La comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Tucumán se sumó con contundencia a la Cuarta Marcha Federal Universitaria, en una jornada que reunió a miles de estudiantes, docentes, no docentes, investigadores y autoridades. Se llevó a cabo un acto en el Patio Central que evidencio un mensaje claro y contundente: la universidad pública argentina es un patrimonio social irrenunciable. A continuación, se vivió una marcha masiva en consonancia con el movimiento nacional en defensa de la Universidad Pública.
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Masiva marcha en Plaza Independencia de la comunidad universitaria
Participaron de la marcha federal universitaria estudiantes, docentes, no docentes, investigadores y autoridades.
La convocatoria recibió a miembros de todos los estamentos y gremios, consolidando una imagen de unidad frente a la crisis que atraviesa el sistema universitario nacional. La movilización no solo se expresó en las calles, sino también en el acompañamiento institucional y social, reflejando el profundo arraigo de la universidad pública en la sociedad.
Durante la jornada, distintos testimonios coincidieron en remarcar la gravedad del momento: la preocupación por el sostenimiento de las universidades, el deterioro de las condiciones laborales y el impacto directo en la calidad educativa. Este conjunto de testimonios documenta una marcha federal masiva organizada para proteger la educación superior pública ante los severos recortes presupuestarios impuestos por el gobierno nacional.
La movilización buscó sensibilizar a las autoridades sobre la importancia de preservar el futuro académico y la calidad de la enseñanza universitaria. Finalmente, los oradores subrayaron que esta lucha pacífica fue una respuesta necesaria para evitar el deterioro de un sistema que es orgullo nacional.
Así lo manifestó el Ing. Sergio Pagani rector de la UNT destacó: “La visibilización de la educación pública es necesario, esperamos que haya una reflexión contundente ante un bien tan preciado como la universidad que la sociedad no quiere perder. Hacemos el pedido pacíficamente para que se cumpla la ley”.
Otra de las voces protagonistas fue la docente Lic. Graciela Yacussi, que celebro el compromiso de quienes se hicieron eco de esta jornada. “Salimos a defender el presente y el futuro de las generaciones que desean seguir apostando a la educación pública. Hoy rechazamos la postura que el gobierno toma dando la espalda a los docentes, estudiantes e investigadores”.
Más adelante, la Directora de PUNA Carolina Schargorodsky puntualizó una reflexión sobre el valor de estos espacios: “Es gratificante vernos unidos defendiendo la universidad. El orgullo de pertenecer y seguir dando pelea por la educación no se frena en esta etapa, seguiremos adelante”.
Crisis presupuestaria y salarial: el eje del reclamo
El documento emitido por el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) recibió un apoyo contundente por parte de los consejeros y en su reflexión advirtieron que el financiamiento del sistema universitario es “crítico”, señalando como principal causa el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno nacional .
En ese sentido, se destaca que las transferencias a universidades registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, afectando gravemente todas las funciones sustantivas del sistema .
El deterioro salarial es otro de los puntos centrales. Según el documento, la inflación acumulada alcanzó el 293,30%, mientras que los salarios aumentaron solo un 147,30%, lo que implica una pérdida del poder adquisitivo superior al 37% . Esta situación coloca a los trabajadores universitarios en uno de los niveles salariales más bajos de las últimas décadas.
Los testimonios recogidos durante la jornada reflejaron esta preocupación, señalando que muchos trabajadores no logran cubrir sus necesidades básicas y que se profundiza el pluriempleo, las renuncias y el deterioro del sistema de salud universitario.
Impacto en estudiantes y en el acceso a la educación
El documento también pone el foco en el deterioro de las políticas estudiantiles. Las becas nacionales, como Progresar, permanecen congeladas frente a la inflación, perdiendo su capacidad de acompañamiento económico. Así lo manifestaron en su lectura pública frente a todos los presentes las estudiantes Julia Aguilera y Natalia Pérez.
Asimismo, advirtieron sobre la incertidumbre en programas estratégicos como las Becas Manuel Belgrano y la suspensión de becas de vocación científica, lo que pone en riesgo la continuidad educativa de miles de jóvenes.
Esta situación, según se remarcó en la movilización, genera un efecto directo de expulsión del sistema universitario, profundizando desigualdades sociales y limitando oportunidades de desarrollo.
