El Gobierno nacional publicó oficialmente la apertura de las ofertas económicas correspondientes a la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, un proceso que abarca tramos de la Ruta Nacional 9 y la Ruta Nacional 34 que atraviesan Tucumán, más la ruta al aeropuerto Benjamín Matienzo y otros corredores estratégicos de diez provincias. La decisión marca un avance significativo en la política vial al proponer un modelo de gestión con participación privada mayoritaria.

El anuncio y los objetivos oficiales

El anuncio fue realizado por el ministro de  Economía, Luis Caputo, quien destacó que el nuevo esquema permitirá concesionar más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales mediante inversión 100% privada. A través de una publicación en la red social X, el funcionario señaló que la iniciativa busca avanzar hacia un nuevo modelo de gestión vial.

“Más inversión privada, más eficiencia y mejores rutas para los argentinos”, expresó el ministro en su mensaje público.

Alcance en Santiago del Estero y otros corredores

La tercera etapa comprende ocho corredores distribuidos en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Chaco, Corrientes, Misiones y Mendoza. En lo que respecta a Tucumán, los tramos incluidos abarcan porciones de la Ruta Nacional 9, la Ruta Nacional 34 y la Ruta Nacional A016 que va al aeropuerto, integradas en distintos corredores:

• Tramo Centro: 681 kilómetros sobre las rutas nacionales 9, 19 y 34.
• Tramo Centro-Norte: 536 kilómetros sobre la Ruta Nacional 34.
• Tramo Noroeste: 596 kilómetros sobre las rutas nacionales 9, 34, 66, 1V66 y A-016.

Un nuevo esquema de concesiones y su alcance

Con esta iniciativa, el Gobierno propone transferir completamente a empresas privadas la operación, el mantenimiento, la conservación y la ampliación de las rutas nacionales, abandonando el esquema de gestión con participación directa del Estado. Según el Ministerio de Economía, este plan forma parte de un proceso más amplio que contempla la concesión de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, por donde circula cerca del 80% del tránsito vehicular y del transporte de cargas del país.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, valoró la medida como una etapa clave en la reconfiguración del sistema vial. “Con esta etapa se va completando la privatización de la red troncal de transporte vial. Un paso trascendental para la producción y la seguridad vial”, afirmó.

Consideraciones finales

La apertura de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones implica un cambio de modelo en la gestión de la infraestructura vial argentina, con foco en la inversión privada y la ampliación de la red concesionada. El alcance territorial que incluye a Tucumán y otras provincias abre la discusión sobre impactos en la operación, la financiación y la fiscalización de las rutas, así como sobre las condiciones de la prestación del servicio a los usuarios y al transporte de cargas.

A través de negociaciones reservadas con el Gobierno, la CGT logró que se corrigieran las restricciones a la caja sindical incluidas en la Ley de Modernización Laboral, pero el gesto libertario no dará lugar a una tregua: este miércoles, a las 15, comenzará el nuevo plan de lucha cegetista con una movilización al Congreso para acompañar el reclamo de los jubilados.

La explicación del giro fue expuesta sin rodeos por un jefe gremial: “No hay clima. En las empresas la gente estaba con la cabeza en el Mundial y después tampoco tendremos muchas garantías de que acaten los paros que van a afectar su bolsillo o que puedan poner en riesgo su fuente de trabajo”.

Según lo acordado por las 3 centrales obreras y las confederaciones sindicales, luego de la marcha de este miércoles se realizará el 7 de agosto una movilización por el Día de San Cayetano y se seguirá, en fechas por definir, con una concentración ante el Ministerio de Economía en rechazo del endeudamiento familiar, la participación en la Semana Social de la Iglesia, una movilización por el Día de la Industria (el 2 de septiembre), una acción para acompañar la visita del papa León XIV a la Argentina, en noviembre próximo y otra marcha cuando se realice la próxima convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Además de priorizarse la presencia en la calle, el plan de lucha incluye la realización de asambleas en los lugares de trabajo y “acciones disruptivas” como la entrega de folletos explicativos de los reclamos en estaciones de trenes y aeropuertos en todo el país.

A este esquema de protestas se sumará el paro nacional docente que se impulsa desde la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, conducida por Sergio Romero (UDA), que se concretaría en agosto y al que se sumarán CTERA y otros sindicatos del sector.

La CGT también resolvió abrir contactos con entidades empresariales del interior para consensuar acciones comunes, bajo la idea de que tanto empresarios como trabajadores son “víctimas del modelo Milei”. A la vez, se decidió que entre 15 y 20 dirigentes por gremio acompañen conflictos puntuales en empresas del AMBA y del interior, además de reforzar el trabajo con las delegaciones regionales cegetistas.

La CGT iniciará su nuevo plan de lucha, curiosamente, la misma semana en que salieron a la luz las negociaciones reservadas con el Gobierno que mantuvieron sus líderes dialoguistas, y que terminaron con el decreto para corregir la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral, que había perjudicado a los sindicatos en dos puntos clave para su financiamiento.

Por un lado, se utilizaba el salario básico convencional como base de cálculo de las cuotas solidarias y otros aportes pactados en los convenios colectivos de trabajo, una fórmula que reducía potencialmente el volumen económico de esos montos acordados entre empresarios y dirigentes gremiales.

Por otro lado, el tope del 2% de los salarios fijado en la reforma laboral para las cuotas solidarias había sido interpretado de manera tan amplia que también alcanzaba a los aportes empresariales que, vía convenio colectivo, son destinados a mutuales, seguros de vida, seguros de sepelio o mejoras en la obra social.

En ambos casos, la rectificación del Gobierno que, gracias a la negociación la CGT, puso a salvo esos dos ítems cruciales de la caja sindical llegó con el decreto 612 que fue publicado este lunes en el Boletín Oficial. Aun así, la CGT ratificó su plan de lucha que comienza este miércoles, por más que se haya abierto un interrogante: ¿habrá una convocatoria libertaria al diálogo para evitar que se profundicen las protestas?

Hoy nadie lo cree posible, sobre todo porque también arrancó informalmente la campaña electoral, pero también parecía imposible que la Casa Rosada corrigiera la reglamentación de la reforma laboral en favor del poder sindical. Las próximas semanas serán decisivas para medir la temperatura del conflicto Gobierno-CGT. / Infobae