecolatz muere con múltiples condenas a prisión perpetua, acusado por diversos crímenes de lesa humanidad, mediante una serie de sentencias dictadas entre los años 1996 y 2022, que fueron unificadas en una pena única de reclusión.
La novena condena a cadena perpetua le llegó en mayo de este año cuando el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata lo condenó por los secuestros y torturas de siete personas en el excentro clandestino de Pozo Arana, entre ellas el albañil Jorge Julio López, y los asesinatos de cuatro de esas víctimas, entre ellas Francisco López Muntaner, uno de los estudiantes secuestrados en La Noche de los Lápices.
Su nombre quedó asociado también con la desaparición de Jorge Julio López, en plena democracia, luego que la declaración judicial del albañil en 2006 como testigo fuera determinante en una causa en contra del expolicía, y por la cual fue condenado a reclusión perpetua.
Años después, el 24 de octubre de 2014, el represor y otros 14 exmilitares fueron condenados por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino La Cacha.
Mientras se leía la sentencia, Etchecolatz tenía en sus manos un papel donde se leía el nombre de Jorge Julio López, una imagen que resultó escalofriante a más de una década de retornada la democracia y en el marco del avance de los juicios de lesa humanidad.
Además fue condenado por el secuestro y asesinato de los estudiantes que fueron víctimas en la denominada ‘Noche de los Lápices», y por la apropiación de menores.
En su haber judicial contó además con el beneficio de la Ley de Obediencia Debida pero tras la anulación de las leyes de impunidad, volvió a ser juzgado.
Etchecolatz fue director de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires entre marzo de 1976 y fines de 1977, cargo desde el cual coordinó los grupos de tareas así como los 21 centros clandestinos de detención que integraban el Circuito Camps, donde luego se comprobó que existió la mayor cantidad de detenidos desaparecidos del país.
Llegó a escribir un libro donde cuestionó el trabajo de la Conadep, bajo el título «La otra campana del Nunca Más», y siempre que pudo se ufanó de haber participado de la «guerra contra la subversión».
Hasta el 2006 contó con el beneficio de la prisión domiciliaria lo que en ese año le fue revocado por poseer armas de fuego.No obstante en el 2017 volvió a contar con ese beneficio -que se hizo efectivo solo dos meses- hasta que en el 2018 fue revocado nuevamente.
Ese mismo año sufrió un escrache en su casa del bosque Peralta Ramos, en Mar del Plata, cuando la asociación de vecinos del bosque, se movilizó y se apostó en su casa, en una recordada protesta de la que participó la referente de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Taty Almeida.
Casado, con una esposa que brindó diversas entrevistas en apoyo de su marido, el expolicía tuvo una hija, Mariana D. quién se cambió el apellido y marchó en 2018 junto a 500.000 personas contra el 2×1, pidiendo que su padre cumpla la condena en una cárcel común. «Es un ser infame, no un loco», declaró la joven.
«Por mi cargo me tocó matar y lo haría de nuevo», fue una de sus provocativas declaraciones en el marco de los numerosos juicios que enfrentó.
La muerte lo encontró a los 93 años en una cárcel común pese a que a principios de junio había sido beneficiado nuevamente con la prisión domiciliaria por diversos problemas de salud.
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Argentina
Edicto Judicial – Expte. N° 877/10 (Allende Librada Ruth c/ Sucesores de González de Giacopello
Notificación judicial relativa a los autos caratulados «Allende Librada Ruth c/ Sucesores de González de Giacopello Martina s/ Juicio Ordinario» (Expte. N° 877/10) – Juzgado Civil y Comercial N° 5 de Formosa.
Argentina
Yacyretá abrió sus compuertas por la crecida del río Paraná
La represa inició maniobras para atenuar el impacto del aumento del caudal, que ronda los 28.000 metros cúbicos por segundo y podría seguir creciendo en los próximos días.
Argentina
Declararon inconstitucional el decreto que frenaba la Ley de Financiamiento Universitario
El fallo dio lugar al amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 declaró inconstitucional el decreto que puso un freno a la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó al Gobierno a cumplir con lo establecido en la normativa aprobada por el Congreso.
El fallo firmado por el juez Martín Cormick dio lugar al amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA), dejando sin efecto el Decreto 759/2025.
De esta forma, ordenó al Poder Ejecutivo el “cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias a tal fin”, según el escrito al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.
El Gobierno había intentado frenar el cumplimiento de la ley primero con su veto. Luego de que el Congreso lo rechazó y sostuvo la normativa, emitieron un decreto en el que dispuso que el financiamiento a las universidades solo podía ejecutarse “una vez que se determine las fuentes específicas para su financiamiento y se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto general”.
Tanto el Consejo Interuniversitario Nacional como la UBA y otras universidades presentaron un amparo colectivo para que se cumpla con los puntos claves de la ley, entre ellos otorgar partidas a las casas de estudios para su funcionamiento y recomponer el salario de docentes y no docentes.
El juez consideró en el fallo que el decreto del Gobierno “no supera un test mínimo de razonabilidad, en tanto permite suspender e inaplicar, amparado en la aplicación de un artículo de una ley anterior, la aplicación de una ley en donde el Congreso insistió con las mayorías agravadas requeridas”.
Apuntó que ante la imposibilidad legal de emitir un nuevo veto, el decreto “ha funcionado como un mecanismo extraconstitucional” que, según su mirada, configuró “una figura de instancia de veto no prevista en la Constitución Nacional”.
Cormick también remarcó que “el control judicial de decisiones con impacto presupuestario, lejos de ser una intromisión extraordinaria, es una de las consecuencias propias de la justiciabilidad del Estado”.
Por otro lado, el magistrado puso en duda el costo fiscal de la ley. Mencionó que en 2024 y 2025 no había Ley de Presupuesto y se prorrogaron las partidas aprobadas del 2023, y señaló que según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto durante el año 2025 representaba aproximadamente el 0,23% del PBI nominal proyectado.
FUENTE: Agencia NA
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