La defensa de la educación pública como bandera colectiva
La masiva movilización dejó un mensaje claro y contundente: la universidad pública argentina es un patrimonio social irrenunciable. Como señala el documento, se trata de un “instrumento de justicia social” que garantiza igualdad de oportunidades y movilidad social ascendente. En ese marco, la comunidad universitaria de la UNT reafirmó su compromiso con la defensa de la educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad.
FUENTE: Medios UNT
Política
El Gobierno minimizó la marcha universitaria y aseguró que fue impulsada por la oposición
El oficialismo estima que la protesta movilizó a 135 mil personas, mucho menos que el cálculo que hicieron los organizadores. Javier Milei siguió todo desde la Quinta de Olivos.
Pese a la magnitud de la convocatoria, el Gobierno minimizó el peso de la movilización universitaria de esta tarde y la tildó de una “marcha política” impulsada por el aparato de la oposición. Javier Milei siguió todo desde la Quinta de Olivos y retuiteó mensajes en contra de la protesta, aunque no se expresó de manera directa.
Mientras miles de personas se congregaban en la Plaza de Mayo para reclamar por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, en Casa Rosada insistieron en su postura de que la protesta había sido orquestada para erosionar al Gobierno.
Así lo expresó tras la movilización el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, que apuntó contra “sectores políticos que quieren instrumentar esto para sus propios fines”.
“Los vimos rondando ahí en la plaza: dirigentes políticos, candidatos a presidente, intendentes, dirigentes sindicales… cada uno va a ver qué puede sacar de una causa noble», insistió el funcionario en diálogo con Radio Mitre.
La estimación de la Casa Rosada y la discusión por la cantidad de docentes
En ese sentido, el Gobierno buscó minimizar la convocatoria y aseguró que solo salieron a la calle 135 mil personas. Es un número mucho menor que las más de 1.500.000 en todo el país que estimó el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci.
Además de hacer foco en la participación o apoyo de figuras opositoras como el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, la CGT, o Sergio Massa, el Gobierno buscó llevar la discusión a la eficiencia del gasto de las universidades.
En palabras de Alejandro Álvarez, el Gobierno debe administrar alrededor de 400 mil millones destinados a salarios universitarios que, según el funcionario, “se pagan para obtener un resultado que hoy no se está obteniendo”.
En diálogo con TN, el subsecretario sostuvo que las universidades presentan muy pocos graduados en relación a la cantidad de estudiantes y planteó que la problemática también gira alrededor de la cantidad de docentes por encima del monto presupuestado.
“Por supuesto (que los docentes deberían ganar más), pero el presupuesto es finito. Si vos tenés presupuestado 15 docentes y nombrás 25, el día que querés aumentar el sueldo es la misma plata”, afirmó.
En ese sentido, consultado sobre si “sobraban” profesionales en las casas de estudio, Álvarez dijo: “Es lo que estamos poniendo en la discusión y para eso tenemos que tener indicadores confiables. Hay cerca de 200 mil (docentes). Es una discusión que no está saldada”.
El panorama de las universidades
Actualmente, un docente universitario de la categoría más alta y con dedicación exclusiva tiene un salario básico de $1.582.283 (sin tomar antiguedad o especializaciones, ni los descuentos o aportes).
Esa cifra se comprende dentro de un escenario en el que los salarios de las universidades nacionales perdieron el 33,7% de su poder adquisitivo en los últimos dos años. Es casi el doble que la caída registrada para el conjunto del sector público (-18,4% hasta febrero, último dato disponible), y casi 10 veces más que el rezago de los salarios del sector privado registrado.
A su vez, el gasto de la administración pública nacional en el programa de Desarrollo de la Educación Superior (que explica más del 99% de las transferencias nacionales para el financiamiento universitario) cayó, entre 2023 y 2025, un 28,9% en términos reales. Para este año, de acuerdo a lo proyectado en el Presupuesto 2026, habrá caído un 41,2%, según el análisis del Área de Estudios Fiscales y de Políticas Públicas (AFISPOP) del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) UBA-CONICET, en base a datos del Ministerio de Economía, INDEC y BCRA.
Además, en un episodio más reciente, los directivos de los hospitales universitarios de la UBA denunciaron que no recibieron fondos en lo que va del 2026 y que su atención corre peligro. Desde el Gobierno aseguran que las transferencias para gastos de funcionamiento fueron ejecutadas, pero admitieron que un fondo de más de $79 mil millones no fue distribuido con el argumento de un cambio de criterio en su administración. /TN
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