En el Gobierno creen que Javier Milei no firmará la designación de María Verónica Michelli, la candidata a jueza del Tribunal Oral Federal 3 de La Plata que recibió acuerdo del Senado pese al rechazo de la Casa Rosada. Cerca de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del asesor Santiago Caputo dan por hecho que el Presidente mantendrá frenado el decreto de nombramiento y no completará el último paso del trámite.

La lectura que hacen en Balcarce 50 es que el acuerdo del Senado no obliga políticamente a Milei a firmar de inmediato la designación. El procedimiento constitucional para cubrir una vacante judicial requiere propuesta del Poder Ejecutivo, acuerdo de la Cámara Alta y posterior decreto presidencial de nombramiento. Ese último acto quedó ahora en manos del Presidente, que había pedido retirar el pliego de Michelli antes de que la oposición forzara su tratamiento y aprobación.

En despachos oficiales ponen como antecedente el caso de Juan Manuel Yalj, ocurrido durante el gobierno de Cristina Kirchner. En 2011, el Senado había aprobado su pliego para asumir como camarista federal en San Martín, pero el decreto de designación nunca fue firmado después del malestar que generó su actuación en la causa contra el dirigente ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero. Yalj terminó renunciando a su postulación ante el Poder Ejecutivo.

El pliego de Michelli fue aprobado este jueves por 44 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones. La mayoría del oficialismo votó en contra, mientras que Patricia Bullrich se abstuvo tras haber anticipado que no acompañaría la decisión del Ejecutivo de retirar la candidatura. La votación dejó expuesta la tensión interna en La Libertad Avanza y también el límite que encontró la Casa Rosada para ordenar a sus aliados en el Senado.

El retiro del pliego de María Verónica Michelli

El caso se convirtió en un revés político para el Gobierno porque la postulación había sido enviada originalmente por el propio oficialismo. La objeción posterior surgió cuando en Balcarce 50 repararon en el parentesco de Michelli con el periodista Hugo Alconada Mon. El Ejecutivo intentó retirar el pliego, pero la oposición y bloques dialoguistas empujaron su tratamiento sobre tablas y consiguieron los dos tercios necesarios para aprobarlo.

En la Casa Rosada aseguran que Milei siguió de cerca todo el tratamiento de los pliegos judiciales. Según fuentes oficiales, fue el propio Presidente quien dio la orden de incluir la totalidad de los pliegos que estaban en condiciones de ser tratados, después de que inicialmente se había trabajado sobre una lista de 50. Esa instrucción derivó en la incorporación de 23 pliegos adicionales y, por pedido de la oposición, también terminó abriendo la puerta al tratamiento de Michelli.

La explicación que dan en Balcarce 50 es que la primera selección de 50 candidatos no respondía a un criterio institucional claro. “La elección había sido sin un criterio particular”, sostienen en el Ejecutivo. Por eso, cuando el oficialismo revisó el listado, avanzó con la idea de sumar al resto de los postulantes con dictamen y evitar una diferenciación entre candidatos que estaban en condiciones similares.

La maniobra, sin embargo, desordenó la sesión. El cambio de criterio en la cantidad de pliegos provocó la reacción del kirchnerismo y de sectores dialoguistas, que denunciaron incumplimientos respecto de lo conversado en la Labor Parlamentaria. El oficialismo debió pedir un cuarto intermedio y, al regreso, aceptó votar los 73 pliegos con dictamen más el de Michelli, que había sido retenido hasta último momento en la Comisión de Acuerdos.

El resultado fue una sesión de doble lectura para la Casa Rosada. Por un lado, el Gobierno celebró la aprobación de pliegos judiciales y la presentó como un avance en la cobertura de vacantes del Poder Judicial. Por otro, quedó obligado a convivir con el acuerdo otorgado a una candidata que el propio Milei había decidido frenar. Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, evitaron mencionar a Michelli en los mensajes públicos posteriores a la votación.

La Casa Rosada buscará ahora recuperar la iniciativa con el envío de una nueva tanda de pliegos judiciales. En el Ejecutivo anticipan que la semana que viene remitirán al Senado otros 30 expedientes, vinculados principalmente a cargos civiles, comerciales y de familia, en línea con los envíos anteriores. El objetivo oficial es sostener el ritmo de cobertura de vacantes y reforzar el mensaje de que la política judicial sigue activa pese al conflicto.

En el Gobierno, por ahora, dan por descontado que el decreto no saldrá y apuestan a que la definición quede demorada. En Balcarce 50 creen que las trabas administrativas para que el tribunal funcione le dan margen a Milei para no firmar de inmediato la designación, aun después del acuerdo del Senado.

Quedó constituida la Comisión Especial de Emergencia Hídrica, cuyo objetivo principal es elaborar un plan integral para prevenir inundaciones y abordar de manera estructural los problemas hídricos que afectan a la provincia.

La comisión fue creada por la Resolución N.º 30/2026, aprobada por unanimidad durante la sesión legislativa del 16 de abril, e integrada por representantes de las universidades nacionales con sede en Tucumán, legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo provincial.

Durante la reunión se acordó que el comité sea presidido por el legislador Tulio Caponio, acompañado por Luis Olea como vicepresidente y José Cano como secretario.

Finalizado el encuentro, Caponio señaló ante la prensa que se coincidió en la necesidad de avanzar hacia un «plan director» o «master plan» que permita establecer políticas y obras de largo plazo para reducir los efectos de las inundaciones y otros problemas derivados de los fenómenos climáticos.

Indicó además que la Comisión se organizará en tres subcomisiones de trabajo: una técnica, integrada mayoritariamente por ingenieros y especialistas; otra de alerta temprana, con participación de Defensa Civil y legisladores; y una socioeconómica y ambiental, integrada principalmente por parlamentarios.

«Es un proyecto muy ambicioso, que requerirá mucho estudio técnico, entrevistas y la participación de distintas reparticiones y fuerzas vivas de la provincia para realizar sus aportes. El objetivo será elaborar un diagnóstico integral y definir las obras prioritarias que requiere la provincia», remarcó Caponio.

La ley que creó la comisión establece un plazo inicial de 180 días para su funcionamiento, aunque Caponio advirtió que podría solicitarse una prórroga debido a la magnitud de la tarea. «Desde mi punto de vista será un trabajo de largo plazo que seguramente superará los 180 días, porque la intención es abarcar toda la provincia de Tucumán», afirmó.

En ese sentido, explicó que los especialistas serán los encargados de establecer prioridades y determinar qué acciones deben ejecutarse de manera inmediata, cuáles a mediano plazo y cuáles demandarán una planificación de largo alcance.

De la reunión también participaron Jorge Gabriel Chrestia, secretario de Estado de Obras Públicas; Ángel Marcelo Cancellieri, director Provincial del Agua; Ramón Luis Imbert, subdirector de la Dirección Provincial de Defensa Civil; la licenciada Claudia Rivero, responsable de la División de Asesoramiento y Controles Preventivos de Defensa Civil; el ingeniero Leandro Díaz, en representación de la Universidad Nacional de Tucumán; y los legisladores Carlos Verón Guerra, Roque Argañaraz, Carlos Gallía, Walter Berarducci, Francisco Serra y Roberto Moreno.