La despedida para Giana, de todos modos, fue en buenos términos. Mediante un comunicado, la cartera le agradeció «por su trabajo, compromiso y profesionalismo durante su gestión» y subrayó que su aporte «fue fundamental para sentar las bases de esta nueva etapa».

La denuncia de la Fundación Apolo que precipitó la salida de Giana

La renuncia de Giana se produjo pocos días después de una denuncia penal presentada por la Fundación Apolo, en la que se solicitó investigar su presunta participación en delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, enriquecimiento ilícito, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica.

La presentación judicial sostuvo que el ahora exviceministro habría omitido declarar participaciones societarias en empresas vinculadas al sector de la salud, pese a desempeñarse como la segunda autoridad de la cartera. Según la denuncia, esa omisión podría haber ocultado conflictos de intereses incompatibles con las responsabilidades propias de su cargo.

«Existen elementos suficientes para afirmar que Giana mintió en su declaración jurada cuando asumió como viceministro y no declaró participaciones societarias relacionadas con el sector que debía controlar como funcionario», señaló el coordinador de investigaciones judiciales de la ONG, Nicolás Silvera.

Además, la denuncia repasó antecedentes que ya vinculaban a Giana con investigaciones judiciales relacionadas con el PAMI. Entre ellos, declaraciones incorporadas en causas federales que lo mencionan en presuntas maniobras de retornos ilegales, direccionamiento de prestaciones y vínculos con operadores del sistema de salud.

Desde la Fundación apuntaron que la renuncia no extingue las responsabilidades que pudieran surgir de la investigación penal y reclamaron que la Justicia continúe con las medidas de prueba solicitadas hasta esclarecer los hechos denunciados.

Quién es Rodrigo Sbarra, nuevo viceministro de Salud

El flamante número dos, según se presenta en LinkedIn, es economista especialista en implementación de políticas públicas y arrastra dos décadas de experiencia estatal. Su capítulo más reciente fuera del actual gobierno transcurrió en el Ministerio de Desarrollo Productivo macrista, donde permaneció más de cuatro años repartidos en dos funciones: subsecretario de Coordinación desde diciembre de 2015 y, a partir de octubre de 2018, secretario de Coordinación hasta el final de aquel mandato.

El recorrido de Sbarra arrancó mucho antes. Debutó en el Estado en marzo de 2005 como asistente en la Unidad Ministro de Economía y Producción, siguió en la Unidad Ministro de Producción entre fines de 2008 y mediados de 2009, y luego pasó al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas como asesor económico y enlace parlamentario hasta mayo de 2012, un rol en el que ofició de puente entre el Palacio de Hacienda y el Congreso.

Completan su currículum una función de asesor financiero en la Jefatura de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Económico porteño, entre 2012 y 2015, y una consultoría externa para el INTA entre agosto de 2010 y abril de 2011, cuando integró el Programa Global Biopact. /Ámbito/

Furiase remarcó que el próximo año «va a ser menos desafiante que el 2026 en términos de las fuentes de financiamiento que tenemos que desarrollar en ese año». Esta situación permitiría «sacar tensión e incertidumbre», factores que el Gobierno asocia directamente con la baja del riesgo país y la inflación.

Respecto a la estrategia de financiamiento, el funcionario señaló que se buscaron «fuentes de financiamiento alternativas a salir en los mercados internacionales a tasas de interés significativamente más bajas». En ese sentido, aclaró que «el endeudamiento en ley extranjera es una opción», pero que no están «obligados a emitir bonos» bajo esa legislación si las tasas no son convenientes.

Los mecanismos que utilizó Economía para asegurar los pagos

Uno de los instrumentos clave que usó el Palacio de Hacienda fue la implementación de dos bonos en dólares: uno con vencimiento en 2027 y otro en 2028, finalizado el mandato de Milei. Ambos tenían como límite una colocación de hasta u$s2.000 millones. Tras haber completado esos cupos, Economía se aseguró buena parte del porcentaje final que afronta.

Entre las otras posibilidades aparecieron los organismos multilaterales. Los créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial fueron los últimos aprobados por el Ejecutivo. Por un total de u$s1.750 millones, servirán como garantía para la suscripción de préstamos con bancos privados: el Banco Mundial otorgó u$s1.200 millones, mientras que el aporte del BID fue menor, por u$s500 millones.

Por último, el anuncio del Banco Central (BCRA) sobre la ampliación de REPOS hasta 2028 redujo el volumen de compromisos para el año electoral y sirvió para despejar más dudas sobre el «poder de fuego» disponible de la administración libertaria. /Ámbito/