El presidente Javier Milei retomará este lunes sus actividades en la Casa Rosada, donde reunirá a su gabinete de ministros en busca de recuperar la centralidad política en su gestión, después de varios días de permanencia en la quinta de Olivos y de mayor protagonismo de su hermana, Karina, secretaria general de la Presidencia.

Ausente en la Casa de Gobierno desde el último 30 de julio, Milei apareció poco en público y, desde su entorno, indicaron que estuvo redactando un nuevo libro que piensa publicar en breve, «La moral como política de Estado». Además, el relevamiento de los registros de acceso a Olivos evidencia que hubo escasa actividad presidencial.

Algo parecido ocurre con las reuniones de Gabinete. La última se produjo el 9 de julio tras el Tedeum en la Catedral Metropolitana. La anterior había sido el 29 de junio, obligado por el recambio que significó la salida del exjefe coordinador de ministros Manuel Adorni.

En paralelo, su hermana Karina estuvo muy activa en su rol de articuladora política: participó del acercamiento con el ex presidente, Mauricio Macri, para recuperar el respaldo al rumbo elegido junto al PRO, viajó a Chaco para organizar las tareas de prevención ante la llegada del fenómeno climático denominado Súper El Niño, donde estuvo en contacto con gobernadores y con autoridades nacionales y provinciales, y también se reunió con legisladores de su espacio, La Libertad Avanza, en la provincia de Buenos Aires con vistas a las elecciones de 2027.

El cónclave que mantendrá con sus ministros -se estima que también estarán presentes la senadora Patricia Bullrich y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem– servirá como preanuncio de lo que se le viene al oficialismo en el Congreso. Se trata del debate de varias leyes que al gobierno le interesa que tengan un rápido tratamiento parlamentario: Inocencia Fiscal II, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el tratado de cooperación en materia de patentes y el acuerdo de comercio entre el Mercosur y Singapur.

El martes, Milei recibirá a diputados y senadores en un encuentro pensado para ultimar detalles en la previa de un día clave para el oficialismo y sus iniciativas en el Congreso.

El miércoles quedará concentrado en la actividad parlamentaria: Diputados sesionará para debatir la reforma del BCRA y el proyecto Inocencia Fiscal II, mientras que el Senado realizará una reunión de Labor Parlamentaria, con foco en la Ley Hojarasca y en los pliegos de jueces federales. En este punto, Bullrich tendrá la tarea de conseguir los votos necesarios y mantener diálogo con los aliados, que reclaman una ampliación del temario.

Cayó la confianza de los jóvenes en el Gobierno y hay preocupación

La confianza en el gobierno nacional entre las personas de 18 a 29 años cayó 23% en julio frente a junio y quedó en 1,68 puntos, el nivel más bajo entre todas las franjas etarias relevadas por la Universidad Torcuato Di Tella.

El dato se suma a distintas encuestas de 2026 que registran una pérdida de respaldo al presidente Javier Milei entre sectores que resultaron centrales para su triunfo de 2023.

El deterioro no aparece con la misma intensidad en todas las mediciones ni abarca de manera idéntica a cada grupo. Sin embargo, los estudios coinciden en varias señales: menor confianza, mayor desaprobación, retroceso de la intención de voto y preocupación por la  economía.

La tendencia adquiere peso electoral de cara a 2027. Los menores de 40 años representarán el 52,9% del padrón, según una proyección basada en el Censo 2022. Además, cerca del 20% de los votos que recibió Milei en 2023 provino de personas de entre 16 y 29 años.

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de la Universidad Torcuato Di Tella registró en julio 1,68 puntos entre las personas de 18 a 29 años. La cifra marcó una caída mensual del 23% y dejó a esa franja por debajo de todos los demás grupos analizados.

El indicador general también retrocedió, aunque a un ritmo menor. El ICG bajó 6,5% durante julio, hasta 1,94 puntos, y acumuló una contracción interanual del 21%. La diferencia resulta relevante porque los menores de 30 ocupaban inicialmente uno de los lugares de mayor confianza en la administración libertaria.

Los docentes universitarios volverán a protagonizar una jornada de protesta a nivel nacional. La Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) confirmó un paro de 48 horas para los días 27 y 28 de agosto, en reclamo por la situación presupuestaria de las universidades públicas y el deterioro de los salarios del sector.

La medida fue respaldada por distintos sindicatos de base, entre ellos la Federación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (FEDUBA), y se enmarca en un conflicto que se profundizó durante los últimos meses por la falta de recursos destinados al sistema universitario.

Uno de los principales ejes del reclamo es la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que fue ratificada por el Congreso luego del veto presidencial. Según denuncian los gremios y autoridades universitarias, los fondos contemplados en esa legislación aún no llegaron a las casas de estudio, pese a que existen resoluciones judiciales que ordenan su cumplimiento.

La falta de transferencias impacta en el funcionamiento cotidiano de las universidades públicas. Desde las instituciones advierten que las partidas presupuestarias resultan insuficientes para afrontar gastos operativos, mantener programas académicos y sostener distintos servicios destinados a la comunidad educativa.

Salarios por debajo de la inflación

El segundo punto central del conflicto es la situación salarial de los docentes universitarios. Las organizaciones gremiales sostienen que las actualizaciones otorgadas en los últimos meses fueron definidas sin una negociación paritaria formal y quedaron muy por debajo de la evolución de los precios.

De acuerdo con las estimaciones sindicales, los trabajadores universitarios acumulan una pérdida cercana al 30% de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023. Para recuperar el nivel de ingresos de ese momento, aseguran que sería necesaria una recomposición superior al 50% sobre los salarios actuales.

Preocupación por la fuga de profesionales

Otro aspecto que genera alarma en el ámbito académico es la creciente migración de docentes e investigadores hacia el sector privado o hacia instituciones del exterior. Según advierten representantes universitarios, la diferencia salarial y las mejores condiciones laborales en otros ámbitos impulsan la salida de profesionales altamente calificados.

Esta situación, sostienen, pone en riesgo la calidad de la enseñanza, la formación de nuevos investigadores y el desarrollo científico y tecnológico del país.

Posible profundización de medidas

Ante la falta de respuestas, los sindicatos anticiparon que podrían profundizar las medidas de protesta en las próximas semanas si no se avanza en una solución para el financiamiento universitario y la recomposición salarial del sector.

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán avanza con un proceso de transformación de la Justicia de Paz que apunta a descentralizar el servicio judicial y acercarlo a las comunidades del interior. A partir del 1 de noviembre de 2026, los Juzgados de Paz Letrados podrán intervenir en procesos de divorcio y resolver medidas provisorias vinculadas al régimen comunicacional de niñas, niños y adolescentes, en el marco de un plan que también incluye la modernización de edificios y la ampliación de competencias.

El nuevo esquema fue establecido mediante la Acordada N.º 734/26, que reglamenta la aplicación de la Ley Provincial N.º 9.987. La iniciativa busca que los ciudadanos puedan realizar trámites judiciales en sus propias localidades, evitando extensos traslados hacia los centros judiciales o la capital provincial para resolver conflictos cotidianos o iniciar gestiones urgentes.

La Corte impulsa así un cambio de paradigma para un fuero que durante años estuvo limitado a certificaciones, trámites administrativos y mediaciones vecinales. La intención es convertir a los juzgados de paz en verdaderos Centros de Atención Primaria de Justicia, fortaleciendo el acceso al servicio judicial, especialmente en aquellas zonas donde la distancia constituye una barrera para obtener una respuesta rápida y efectiva.

Además de ampliar las competencias, el máximo tribunal desarrolla un programa de fortalecimiento institucional que combina la regularización funcional de las dependencias con un amplio plan de infraestructura. Hasta el momento se ejecutaron 55 intervenciones edilicias en distintos puntos de la provincia.

Dentro de ese programa se finalizaron 20 edificios nuevos en La Ramada, Gobernador Garmendia, Lules, Amaicha del Valle, El Mollar, Alpachiri, Los Sarmientos, Juan Bautista Alberdi, La Cocha, Bella Vista, Delfín Gallo, Tacanas, Los Puestos, Atahona, Taco Ralo, Tafí Viejo, Cebil Redondo, Acheral, Villa Quinteros y Río Seco. Las nuevas sedes fueron diseñadas para adaptarse al expediente digital y ofrecer mejores condiciones de atención al público.

Paralelamente, la Corte concluyó 28 obras de refacción y puesta en valor en juzgados de Gobernador Piedrabuena, El Chañar, El Timbó, Villa Benjamín Aráoz, Villa Padre Monti, Aguilares, Villa Hileret, El Sacrificio, Rumi Punco, Colombres, Los Ralos, Orán, Quilmes, Santa Rosa de Leales, Río Colorado, Villa de Leales, Simoca, Los Gómez, Santa Cruz, Medinas, Monteagudo, Graneros, La Madrid, Árboles Grandes, Trancas y San Pedro de Colalao. En tanto, las sedes de Ranchillos y Las Cejas, que inicialmente iban a ser remodeladas, fueron rediseñadas como edificios completamente nuevos y se encuentran en la etapa final de ejecución.

La ampliación de facultades permitirá que los Juzgados de Paz Letrados reciban y tramiten demandas de divorcio, además de intervenir en cuestiones urgentes relacionadas con el régimen comunicacional provisorio de menores de edad con sus progenitores u otros referentes familiares. Las controversias patrimoniales más complejas y los procesos de fondo seguirán siendo competencia de los Juzgados de Familia especializados.

Para la implementación de estas nuevas funciones, la Corte dispuso un proceso previo de capacitación obligatoria para magistrados y empleados, la adecuación del Sistema de Administración de Expedientes (SAE) y la elaboración de formularios estandarizados que facilitarán la gestión de los nuevos trámites.